La pérdida de la inocencia primaveral

Columna de opinión

Santiago Gómez

La pérdida de la inocencia primaveral

Hace dos años escribí sobre la primavera árabe que “ni la salida de los tiranos implicará un cambio de estrategia política que beneficie a quienes protestan en su contra, ni estos hechos podrán confundirse con la llegada de la democracia a unos países que, históricamente, parecen no estar preparados para ella”. Había caído Mubarak, la revolución se extendía y el mundo veía con optimismo el fin de la represión. Todo parecía indicar que ese sería un nuevo “fin de la historia”, en el mismo sentido que Fukuyama había anunciado luego de la caída del Muro.

Hoy la realidad se acerca más a mis predicciones pesimistas: las flores se marchitaron y la prosperidad no llegó a Egipto. Se mantienen allí el descontento, la violencia, los abusos y la desigualdad, mientras aumenta la frustración de todos aquellos que creyeron que el país había cambiado.

Esta reflexión y  los siguientes dos comentarios sobre las negociaciones y el conflicto colombiano me permiten afirmar que para alcanzar la paz se requiere mucho más que lo que todos estamos dispuestos a poner sobre la mesa. El primero, que el proceso de negociación se politiza cada día más y los negociadores del gobierno incumplen las reglas de juego pactadas previamente. Estas semanas las conversaciones se trasladaron a los micrófonos, a raíz del absurdo y reprochable secuestro de los militares, cuando una de las condiciones del proceso era no ventilar los desacuerdos públicamente. Por otro lado, ninguna de las partes ha cumplido la condición de hacer la negociación en medio y a pesar de la guerra. Las declaraciones de De la Calle, del mindefensa y del Presidente, así como el intento uribista de aprovechar la situación y la resonancia mundial que los guerrilleros lograron con la noticia, me parece que buscan la reivindicación de unas posiciones eventualmente favorables electoralmente, pero dañinas para la negociación.

El segundo, advertir que lo que es realmente potente electoralmente es la gestión adecuada del postconflicto. Firmar la paz será apenas el comienzo de la prosperidad, que requiere más gestión, habilidad política y preparación que la misma desactivación del conflicto. Si Santos logra finalizarlo, no podemos creer inocentemente que todo lo demás vendrá por añadidura.

Publicado en Vanguardia Liberal de Bucaramanga el 8 de febrero de 2013, en: http://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/santiago-gomez/195104-la-perdida-de-la-inocencia-primaveral

Verificaciones varias sobre la paz (II)

Columna de opinión

Gnothi Seauton

Verificaciones varias sobre la paz (II)

Hacia las tres de la tarde, hora de Oslo, Noruega, ocho de la mañana, hora de Colombia, inició una rueda de prensa entre los representantes del gobierno colombiano y de las Farc, para dar inicio oficial a las negociaciones que tienen por meta dar fin al Conflicto Armado Interno, CAI, que viene aquejando a Colombia desde hace aproximadamente medio siglo.

Esta es la segunda entrega de esta serie (acá el link a la primera) y seguramente no la última, puesto que es nuestro objetivo que con el paso del tiempo entremos a esclarecer con estos análisis los acontecimientos que se vayan ocurriendo en el proceso de paz que hoy inicia el gobierno de Santos.

¿Por qué estas negociaciones tienen su inicio en Oslo, Noruega?

Por razones prácticas, estratégicas y mundanas. Con cinco millones de habitantes y poseedor de inmensas riquezas fósiles y pesqueras que le permiten contar con el asombroso ingreso per cápita de US$96.940 (el de su vecina Suecia es de US$60.130 y el de Colombia es de US$7.650), según The World in 2012 del semanario inglés The Economist; sede del Comité Nobel del Parlamento Noruego, responsable de entregar el Premio Nobel de Paz y con una larga y respetable tradición de colaboración en la resolución pacífica de conflictos en lugares como Sri Lanka, Burma, los Balcanes, Guatemala, Eritrea y el Medio Oriente, así como en cooperación internacional, Noruega reúne suficientes elementos para convertirse en un tercero facilitador práctico de las negociaciones entre gobierno y las Farc.

