Investigación- Territorios
Manuel Calderón Ramírez
Un nuevo marco de
relaciones para Bogotá y la Nación
Hace
algunos días, el Alcalde Mayor de Bogotá hizo públicos algunos trinos y
mensajes en las redes sociales que hacían referencia a su enorme descontento
frente al tratamiento que el gobierno nacional le ha dado a las relaciones con
la ciudad. Incluso, llegó a manifestar que las posiciones de algunos
funcionarios de alto nivel y ministros, han “deteriorado y destruido” los
puentes que él ha tratado de construir y consolidar entre las dos
administraciones. Temas como las declaraciones de la Superintendencia de
Puertos y Transporte sobre el Sistema Transmilenio, así como la fricción que se
presenta, desde hace algunos meses, entre el Ministro de Vivienda y el Alcalde
en torno a la disponibilidad de suelo urbano, son para el mandatario capitalino
algunos de los hechos que empañan y dificultan las relaciones entre las dos
administraciones.
Adicional
a ello, la creación de una Alta Consejería para Bogotá y Cundinamarca, fue
interpretado por algunos como un hecho que obstaculiza la relación directa que
deberían tener el Presidente y el Alcalde de la capital. Inicialmente, estas
tensiones se han tratado de explicar a la luz de las diferencias ideológicas
que se presentan entre Santos y Petro. Si bien es cierto que los dos líderes
pertenecen a orillas distintas y expresan posiciones divergentes sobre la forma
de solucionar los problemas y asuntos públicos, en muchas ocasiones han
coincidido en agendas similares. Tres de los principales temas que planteó
Gustavo Petro en la contienda presidencial del 2010 (derecho al agua,
restitución de tierras y atención y visibilización a las víctimas del conflicto
armado) han sido recogidos por Juan Manuel Santos como banderas de su gobierno.
Las
posiciones ideológicas son solo un matiz de las relaciones que se presentan
entre niveles de gobierno. En muchos otros contextos, estas diferencias de
pensamiento o posiciones filosóficas no han sido obstáculo para tener una
relación duradera y coordinada entre diferentes entidades territoriales. Prueba
de ello, han sido los esquemas de “cohabitación” en Francia, donde los
socialistas y los partidos de derecha han tenido que compartir espacios de
poder y resolver cuestiones y problemas públicos, al armonizar sus agendas y
acciones. En España, el PSOE y el PP tuvieron que coordinar y concertar
políticas y acciones de gobierno en la Comunidad de Madrid, durante las
administraciones de Rodríguez Zapatero, a nivel nacional, y de Esperanza
Aguirre, en el ámbito autonómico.
La
diversidad política es una de las características inherentes al esquema
pluralista que trajo consigo la carta política del 91. Por lo tanto, siempre se
presentarán múltiples opiniones y posiciones en torno a los problemas que se
deben resolver en los territorios. Por tanto, las tensiones o posibles
fricciones entre dos o más mandatarios no solo se enmarcan dentro de temas
ideológicos, políticos o partidistas, sino que van más allá y responden a uno
de las problemáticas fundamentales de los Estados contemporáneos: ¿cómo
garantizar la coordinación y coherencia entre las políticas públicas y las
acciones de gobierno entre dos o más niveles, cuando éstos cuentan con
autonomía para la gestión de sus asuntos y gozan de un ámbito de competencias
propio?
La
resolución de tal cuestionamiento no es irrelevante. Por el contrario, exige
una reflexión profunda sobre el espíritu de nuestro modelo de organización
territorial, signado por la convergencia entre el carácter unitario del Estado
y la descentralización de las entidades territoriales. De hecho, en los últimos
años se han consolidado diferentes posiciones teóricas y conceptuales que hacen
referencia a la necesidad de consolidar esquemas de gobernanza multinivel o modelos
de gobierno multiescalar, como alternativa para asegurar la coherencia y la
articulación entre las políticas públicas y las acciones de gobierno entre
múltiples actores. Ello, teniendo en cuenta las siguientes características
fundamentales de los Estados modernos.
En
primer lugar, no hay modelos puros de organización territorial del Estado. Aún
en los federales, se requiere cierta dosis de centralismo para el abordaje de
determinados asuntos. Por tanto, hablar de federalismo o centralismo como
conceptos excluyentes es caer en una discusión bizantina alejada de la
realidad. Los problemas públicos y las demandas y aspiraciones ciudadanas
requieren de la implementación de múltiples herramientas y esquemas para la
provisión de bienes y servicios, entre los que se cuentan la descentralización
y sus diferentes modalidades en el plano administrativo. Lo ideal es utilizar estos
instrumentos (descentralización, delegación, desconcentración) según la
naturaleza y los tipos de servicios y bienes públicos que se deseen proveer.
