Analfabetismo funcional

Columna de opinión

Santiago Gómez

Analfabetismo funcional

Hace un par de semanas se conocieron los resultados del estudio PIRLS 2011, que mide la capacidad de escolares en 45 países para comprender lo que leen en su idioma nativo. Somos un país de analfabetas funcionales.

En Colombia, concluye el informe final, 6 de cada 10 estudiantes no entienden bien lo que leen. Preocupante claramente, pero esta cifra esconde problemas estructurales que se asientan en la base del sistema educativo colombiano, y de lo poco eficientes que hemos sido todos para modificar esta situación.

En Colombia se lee poco y mal. Según el Cerlac, en Colombia el 44% de su población mayor a 14 años se declara abiertamente como no lectora, y el 67% de ellos manifiesta que no lo hace por simple desinterés o porque no le gusta hacerlo. Mientras un español lee 10 libros al año, un colombiano lee 2.

A pesar de que el alto costo de los libros es un argumento utilizado comúnmente para excusar la falta de lectura, Colombia, con un sistema de bibliotecas públicas adecuado y comparativamente superior al de sus vecinos, se destaca como el segundo país de Iberoamérica con mayor uso del sistema de bibliotecas escolares y universitarias. Según este y otros estudios, el desinterés pesa más que el costo de los libros, que comparativamente no es tampoco significativamente superior al de los otros países incluidos en el estudio.

En el fondo, lo que determina la falencia detectada por el PIRLS 2011 y los anteriores en los que Colombia ha participado es ese desinterés por la lectura. Un desinterés de la familia, que no inculca el hábito desde edades tempranas y de la escuela, que no exige ni enseña niveles superiores de comprensión y que no promueve volúmenes superiores de lectura durante el año, así como tampoco se preocupa por formar adecuadamente a sus docentes en temas relativos a la lecto-escritura.

A leer se aprende leyendo, como a montar bicicleta se aprende con la práctica. Si somos un país que no lee, no aprenderemos a leer. Y en la medida en que la lectura, la escritura y la capacidad argumentativa están estrechamente ligadas, si continuamos siendo un país que sabe leer pero que ni le interesa hacerlo ni entiende lo que lee, difícilmente seremos un país que sea capaz de dialogar críticamente sobre los problemas que nos aquejan, y ese es el primer paso para solucionarlos. Sin educación no habrá futuro.

Publicado en Vanguardia Liberal de Bucaramanga, el viernes 22 de febrero de 2013, en: http://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/santiago-gomez/197179-analfabetismo-funcional

Sin perspectiva histórica

Columna de opinión

Santiago Gómez

Sin perspectiva histórica

Es frustrante enfrentarse a ciudadanos que intentan ser políticamente activos pero sucumben a la tentación de hacer un análisis político descontextualizado, ahistórico, maniqueo, sin perspectiva comparada y oportunista. Tienden a relacionar todo lo que ocurre en este país con Santos y Uribe. Las discusiones sobre lo democrático que pueda ser el sistema político colombiano terminan, en el imaginario público, asumiendo como verdaderas opiniones que remiten a describir nuestro sistema como lo que denominan ‘corruptocracia’, ‘una falsa democracia’ o una ‘democracia inútil’.

Hacer un análisis de los avances logrados por el país requiere conocer nuestra historia y la de países similares. Cualquiera que haya vivido durante el Frente Nacional, cualquier militante de la extinta Unión Patriótica o cualquiera que haya sentido miedo durante los últimos años de la década de los 80 a causa del narcoterrorismo, debería reconocer, aún sin ser analista político, que este país ha cambiado para bien en los últimos cuatro lustros.

La Colombia de los 80, administrada con un contrato suscrito en 1886, era una nación temerosa, que desconfiaba de sí misma, con una institucionalidad acorralada, aislada económicamente y con una ciudadanía que no podía expresar libremente sus opiniones y que entendía que la única manera de hacer oposición política era mediante las balas. Hoy el panorama es afortunadamente diferente en varios sentidos.

Colombia se insertó al ciclo de la economía global. La participación política dejó de ser un privilegio de las élites; se consagraron nuevas formas de deliberación ciudadana; la tutela permitió a los ciudadanos reclamar al Estado el cumplimiento de sus obligaciones; el Ejecutivo dejó de ser tan desproporcionadamente poderoso frente a los jueces y los legisladores y la Fiscalía surgió como el soporte de un aparato judicial paquidérmico.

