Verificaciones varias sobre la paz (II)

Columna de opinión

Gnothi Seauton

Verificaciones varias sobre la paz (II)

Hacia las tres de la tarde, hora de Oslo, Noruega, ocho de la mañana, hora de Colombia, inició una rueda de prensa entre los representantes del gobierno colombiano y de las Farc, para dar inicio oficial a las negociaciones que tienen por meta dar fin al Conflicto Armado Interno, CAI, que viene aquejando a Colombia desde hace aproximadamente medio siglo.

Esta es la segunda entrega de esta serie (acá el link a la primera) y seguramente no la última, puesto que es nuestro objetivo que con el paso del tiempo entremos a esclarecer con estos análisis los acontecimientos que se vayan ocurriendo en el proceso de paz que hoy inicia el gobierno de Santos.

¿Por qué estas negociaciones tienen su inicio en Oslo, Noruega?

Por razones prácticas, estratégicas y mundanas. Con cinco millones de habitantes y poseedor de inmensas riquezas fósiles y pesqueras que le permiten contar con el asombroso ingreso per cápita de US$96.940 (el de su vecina Suecia es de US$60.130 y el de Colombia es de US$7.650), según The World in 2012 del semanario inglés The Economist; sede del Comité Nobel del Parlamento Noruego, responsable de entregar el Premio Nobel de Paz y con una larga y respetable tradición de colaboración en la resolución pacífica de conflictos en lugares como Sri Lanka, Burma, los Balcanes, Guatemala, Eritrea y el Medio Oriente, así como en cooperación internacional, Noruega reúne suficientes elementos para convertirse en un tercero facilitador práctico de las negociaciones entre gobierno y las Farc.

Los alcances estratégicos que tenga Noruega en la negociación para cada una de las partes se desprenderán de la habilidad de estas. El Estado colombiano buscará por medio de Oslo, apoyo político en instituciones tan críticas a Colombia como el Euro-Parlamento y las mismas sociedades europeas que normalmente observan con recelo a la institucionalidad colombiana, mientras que por diversas razones, encuentran atractivos a los movimientos de “liberación nacional”, como pueden ser equivocadamente consideradas las Farc. Adicionalmente, el gobierno colombiano buscaría que Oslo se convirtiera en uno de los lobistas de cabecera de Colombia para obtener ingentes recursos de cooperación internacional para atender programas dentro en un escenario de posconflicto.

Por su parte, las Farc buscarán recobrar en los círculos de poder y, sobre todo, de opinión en el viejo continente, la relevancia y respetabilidad que pudieron llegar a tener hasta los años del Caguán. Esto es vital para ellos, bien sea en un escenario de posconflicto, o bien en uno en el que las negociaciones no lleguen a un arreglo y el CAI continúe. Imponer ideas y mensajes como “movimiento de resistencia” y “actor beligerante”, siempre será un activo valioso para este grupo armado ilegal.

Lo mundano se puede encontrar en la búsqueda escondida, seguramente de las dos partes, del reconocimiento internacional e “histórico”, gracias a una posible obtención del Premio Nobel de Paz. Sin embargo, dicho reconocimiento puede convertirse, dadas algunas circunstancias, en un elemento, no solo práctico, sino también estratégico para la consolidación de los acuerdos entre las partes. En algunas teorías y casos de este tipo de negociaciones, a veces se encuentra que la existencia de un tercero fuerte y poderoso resulta valiosísima para la consolidación y sostenimiento de los arreglos. Normalmente, en el caso colombiano, este rol es indilgado a países como los Estados Unidos o incluso Venezuela o a organizaciones como la ONU. Pero podríamos aventurarnos a afirmar que un galardón de esta categoría podría hacer las veces de un tercero fuerte y poderoso. Una vez el laurel se encontrase en las vitrinas, resultaría excesivamente costoso, en términos de prestigio, confianza y apoyo para cualquiera de las dos partes, incumplir lo que se haya pactado.  