Los alcances estratégicos que tenga Noruega en la negociación para cada una de las partes se desprenderán de la habilidad de estas. El Estado colombiano buscará por medio de Oslo, apoyo político en instituciones tan críticas a Colombia como el Euro-Parlamento y las mismas sociedades europeas que normalmente observan con recelo a la institucionalidad colombiana, mientras que por diversas razones, encuentran atractivos a los movimientos de “liberación nacional”, como pueden ser equivocadamente consideradas las Farc. Adicionalmente, el gobierno colombiano buscaría que Oslo se convirtiera en uno de los lobistas de cabecera de Colombia para obtener ingentes recursos de cooperación internacional para atender programas dentro en un escenario de posconflicto.

Por su parte, las Farc buscarán recobrar en los círculos de poder y, sobre todo, de opinión en el viejo continente, la relevancia y respetabilidad que pudieron llegar a tener hasta los años del Caguán. Esto es vital para ellos, bien sea en un escenario de posconflicto, o bien en uno en el que las negociaciones no lleguen a un arreglo y el CAI continúe. Imponer ideas y mensajes como “movimiento de resistencia” y “actor beligerante”, siempre será un activo valioso para este grupo armado ilegal.

Lo mundano se puede encontrar en la búsqueda escondida, seguramente de las dos partes, del reconocimiento internacional e “histórico”, gracias a una posible obtención del Premio Nobel de Paz. Sin embargo, dicho reconocimiento puede convertirse, dadas algunas circunstancias, en un elemento, no solo práctico, sino también estratégico para la consolidación de los acuerdos entre las partes. En algunas teorías y casos de este tipo de negociaciones, a veces se encuentra que la existencia de un tercero fuerte y poderoso resulta valiosísima para la consolidación y sostenimiento de los arreglos. Normalmente, en el caso colombiano, este rol es indilgado a países como los Estados Unidos o incluso Venezuela o a organizaciones como la ONU. Pero podríamos aventurarnos a afirmar que un galardón de esta categoría podría hacer las veces de un tercero fuerte y poderoso. Una vez el laurel se encontrase en las vitrinas, resultaría excesivamente costoso, en términos de prestigio, confianza y apoyo para cualquiera de las dos partes, incumplir lo que se haya pactado.  

¿El rol de los periodistas debe ser y será neutral? ¿Favorecerá a alguno de los bandos?

Depende exclusivamente de cada uno de los medios. Colombia es una democracia. Limitada e  imperfecta, pero al tiempo que ha existido en el país el CAI, esas instituciones democráticas han ido creciendo y madurando poco a poco. Una de las características de esta democracia es la libertad de la prensa y como la gran mayoría de los periodistas y los medios lo han indicado, hablando de este tema, o por ejemplo, de aquellos relacionados con las reservas legales durante los juicios, como puede observarse claramente en este contundente editorial de El Espectador, el deber de los medios es informar y punto.

Yendo al editorial en cuestión, vemos que los medios y el ordenamiento jurídico colombiano, que es democrático en esencia, conciben de manera fervorosa que cualquier información que llegue a las manos de los periodistas, sea “por voluntad o por descuido” de quienes tengan la información, terminará siendo publicada o no, total o parcialmente, por decisión exclusiva y legal de los propios periodistas. Esa es su razón de ser y su deber.

Por lo tanto, conociendo a las partes, y no siendo ingenuos, entendemos que van a usar la información como una herramienta, como un arma para mejorar sus posiciones negociadoras. Sea por medio de la filtración soterrada, la filtración abierta, o el detenimiento completo del flujo de la información.