Si bien nuestra democracia sigue siendo perfectible, en parte por la incapacidad ciudadana de ejercerla adecuadamente y de manera efectiva, desconocer el salto cualitativo que dio Colombia en las últimas dos décadas como consecuencia de la Constitución de 1991, es un acto de atrevida ceguera y de desconocimiento vulgar de la historia nacional e internacional. Quien no ha visto reprimidas sus libertades políticas, no las aprecia cuando las puede ejercer libremente.

Publicado en Vanguardia Liberal de Bucaramanga, el viernes 15 de febrero de 2013, en: http://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/santiago-gomez/196177-sin-perspectiva-historica

La inversión en tecnología y en I+D: El camino para lograr un desarrollo estratégico de la economía colombiana

Columna de opinión

Juan Camilo Pereira*

La inversión en tecnología y en I+D: El camino para lograr un desarrollo estratégico de la economía colombiana

Nunca antes la transferencia tecnológica y el incentivo de la Investigación del desarrollo y la innovación en un país emergente había sido un elemento tan importante en la ecuación del desarrollo económico como en los últimos cinco años. Este factor de producción, permite a las PYMES y microempresas de mercados emergentes acceder a las principales cadenas productivas deslocalizadas internacionales, que han surgido a causa del proceso de glocalización industrial y, así, asumir procesos de mayor valor agregado que les permitan competir en un mercado común o en un área de libre comercio en condiciones más equitativas y con unas proyecciones de supervivencia superiores.

Hoy, a pesar de tener un mundo más global, donde las relaciones de productividad y generación de valor agregado en diferentes sectores industriales y agroindustriales están enmarcadas por acuerdos multilaterales o bilaterales, mercados comunes, áreas de libre comercio, y los demás mecanismos de integración comercial internacional, las diferencias de las tareas que realiza una PYME en un país como Colombia, divergen de la productividad generada en  mercados como el de EE.UU, China, Brasil, México, Dinamarca, Suecia, Alemania, Francia e incluso España,  debido a la brecha de implantación tecnológica y a la falta de formación en temas técnicos.

Algunos ejemplos son la integración del diseño conceptual de productos en 2D y 3D, con el proceso y procedimiento de fabricación, la selección de proveedores idóneos que cumplan con los requerimientos técnicos de calidad, así como la adaptación de nuevos materiales reciclables, que mejoren los costes y contaminen menos, o la realización de análisis y simulación virtual de mecanismos y fluidos, para ahorrar energía, o la  implantación de esquemas de control del ciclo de producción, monitoreo de las mejores prácticas verdes de producción, manejo de los software necesarios para integrar partes electrónicas con mecánicas, o la manera de crear e implantar aplicaciones que aumenten la conectividad y la trazabilidad de la información, con el ánimo de tener mejores herramientas para tomar decisiones estratégicas productivas clave.

Colombia debe dejar de ser dependiente de los comodities. Eso es una prioridad, pero a pesar de ello, en la práctica eso no es una realidad.  Las políticas y las acciones gubernamentales, llevadas por su necesidad de generar ingresos por exportaciones y controlar los márgenes de ganancias obtenidas por multinacionales que explotan y realizan procesos productivos con nuestros recursos naturales más preciados, han llevado al país a destinar cuantiosos presupuestos a sectores líderes o locomotoras de desarrollo, que a diez años vista generarán más brecha social que crecimiento, equidad y desarrollo sostenible.

A pesar de que el Estado (Colombia lleva más de dos gobiernos en intentar resarcir el problema de la infraestructura),  ha intentado invertir y destinar presupuestos multibillonarios para carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, dragados de ríos, subsidios de vehículos pesados, túneles, entre otras iniciativas, en los diez últimos años de crecimiento económico acelerado, no ha logrado siquiera conectar eficazmente  las principales ciudades entre sí,  para que el flujo del comercio incentive el desarrollo económico en muchas zonas y ciudades intermedias.

Es así que a pesar de ser necesario invertir en estas áreas para dejar que el comercio internacional e interregional lleve riqueza a zonas estratégicas, el país no ha logrado nivelar la falta de competitividad económica por la vía de la inversión en infraestructura e hidrocarburos.  En este último tema, vale la pena simplemente hacer mención a los oligopolios que se generan a partir de los recursos naturales de Colombia y a la falta de conexión entre los procesos de valor que están fuera de las fronteras, en manos de compañías extranjeras.