En
segundo lugar, hay problemas y cuestiones que rebosan la capacidad de acción de
un solo nivel de gobierno. Las políticas de vivienda, movilidad o asistencia
social son una clara muestra de ello. A la par con las capacidades, las
dimensiones de los problemas van más allá de las jurisdicciones y los límites
políticos y administrativos fijados para cada entidad territorial. Temas como
la ola invernal, la inseguridad ciudadana o la pobreza, conforman una
evidencia, más que suficiente, para establecer que las demandas ciudadanas no
tienen “fronteras”. La coordinación intergubernamental surge como un elemento
clave para hacer frente a los temas que van más allá de la órbita o la esfera
de influencia de un nivel de gobierno en particular.
En
tercera instancia, en entornos nacionales caracterizados por la existencia de
autonomía territorial, se pueden presentar “colisiones” de competencias, las
cuales generan “zonas grises” en donde la responsabilidad o el margen de
maniobra de los entes territoriales no son claros. La discusión sobre el
carácter y la naturaleza de los Cerros Orientales de Bogotá fue una clara
muestra de ello. Este se configuró como un asunto en el que las posiciones de
la Alcaldía Mayor, la Gobernación de Cundinamarca, la CAR como autoridad
ambiental y la Nación fueron divergentes y, en muchos casos, contradictorias.
Tal
panorama exige la construcción de un nuevo arreglo institucional entre Bogotá y
la Nación, a través del cual se consolide un marco de relaciones duraderas y
armónicas entre los dos entes territoriales. Ello implica formalizar diferentes
espacios y avanzar en la estructuración de instrumentos como el Contrato Plan:
acuerdo multisectorial e intergubernamental para la formulación y ejecución de
programas y proyectos de desarrollo en el marco de una visión de
desarrollo territorial para Bogotá y la Región. En este contrato tendrán cabida
todas las acciones, iniciativas y esfuerzos de las entidades nacionales que hoy
tienen presencia en el territorio.
Este
Contrato Plan debe partir de la
construcción de una Agenda conjunta entre las dos entidades territoriales. En
esta agenda, deben incluirse todos los temas de interés común para la Nación y
Bogotá: Sistema Integrado de Transporte Público, vivienda y hábitat, cambio
climático, superación de la pobreza y la pobreza extrema, lucha contra la
corrupción, etcétera. La identificación inicial de sectores o ámbitos
prioritarios puede reforzarse a través de la institucionalización de mesas
técnicas entre las entidades nacionales y distritales responsables de la
gestión sectorial correspondiente. Estos espacios podrían ser liderados tanto
por el despacho del Alcalde Mayor o su Secretario General como por la Alta
Consejería Presidencial. La idea es formalizar un espacio de encuentro
periódico que permita la discusión y socialización de posturas y visiones sobre
el futuro de la ciudad.
A
la par con el Contrato Plan, es clave explorar mecanismos como la delegación de competencias nacionales hacia
instancias u organismos distritales. Bogotá cuenta con múltiples capacidades y
condiciones para ejecutar políticas nacionales, de acuerdo con los estándares y
criterios de calidad requeridos. La delegación se desarrollaría bajo convenios de desempeño, a través de los
cuales las entidades nacionales se comprometan a fortalecer capacidades,
supervisar y hacer seguimiento a la gestión de los entes que reciben las
competencias y a su vez, éstos organismos se responsabilizan por cumplir los
objetivos de gestión definidos y prestar los servicios bajo parámetros de
eficiencia y eficacia.
En
última instancia, es clave fortalecer
la Alta Consejería Presidencial para Bogotá. Esta debe ser una oficina de
enlace y coordinación entre las entidades nacionales y distritales, en temas de
interés común para las dos administraciones. Esta instancia debe liderar la
construcción de una agenda común, así como estructurar un sistema de
seguimiento y monitoreo a las acciones requeridas. Así mismo, podría
convertirse en un aliado estratégico del gobierno distrital para canalizar
aportes o recursos de entidades nacionales con presencia en la ciudad o para
formular y presentar proyectos de desarrollo ante los fondos que conforman el Sistema General de Regalías (SGR). Una
tarea clave de esta Consejería podría estar referida a la movilización de
recursos nacionales y de cooperación internacional para la financiación o
apalancamiento de proyectos de interés prioritario para la ciudad y su
entorno.
Imágenes tomadas de: http://www.elperiodicodechia.com/FrontPageLex/libreria/cl0060/73-14905-presidente-santos-y-alcalde-petro-acordaron-metro-ligero-para-bogota--el-periodico-de-chia-metro-ligero-para-para-bogota-y-la-region-de-la-sabana.htm
http://lapoliticadegeppetto.blogspot.com/2011/02/esperanza-aguirre-y-el-resto-de-mujeres.html
http://m.semana.com/nacion/como-colombia-puede-reinventarse-partir-crisis/148789-3.aspx
http://www.absolut-colombia.com/los-cerros-orientales-de-bogota/
http://www.metroenbogota.com/movilidad-bogota/metro-de-bogota/gina-parody-adevierte-distrito-ha-presentado-tecnicos-para-metro-ligero-por-la-septima