Los flashes informativos, los cubrimientos especiales, las entrevistas exclusivas, los accesos a documentos secretos y los chismes que vamos a encontrar en estos meses deben ser entendidos siempre como parte de la negociación. No son ejercicios inocentes. Podría decirse que se debe aplicar ese aforismo que dice “piensa mal y acertarás”, y así lo debe entender la opinión pública, como también, debe decirse, desafortunadamente, los mismos formadores de esta así como los dirigentes políticos, económicos y militares. La información es poder y, en ese sentido, un arma más.

Recalcando el carácter democrático del Estado colombiano, valdría afirmar los medios sí deberían escoger un bando, y este debería ser el de la legalidad, sin que esto signifique un arrodillamiento o un pliegue descarado y grosero a todas las posiciones e informaciones oficiales. Quizás ya sea muy tarde para adelantar esta discusión, pero vale la pena dejar esta constancia en el récord.       

Y la pregunta del millón: ¿cuál es el precio que está dispuesta a pagar la sociedad colombiana para dar término al CAI y a la existencia de la marca Farc? ¿Cómo establecer ese precio?

Esa es su decisión y responsabilidad, señ@r lect@r. En el programa de la noche del miércoles 17 de octubre de Caracol Televisión, 7/24, dirigido por Luis Carlos Vélez, Felipe Zuleta afirmaba con su acostumbrado desparpajo, que lo que buscaban las Farc, y con ella se refería a la dirigencia y a algunos mandos medios, “los treinta que están en Oslo y Timochenko”, era blanquear sus capitales y su situación jurídica porque, sencillamente, “están mamaos”. Mientras tanto, quién lo acompañaba como panelista invitado, Alberto Bernal, investigador y columnista, argüía que él no veía un resultado distinto a una Constituyente en donde tuvieran lugar las Farc y con ello buscaran realizar severos cambios a las instituciones existentes, a lo que Zuleta replicaba que eso no podía ser así porque las Farc, según el comentarista de Blue Radio, un personaje como Timochenko, no tenía “más de siete mil votos”.

Kíos y Gnothi Seauton han manifestado hasta la saciedad en diversos comentarios (Las santas Farc… y A poner las Farc en su sitio, por dar solo dos ejemplos), que considerar a este grupo armado ilegal como “el” problema colombiano no es más que un craso error que evidencia un serio desconocimiento de las realidades nacional y global. Si se entiende esto, si se interioriza esta realidad, se le podrá dar el trato que las Farc se merecen, o por lo menos el que sea más práctico y conveniente, no para esa organización, hoy todavía señalada como terrorista, sino para la legalidad y la institucionalidad colombianas.   

A informarse y decidir.

Verificaciones varias sobre la paz (I)

Columna de opinión 
Gnothi Seauton

Verificaciones varias sobre la paz (I)

Durante los próximo días, en la víspera de la iniciación de las negociaciones entre el gobierno nacional y las Farc, presentaremos algunos comentarios sobre ideas, frases y conceptos que han surgido, especialmente, después de que ya hace un mes el presidente Juan Manuel Santos presentó ante la opinión pública las conversaciones que venía adelantando con las Farc con el objetivo de dar término definitivo al conflicto que ha existido en el país desde hace más de medio siglo.

Buscamos, pues, proveer una visión rigurosa y lo más desapasionada posible sobre un tema que tiene tanta resonancia en el acontecer nacional como el relacionado con las Farc. En definitiva, nuestro objetivo es brindar una perspectiva ajustada a la realidad sobre lo que se le viene al país en los próximos meses.

¿En Colombia existe un conflicto político y social o un Conflicto Armado Interno, CAI?

Definitivamente existe lo segundo. Esclarecer esta diferencia no es un asunto baladí. De hecho, es un asunto medular que dictaminará el destino de la negociación entre el gobierno nacional y las Farc. La opinión pública, calificada o no, así como los formadores de esta, tanto de derecha como de izquierda, han coincidido casi que al unísono a lo largo de las últimas cinco o seis décadas de que en Colombia existía un conflicto, que además de armado, era político y social y este explicaba la Violencia y las otras violencias, anteriores y posteriores.