En este sentido, hoy llegó la hora cero de Colombia para decidir cuál de las dos siguientes vertientes de desarrollo permitirá generar un país más desarrollado (en lo urbano y rural) con talento humano capacitado y start-ups que permitan obtener la rentabilidad esperada de las tareas de mayor valor agregado que hacen parte de las cadenas productivas glocalizadas de diferentes sectores industriales: ingeniería civil, ingeniería industrial, aeroespacio y defensa, arquitectura, maquinaria y equipo, alta tecnología, mecatrónica, automoción, agroindustria, laboratorios y farmacéuticas, retail, edición de documentación industrial y técnica, clusters internacionales conformados por universidades – empresas y centros de i+d, centros de pruebas de laboratorio,  animaciones y simulaciones virtuales.

La tecnología es pues un tema que debe volver al debate público, con propuestas serias focalizadas a incentivar tanto a las universidades y centros técnicos de conocimiento, como a las PYMES y grandes empresas nacionales, para que inviertan en la implantación de plataformas tecnológicas que permitirán a Colombia competir con mayores argumentos en un escenario de integración comercial.

El cambio de mentalidad productiva, generado por la tecnología y los nuevos procesos de intercambio de información y uso de la tecnología en el marco de un mundo globalizado, debe llevar a reflexionar sobre la clase de sociedad competitiva que Colombia quiere tener en el futuro. Una sociedad con más emprendedores flexibles, empresas altamente tecnificadas e integradas en procesos productivos con alto valor agregado, permitirán generar una economía basada en una sociedad más conectada y sensible a  los problemas locales y globales.

Empresas multinacionales de Chile, EE.UU. Brasil, México y España empezarán a aumentar su inversión industrial en nuestro país, debido a la estabilidad macroeconómica, a su ubicación y posicionamiento geo-estratégico, pero sobre todo, al nivel y calidad del capital humano para llevar y liderar proyectos empresariales en el sector de servicios, industrial y agroindustrial, implantando tecnología de punta y ofreciendo alternativas de innovación y desarrollo para generar nuevos y mejores productos y servicios made in Colombia.

Estas son ideas ejemplo de las áreas en las que el país debe centrarse para aumentar su competitividad regional e internacional, y aprovechar las oportunidades comerciales que se derivan de empresas de socios comerciales que pueden deslocalizar parte de su cadena de producción en Colombia:

• Centros de Investigación de productos bioquímicos y naturales.
• Investigación y desarrollo de productos de belleza naturales.
• Desarrollo de maquinaria y métodos para reciclar basuras.
• Investigación en ingeniería de alimentos.
• Elaboración de maquinaria y equipos asociados al sector del plástico y de la automoción y del sector eléctrico.
• Fabricación de equipos y dispositivos móviles orientados al sector de la domótica.
• Investigación en energías renovables: energía solar y energía eólica.  La idea es poder aprovechar zonas de Colombia con exposición al sol durante los 365 días del año, y generar posibilidades para que nuevos emprendedores puedan aprovechar este mercado.
• Acuerdos marco para que las universidades públicas y escuelas técnicas de educación superior puedan impartir cursos de formación en áreas como diseño industrial, eléctrico y electrónico, moldes, mecanizado de piezas, ingeniería de producción, ciclo de vida de desarrollo de producto, Project Management con las herramientas de las principales empresas de tecnología: Oracle, IBM, Siemens, Dassault Dystemes, PTC, Autodesk, SAP.

Espero que el Gobierno de Juan Manuel Santos, además de centrarse en la búsqueda de la paz, permita que en el debate de crecimiento y desarrollo económico haya una oportunidad para que se revise una política de Estado en materia de transferencia tecnológica y, de esta manera, se estudie seriamente el impacto que ello podría tener para el país.

Colombia tiene claramente la necesidad de abrir las puertas para que en la educación pública técnica – superior y en la privada se creen verdaderos centros de innovación y desarrollo en área productivas de interés estratégico para el desarrollo económico en diferentes departamentos y regiones del país.

* Desde Barcelona

Imágenes tomadas de: 

http://pisis.unalmed.edu.co/investigacion/nppindex.php

http://pulsodeopinion.blogspot.com/2011_06_01_archive.html

http://fuentesrenovables.blogspot.com/2010_10_01_archive.html

Un cacerolazo a las encuestas

Columna de opinión

Santiago Gómez

Un cacerolazo a las encuestas

La coyuntura política actual, compleja por el desarrollo de las negociaciones para dar fin al conflicto armado y por el posible efecto derivado del fallo de la CIJ, se podría ver modificada por la percepción cada vez menos positiva que sobre la dinámica del ejercicio de lo público dicen tener los colombianos.