¿El rol de los periodistas debe ser y será neutral? ¿Favorecerá a alguno de los bandos?

Depende exclusivamente de cada uno de los medios. Colombia es una democracia. Limitada e  imperfecta, pero al tiempo que ha existido en el país el CAI, esas instituciones democráticas han ido creciendo y madurando poco a poco. Una de las características de esta democracia es la libertad de la prensa y como la gran mayoría de los periodistas y los medios lo han indicado, hablando de este tema, o por ejemplo, de aquellos relacionados con las reservas legales durante los juicios, como puede observarse claramente en este contundente editorial de El Espectador, el deber de los medios es informar y punto.

Yendo al editorial en cuestión, vemos que los medios y el ordenamiento jurídico colombiano, que es democrático en esencia, conciben de manera fervorosa que cualquier información que llegue a las manos de los periodistas, sea “por voluntad o por descuido” de quienes tengan la información, terminará siendo publicada o no, total o parcialmente, por decisión exclusiva y legal de los propios periodistas. Esa es su razón de ser y su deber.

Por lo tanto, conociendo a las partes, y no siendo ingenuos, entendemos que van a usar la información como una herramienta, como un arma para mejorar sus posiciones negociadoras. Sea por medio de la filtración soterrada, la filtración abierta, o el detenimiento completo del flujo de la información.

Los flashes informativos, los cubrimientos especiales, las entrevistas exclusivas, los accesos a documentos secretos y los chismes que vamos a encontrar en estos meses deben ser entendidos siempre como parte de la negociación. No son ejercicios inocentes. Podría decirse que se debe aplicar ese aforismo que dice “piensa mal y acertarás”, y así lo debe entender la opinión pública, como también, debe decirse, desafortunadamente, los mismos formadores de esta así como los dirigentes políticos, económicos y militares. La información es poder y, en ese sentido, un arma más.

Recalcando el carácter democrático del Estado colombiano, valdría afirmar los medios sí deberían escoger un bando, y este debería ser el de la legalidad, sin que esto signifique un arrodillamiento o un pliegue descarado y grosero a todas las posiciones e informaciones oficiales. Quizás ya sea muy tarde para adelantar esta discusión, pero vale la pena dejar esta constancia en el récord.       

Y la pregunta del millón: ¿cuál es el precio que está dispuesta a pagar la sociedad colombiana para dar término al CAI y a la existencia de la marca Farc? ¿Cómo establecer ese precio?

Esa es su decisión y responsabilidad, señ@r lect@r. En el programa de la noche del miércoles 17 de octubre de Caracol Televisión, 7/24, dirigido por Luis Carlos Vélez, Felipe Zuleta afirmaba con su acostumbrado desparpajo, que lo que buscaban las Farc, y con ella se refería a la dirigencia y a algunos mandos medios, “los treinta que están en Oslo y Timochenko”, era blanquear sus capitales y su situación jurídica porque, sencillamente, “están mamaos”. Mientras tanto, quién lo acompañaba como panelista invitado, Alberto Bernal, investigador y columnista, argüía que él no veía un resultado distinto a una Constituyente en donde tuvieran lugar las Farc y con ello buscaran realizar severos cambios a las instituciones existentes, a lo que Zuleta replicaba que eso no podía ser así porque las Farc, según el comentarista de Blue Radio, un personaje como Timochenko, no tenía “más de siete mil votos”.

Kíos y Gnothi Seauton han manifestado hasta la saciedad en diversos comentarios (Las santas Farc… y A poner las Farc en su sitio, por dar solo dos ejemplos), que considerar a este grupo armado ilegal como “el” problema colombiano no es más que un craso error que evidencia un serio desconocimiento de las realidades nacional y global. Si se entiende esto, si se interioriza esta realidad, se le podrá dar el trato que las Farc se merecen, o por lo menos el que sea más práctico y conveniente, no para esa organización, hoy todavía señalada como terrorista, sino para la legalidad y la institucionalidad colombianas.   

A informarse y decidir.