Este discurso se enquistó en la clase dirigente y en la ciudadanía en general, y hasta en los actores internacionales interesados en Colombia. Las causas objetivas del conflicto debían ser solucionadas para que al país pudiera descender la añorada paz. Este discernimiento llegó a su máximo cénit durante los diálogos en El Cagüán. La agenda acordada a ser adelantada por las partes, exhibía por todos lados estos planteamientos. Todos los temas debían ser tratados allí. ¡Absolutamente todos! Esta fue una de las razones que impidió que dicho proceso avanzara.

Desde el gobierno Uribe se planteó tajantemente un cambio en la aproximación al problema de las Farc, pero este gobierno se enredó solo cuando desestimó la existencia del conflicto, precisamente porque lo asumió como lo que no es, es decir como un concepto social y político, y no como lo que significa realmente, un concepto jurídico internacional que no busca resolver los conflictos, sino regularlos. Punto.

En definitiva, en Colombia sí existe el Conflicto Armado Interno, que es una figura creada dentro del marco de la ley internacional y específicamente dentro de la ley de los conflictos. Por supuesto, en Colombia existen graves inequidades de todo tipo, pero como lo ha señalado el presidente Santos, estas no deben ir a la mesa para ser resueltas. El objetivo de las negociaciones debe ser ponerle fin al Conflicto Armado Interno. Ni las desigualdades, ni buena parte de la violencia, desaparecerán de Colombia al firmar acuerdos de paz entre el gobierno y los grupos armados ilegales. 

Cuando el proceso de paz se firme ¿vamos a crecer dos puntos más en el PIB? ¿Seremos “imparables” como lo dijo enfáticamente el presidente Santos en su discurso del 5 de septiembre?

No. Este tipo de afirmaciones surgen de la creencia incrustada en el país de que nuestro atraso y nuestras dolencias son provocados por este CAI, y no que este es un síntoma de las limitaciones y fallas existentes en nuestro Estado y sociedad. Las Farc no existen simplemente porque haya pobreza o porque el Estado no pueda proveer salud y educación. Fundamentalmente, existen porque el Estado colombiano ha sido patéticamente débil en forjar el control territorial sobre su extensísima y agreste geografía, a lo que se le debe sumar la existencia de una dirigencia desconcertantemente desconectada con la importancia cardinal de esa función de los Estados, y la aparición en décadas recientes del fenómeno del narcotráfico en su mayor esplendor.

El crecimiento y desarrollo económicos están dados, hoy por hoy y más que nunca en la historia de la humanidad, por la presencia de infraestructuras que conlleven a un severo aumento de la productividad, y especialmente, por la existencia de un sistema educativo que entrene y prepare con altísimos estándares, ejércitos de trabajadores, dueños de habilidades propias de la economía del conocimiento. Naciones con serias amenazas a su seguridad nacional han comprendido esto, y han establecido y consolidado serios programas educativos, así como de creación y mejoramiento de infraestructura. 

India es un caso reciente. China es otro. El caso colombiano palidece frente al caos reinante al interior de ese país durante los años cuarenta del siglo pasado. 
La afirmación del presidente se debe entender más como parte de una estrategia de comunicaciones que pretende inspirar a los ciudadanos. Esa sí es una de las funciones más importantes de los líderes nacionales y por ello debe hacer uso de estos recursos, que más que datos serios y confiables, son hipérboles que ayudan a vender un “producto o servicio” y a fortalecer su imagen para ser rentabilizada en mayores márgenes de gobernabilidad. 

¿La agenda es compleja y extensa o sencilla y comprimida?