Las dudas generadas por el hermetismo oficial de los voceros gubernamentales en Cuba han provocado, junto con el fallo de la CIJ, que hoy un 20% de colombianos que respaldaban el proceso hayan dejado de hacerlo.

El hermetismo de los voceros gubernamentales contrasta con las aireadas manifestaciones públicas de los guerrilleros que demuestran, en última instancia, que sus principales intereses siguen siendo lograr una mayor exposición mediática que los legitime internacionalmente y contar con más tiempo para recuperar su aparato militar.

Santos y su equipo no pueden caer en esa trampa nuevamente. Esas fueron las principales armas de Reyes, Cano y Jojoy en el Caguán. La inminente caída de los indicadores de aprobación, apoyo y credibilidad en las negociaciones en La Habana, combinada con el pesimismo nacionalista que generó el equivocado fallo en La Haya, no pueden desvirtuar la seria estrategia de aproximación  gubernamental a la finalización del conflicto armado.

El cierre de micrófonos evita darle una interlocución inconveniente a las Farc y elimina intromisiones innecesarias en el proceso de negociación. Las políticas de Estado que correspondan al más alto de los intereses como la búsqueda de la paz, no pueden modificarse por el ánimo de la opinión pública. La única forma verdaderamente democrática de amoldar las actuaciones de los gobernantes a los intereses de los gobernados debe seguir siendo el ejercicio cualificado del voto. Un país que no vota pero que, a posteriori, sí responde encuestas con entusiasmo no puede, de la nada, exigir escenarios de vinculación masiva en procesos que requieren de un hermetismo estratégico. La verdadera participación ciudadana debe darse en las urnas, no a través de Napoleón Franco. Ahora es un poco tarde, pero sobre todo irresponsable exigir que todos nos debemos sentar a hablar en La Habana.

Imagen tomada de: http://www.juventudrebelde.co.cu/international/2012-11-20/colombia-s-farc-decrees-cease-fire-for-peace-talks/

Publicado en Vanguardia Liberal de Bucaramanga, el 7 de diciembre de 2012, en: http://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/santiago-gomez/186501-un-cacerolazo-a-las-encuestas

¿Qué pensarán en Jinotega, Matagalpa o Nindirí?

Columna de opinión

César Niño

¿Qué pensarán en Jinotega, Matagalpa o Nindirí?

En estos momentos existe una gran incertidumbre colombiana, sabemos qué sucederá, hay un leve optimismo de unos, y otros como yo que contemplamos el peor escenario sobre el diferendo con Managua. ¿Qué pensarán en Jinotega, Matagalpa o Nindirí sobre el asunto?

Los medios de comunicación son un elemento clave en la difusión y canalización de la información, son ellos quienes aterrizan y bajan las discusiones de la alta política a un idioma digerible para la población.

Durante la última semana, los diarios han cubierto el asunto de la delimitación con Nicaragua de manera adecuada. Noticias, columnas de opinión de académicos, ex ministros, expertos en la materia y generadores de opinión han intentado mostrarle a la ciudadanía cómo el asunto del derecho del mar y las cuestiones de soberanía son importantes para la vida cotidiana del ciudadano de Bogotá, San Andrés y Toribío.

Pero me di a la tarea de consultar los principales medios nicaragüenses. Es curioso que las páginas de los periódicos del vecino país analicen tangencialmente el asunto, tan así que muchas veces es difícil encontrar la perspectiva del conflicto del lado opuesto al colombiano y, más paradójico aún, es que de las pocas columnas registradas en aquellos medios la fuente se remota a  académicos y expertos colombianos.

Pareciera, por un lado, que no hay quién hable de la controversia desde Nicaragua, y por el otro, que la censura del gobierno ha impedido que se discutan asuntos cruciales de alta política nicaragüense. La única pesquisa gruesa reposa en la página de la Cancillería, que más parece un portal de una agencia de turismo que de un Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hoy puedo afirmar que Nicaragua tiene una inmadurez comunicacional, si el fallo de la Corte es favorable para el país vecino, en Jinotega, Matagalpa y Nindirí no sabrán las implicaciones del caso y si es adverso, pasará inadvertido en los medios de ese país.

Sólo le diré a Ortega: "Comandante, salve usted la prensa".

