Un nuevo marco de relaciones para Bogotá y la Nación

Investigación- Territorios

Manuel Calderón Ramírez

Un nuevo marco de relaciones para Bogotá y la Nación

Hace algunos días, el Alcalde Mayor de Bogotá hizo públicos algunos trinos y mensajes en las redes sociales que hacían referencia a su enorme descontento frente al tratamiento que el gobierno nacional le ha dado a las relaciones con la ciudad. Incluso, llegó a manifestar que las posiciones de algunos funcionarios de alto nivel y ministros, han “deteriorado y destruido” los puentes que él ha tratado de construir y consolidar entre las dos administraciones. Temas como las declaraciones de la Superintendencia de Puertos y Transporte sobre el Sistema Transmilenio, así como la fricción que se presenta, desde hace algunos meses, entre el Ministro de Vivienda y el Alcalde en torno a la disponibilidad de suelo urbano, son para el mandatario capitalino algunos de los hechos que empañan y dificultan las relaciones entre las dos administraciones.

Adicional a ello, la creación de una Alta Consejería para Bogotá y Cundinamarca, fue interpretado por algunos como un hecho que obstaculiza la relación directa que deberían tener el Presidente y el Alcalde de la capital. Inicialmente, estas tensiones se han tratado de explicar a la luz de las diferencias ideológicas que se presentan entre Santos y Petro. Si bien es cierto que los dos líderes pertenecen a orillas distintas y expresan posiciones divergentes sobre la forma de solucionar los problemas y asuntos públicos, en muchas ocasiones han coincidido en agendas similares. Tres de los principales temas que planteó Gustavo Petro en la contienda presidencial del 2010 (derecho al agua, restitución de tierras y atención y visibilización a las víctimas del conflicto armado) han sido recogidos por Juan Manuel Santos como banderas de su gobierno.

Las posiciones ideológicas son solo un matiz de las relaciones que se presentan entre niveles de gobierno. En muchos otros contextos, estas diferencias de pensamiento o posiciones filosóficas no han sido obstáculo para tener una relación duradera y coordinada entre diferentes entidades territoriales. Prueba de ello, han sido los esquemas de “cohabitación” en Francia, donde los socialistas y los partidos de derecha han tenido que compartir espacios de poder y resolver cuestiones y problemas públicos, al armonizar sus agendas y acciones. En España, el PSOE y el PP tuvieron que coordinar y concertar políticas y acciones de gobierno en la Comunidad de Madrid, durante las administraciones de Rodríguez Zapatero, a nivel nacional, y de Esperanza Aguirre, en el ámbito autonómico.

 

La diversidad política es una de las características inherentes al esquema pluralista que trajo consigo la carta política del 91. Por lo tanto, siempre se presentarán múltiples opiniones y posiciones en torno a los problemas que se deben resolver en los territorios. Por tanto, las tensiones o posibles fricciones entre dos o más mandatarios no solo se enmarcan dentro de temas ideológicos, políticos o partidistas, sino que van más allá y responden a uno de las problemáticas fundamentales de los Estados contemporáneos: ¿cómo garantizar la coordinación y coherencia entre las políticas públicas y las acciones de gobierno entre dos o más niveles, cuando éstos cuentan con autonomía para la gestión de sus asuntos y gozan de un ámbito de competencias propio?

La resolución de tal cuestionamiento no es irrelevante. Por el contrario, exige una reflexión profunda sobre el espíritu de nuestro modelo de organización territorial, signado por la convergencia entre el carácter unitario del Estado y la descentralización de las entidades territoriales. De hecho, en los últimos años se han consolidado diferentes posiciones teóricas y conceptuales que hacen referencia a la necesidad de consolidar esquemas de gobernanza multinivel o modelos de gobierno multiescalar, como alternativa para asegurar la coherencia y la articulación entre las políticas públicas y las acciones de gobierno entre múltiples actores. Ello, teniendo en cuenta las siguientes características fundamentales de los Estados modernos.

En primer lugar, no hay modelos puros de organización territorial del Estado. Aún en los federales, se requiere cierta dosis de centralismo para el abordaje de determinados asuntos. Por tanto, hablar de federalismo o centralismo como conceptos excluyentes es caer en una discusión bizantina alejada de la realidad. Los problemas públicos y las demandas y aspiraciones ciudadanas requieren de la implementación de múltiples herramientas y esquemas para la provisión de bienes y servicios, entre los que se cuentan la descentralización y sus diferentes modalidades en el plano administrativo. Lo ideal es utilizar estos instrumentos (descentralización, delegación, desconcentración) según la naturaleza y los tipos de servicios y bienes públicos que se deseen proveer.