La agenda es realista y práctica. Entre la agenda acordada en El Cagüán y la que discutirán desde el próximo 17 de octubre gobierno y Farc, existen abismales diferencias, tanto de forma como de fondo. Aunque especialmente los dos primeros puntos de la actual podrían ser descritos como estructurales, los problemas de la tierra y de la participación política, debieron ser incluidos para que la guerrilla pudiera salvar su cara. La Ley de víctimas y restitución de tierras, así como el surgimiento de figuras políticas como Gustavo Petro, Antonio Navarro y Carlos Gaviria, no dejan mucho espacio a las Farc para discutir seriamente estos temas.

Si las Farc se empeñan en proponer la realización de una reforma agraria que, por ejemplo, obvie por completo los derechos de propiedad, no existirá mucho espacio para avanzar dentro de la mesa. Pero si llegan a un arreglo, que incluya coincidencias sobre estos, en la historia del país quedará escrito que las Farc colaboraron en la solución de estos problemas y podrán utilizarlos como credenciales cuando se conviertan en un partido o movimiento político. Sin estos dos puntos, las Farc estarían simple y llanamente sometiéndose a la justicia, algo que ellos no están dispuestos a realizar por ningún motivo.

Los otros tres temas son en definitiva más prácticos porque se encuentran más cercanos a la realidad. Mecanismos para la desmovilización, el tema del narcotráfico y los derechos de las víctimas, resultan ser las variables que definirán concretamente cómo será el paso de esta insurgencia de la ilegalidad a la legalidad. Debe resaltarse que el asunto particular del narcotráfico no será resuelto en Colombia por este proceso, sino que dependerá de decisiones que se tomen en el exterior, pero por ello mismo el futuro de las Farc dependerá de cómo se responda a preguntas tales como si deben o no extraditarse a los guerrilleros solicitados por delitos de narcotráfico en los Estados Unidos. 

Imagen tomada de: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/9-2012-ley-de-tierras-la-apuesta-al-postconflicto.html

Tres razones por las que el gasto en seguridad y defensa debe mantenerse en el postconflicto

Columna de opinión
Julían Andrés Vargas Cardona*

Tres razones por las que el gasto en seguridad y defensa debe mantenerse en el postconflicto

Por Julián Andrés Vargas Cardona

Tan pronto el gobierno nacional anunció el inicio de los diálogos de paz con las FARC en Oslo y La Habana, en diferentes sectores de la opinión pública se empezaron a hacer ‘cuentas alegres’ con los recursos que hasta el día de hoy la nación invierte en sus fuerzas de seguridad y defensa. La lógica empleada por estos incautos es muy simple: si ya no hay guerra, entonces no es necesario destinar el 3,7% del PIB (23 billones de pesos) en el Ministerio de Defensa; en cambio, proponen utilizar estos recursos en otras necesidades del país, como la educación y la investigación, sin duda causas nobles y urgentes para el futuro económico. Otros, adicionalmente, auguran un cambio en las proporciones del gasto, en el que la Policía resultaría más beneficiada que las Fuerzas Militares.

Sin embargo, estas posiciones pierden de vista asuntos clave y demuestran una falta de perspectiva estratégica. Existen al menos tres grandes razones por las cuales el gasto en seguridad y defensa debe mantenerse en el largo plazo, y dentro de él, particularmente el de las Fuerzas Militares.

La primera razón tiene que ver con los requerimientos de seguridad en el postconflicto. Los efectos violentos de una guerra que ha durado 48 años difícilmente se neutralizarán en 5 o 10 años; las bandas criminales que resulten del proceso de desmovilización de las FARC continuarán actuando allí en donde la presencia estatal sea muy débil. De ahí que no sea descabellado pensar en dos o tres décadas más de postconflicto, en el que la capacidad de controlar militarmente el territorio es lo único que puede garantizar la estabilidad en tiempos de paz mientras el Estado se fortalece en las regiones periféricas.

En este punto emergen las demandas por un fortalecimiento de la Policía Nacional. El argumento empleado sostiene que la nueva situación se centraría de lleno en la seguridad ciudadana, ya sea en ambientes rurales o urbanos. Y tienen razón. Sería ideal que la Policía tuviese la capacidad de neutralizar el crimen organizado y mantener el orden en todo el territorio, mientras las Fuerzas Militares se dedican a su función primaria de defensa de la soberanía y protección de las fronteras. Sin embargo, la realidad en el corto y mediano plazo es otra. Son las Fuerzas Militares las que en la práctica cuentan con los recursos y el conocimiento para controlar el territorio, en especial las zonas rurales periféricas.

Además, como ya se ha demostrado, la capacidad armada de algunas bandas criminales excede la de la Policía, como en el Urabá. Así, resulta improbable que la Policía adquiera rápidamente la capacidad para neutralizar las bandas criminales con experiencia terrorista que resultarían de la desintegración de las FARC. Por lo tanto, el fortalecimiento de la Policía debe realizarse independientemente del presupuesto de las Fuerzas Militares, es decir, sin detrimento de éstas, que deben mantenerse fuertes y vigilantes en el proceso.

La segunda razón para mantener el gasto en seguridad y defensa, en especial el presupuesto de las Fuerzas Militares, se relaciona con el atraso de éstas en relación con las capacidades estratégicas de disuasión contra guerras simétricas. Durante décadas las Fuerzas Militares se especializaron casi exclusivamente en la guerra asimétrica contra las guerrillas, lo que provocó el abandono de la inversión en equipos militares, desarrollo tecnológico y entrenamiento para una hipotética confrontación bélica internacional. La crisis diplomática entre Bogotá y Caracas en el 2008 es un reciente recordatorio de la urgente necesidad de compensar el atraso en las capacidades de disuasión militar, lo que requiere grandes cantidades de dinero.

Adicionalmente, Colombia debe concientizarse de los recursos hídricos, biológicos, mineros y energéticos que posee y debe proteger, especialmente el Amazonas y el Chocó. El ejemplo dado por Brasil en esta materia debe ser tenido en cuenta, ya que plantea la estrategia nacional de defensa en torno a la protección de los recursos naturales frente a hipotéticas amenazas extra regionales. De ahí se deriva que Brasil busque crear una defensa común suramericana. Por eso, las Fuerzas Militares de Colombia deban contar con las capacidades estratégicas para proteger los recursos de la nación y, dado el caso, para cooperar en la defensa de la región, es especial si el Estado aspira a disputar el poder regional.

En tercera y última instancia, es necesario mantener el gasto en seguridad y defensa porque éste no compite por los recursos para la educación y la investigación. La industria militar debe convertirse en un motor de la innovación científica y  tecnológica, como sucede en Estados Unidos, Europa, Rusia, China y ahora en Brasil. Para ello, es necesario empezar a fortalecer las relaciones de las Fuerzas Militares con las universidades y la empresa privada; esta trinidad permitirá incrementar las capacidades disuasivas de las Fuerzas Militares, incentivará las innovaciones científico-tecnológicas de las universidades y beneficiará las empresas privadas con personal mejor calificado y desarrollos militares con aplicaciones civiles, lo que dinamizaría la industria y robustecería la economía, además de las ganancias por ventas a terceros países.

Como se observa, una reducción en el gasto en seguridad y defensa en el postconflicto no solo no es posible, tampoco es deseable. A los únicos que les conviene un debilitamiento de las Fuerzas Militares es a las FARC y a los gobiernos militaristas con intenciones territoriales sobre Colombia. En oposición, el Estado debe saber proyectarse estratégicamente en la paz, y allí las Fuerzas Militares también son indispensables, sobre todo si se aspira a una integración competitiva en el mundo globalizado.

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* Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en seguridad y defensa de la Escuela Superior de Guerra. Director del Centro de Estudios Geopolíticos de la Fundación Rhizoma Global. Columnista de Kíos Colombia.