En segundo lugar, hay problemas y cuestiones que rebosan la capacidad de acción de un solo nivel de gobierno. Las políticas de vivienda, movilidad o asistencia social son una clara muestra de ello. A la par con las capacidades, las dimensiones de los problemas van más allá de las jurisdicciones y los límites políticos y administrativos fijados para cada entidad territorial. Temas como la ola invernal, la inseguridad ciudadana o la pobreza, conforman una evidencia, más que suficiente, para establecer que las demandas ciudadanas no tienen “fronteras”. La coordinación intergubernamental surge como un elemento clave para hacer frente a los temas que van más allá de la órbita o la esfera de influencia de un nivel de gobierno en particular.

En tercera instancia, en entornos nacionales caracterizados por la existencia de autonomía territorial, se pueden presentar “colisiones” de competencias, las cuales generan “zonas grises” en donde la responsabilidad o el margen de maniobra de los entes territoriales no son claros. La discusión sobre el carácter y la naturaleza de los Cerros Orientales de Bogotá fue una clara muestra de ello. Este se configuró como un asunto en el que las posiciones de la Alcaldía Mayor, la Gobernación de Cundinamarca, la CAR como autoridad ambiental y la Nación fueron divergentes y, en muchos casos, contradictorias.

 

Tal panorama exige la construcción de un nuevo arreglo institucional entre Bogotá y la Nación, a través del cual se consolide un marco de relaciones duraderas y armónicas entre los dos entes territoriales. Ello implica formalizar diferentes espacios y avanzar en la estructuración de instrumentos como el Contrato Plan: acuerdo multisectorial e intergubernamental para la formulación y ejecución de programas y proyectos de desarrollo en el marco de una visión de desarrollo territorial para Bogotá y la Región. En este contrato tendrán cabida todas las acciones, iniciativas y esfuerzos de las entidades nacionales que hoy tienen presencia en el territorio.

Este Contrato Plan debe partir de la construcción de una Agenda conjunta entre las dos entidades territoriales. En esta agenda, deben incluirse todos los temas de interés común para la Nación y Bogotá: Sistema Integrado de Transporte Público, vivienda y hábitat, cambio climático, superación de la pobreza y la pobreza extrema, lucha contra la corrupción, etcétera. La identificación inicial de sectores o ámbitos prioritarios puede reforzarse a través de la institucionalización de mesas técnicas entre las entidades nacionales y distritales responsables de la gestión sectorial correspondiente. Estos espacios podrían ser liderados tanto por el despacho del Alcalde Mayor o su Secretario General como por la Alta Consejería Presidencial. La idea es formalizar un espacio de encuentro periódico que permita la discusión y socialización de posturas y visiones sobre el futuro de la ciudad.

A la par con el Contrato Plan, es clave explorar mecanismos como la delegación de competencias nacionales hacia instancias u organismos distritales. Bogotá cuenta con múltiples capacidades y condiciones para ejecutar políticas nacionales, de acuerdo con los estándares y criterios de calidad requeridos. La delegación se desarrollaría bajo convenios de desempeño, a través de los cuales las entidades nacionales se comprometan a fortalecer capacidades, supervisar y hacer seguimiento a la gestión de los entes que reciben las competencias y a su vez, éstos organismos se responsabilizan por cumplir los objetivos de gestión definidos y prestar los servicios bajo parámetros de eficiencia y eficacia.

En última instancia, es clave fortalecer la Alta Consejería Presidencial para Bogotá. Esta debe ser una oficina de enlace y coordinación entre las entidades nacionales y distritales, en temas de interés común para las dos administraciones. Esta instancia debe liderar la construcción de una agenda común, así como estructurar un sistema de seguimiento y monitoreo a las acciones requeridas. Así mismo, podría convertirse en un aliado estratégico del gobierno distrital para canalizar aportes o recursos de entidades nacionales con presencia en la ciudad o para formular y presentar proyectos de desarrollo ante los fondos que conforman el Sistema General de Regalías (SGR). Una tarea clave de esta Consejería podría estar referida a la movilización de recursos nacionales y de cooperación internacional para la financiación o apalancamiento de proyectos de interés prioritario para la ciudad y su entorno. 

Imágenes tomadas de: http://www.elperiodicodechia.com/FrontPageLex/libreria/cl0060/73-14905-presidente-santos-y-alcalde-petro-acordaron-metro-ligero-para-bogota--el-periodico-de-chia-metro-ligero-para-para-bogota-y-la-region-de-la-sabana.htm

http://lapoliticadegeppetto.blogspot.com/2011/02/esperanza-aguirre-y-el-resto-de-mujeres.html 

http://m.semana.com/nacion/como-colombia-puede-reinventarse-partir-crisis/148789-3.aspx

http://www.absolut-colombia.com/los-cerros-orientales-de-bogota/

http://www.metroenbogota.com/movilidad-bogota/metro-de-bogota/gina-parody-adevierte-distrito-ha-presentado-tecnicos-para-metro-ligero-por-la-septima