Imagen tomada de: http://ardeymasnoticias.blogspot.com/2010/07/el-presidente-de-nicaragua-daniel.html

Un nuevo marco de relaciones para Bogotá y la Nación

Investigación- Territorios

Manuel Calderón Ramírez

Un nuevo marco de relaciones para Bogotá y la Nación

Hace algunos días, el Alcalde Mayor de Bogotá hizo públicos algunos trinos y mensajes en las redes sociales que hacían referencia a su enorme descontento frente al tratamiento que el gobierno nacional le ha dado a las relaciones con la ciudad. Incluso, llegó a manifestar que las posiciones de algunos funcionarios de alto nivel y ministros, han “deteriorado y destruido” los puentes que él ha tratado de construir y consolidar entre las dos administraciones. Temas como las declaraciones de la Superintendencia de Puertos y Transporte sobre el Sistema Transmilenio, así como la fricción que se presenta, desde hace algunos meses, entre el Ministro de Vivienda y el Alcalde en torno a la disponibilidad de suelo urbano, son para el mandatario capitalino algunos de los hechos que empañan y dificultan las relaciones entre las dos administraciones.

Adicional a ello, la creación de una Alta Consejería para Bogotá y Cundinamarca, fue interpretado por algunos como un hecho que obstaculiza la relación directa que deberían tener el Presidente y el Alcalde de la capital. Inicialmente, estas tensiones se han tratado de explicar a la luz de las diferencias ideológicas que se presentan entre Santos y Petro. Si bien es cierto que los dos líderes pertenecen a orillas distintas y expresan posiciones divergentes sobre la forma de solucionar los problemas y asuntos públicos, en muchas ocasiones han coincidido en agendas similares. Tres de los principales temas que planteó Gustavo Petro en la contienda presidencial del 2010 (derecho al agua, restitución de tierras y atención y visibilización a las víctimas del conflicto armado) han sido recogidos por Juan Manuel Santos como banderas de su gobierno.

Las posiciones ideológicas son solo un matiz de las relaciones que se presentan entre niveles de gobierno. En muchos otros contextos, estas diferencias de pensamiento o posiciones filosóficas no han sido obstáculo para tener una relación duradera y coordinada entre diferentes entidades territoriales. Prueba de ello, han sido los esquemas de “cohabitación” en Francia, donde los socialistas y los partidos de derecha han tenido que compartir espacios de poder y resolver cuestiones y problemas públicos, al armonizar sus agendas y acciones. En España, el PSOE y el PP tuvieron que coordinar y concertar políticas y acciones de gobierno en la Comunidad de Madrid, durante las administraciones de Rodríguez Zapatero, a nivel nacional, y de Esperanza Aguirre, en el ámbito autonómico.

 

La diversidad política es una de las características inherentes al esquema pluralista que trajo consigo la carta política del 91. Por lo tanto, siempre se presentarán múltiples opiniones y posiciones en torno a los problemas que se deben resolver en los territorios. Por tanto, las tensiones o posibles fricciones entre dos o más mandatarios no solo se enmarcan dentro de temas ideológicos, políticos o partidistas, sino que van más allá y responden a uno de las problemáticas fundamentales de los Estados contemporáneos: ¿cómo garantizar la coordinación y coherencia entre las políticas públicas y las acciones de gobierno entre dos o más niveles, cuando éstos cuentan con autonomía para la gestión de sus asuntos y gozan de un ámbito de competencias propio?

La resolución de tal cuestionamiento no es irrelevante. Por el contrario, exige una reflexión profunda sobre el espíritu de nuestro modelo de organización territorial, signado por la convergencia entre el carácter unitario del Estado y la descentralización de las entidades territoriales. De hecho, en los últimos años se han consolidado diferentes posiciones teóricas y conceptuales que hacen referencia a la necesidad de consolidar esquemas de gobernanza multinivel o modelos de gobierno multiescalar, como alternativa para asegurar la coherencia y la articulación entre las políticas públicas y las acciones de gobierno entre múltiples actores. Ello, teniendo en cuenta las siguientes características fundamentales de los Estados modernos.

En primer lugar, no hay modelos puros de organización territorial del Estado. Aún en los federales, se requiere cierta dosis de centralismo para el abordaje de determinados asuntos. Por tanto, hablar de federalismo o centralismo como conceptos excluyentes es caer en una discusión bizantina alejada de la realidad. Los problemas públicos y las demandas y aspiraciones ciudadanas requieren de la implementación de múltiples herramientas y esquemas para la provisión de bienes y servicios, entre los que se cuentan la descentralización y sus diferentes modalidades en el plano administrativo. Lo ideal es utilizar estos instrumentos (descentralización, delegación, desconcentración) según la naturaleza y los tipos de servicios y bienes públicos que se deseen proveer.

En segundo lugar, hay problemas y cuestiones que rebosan la capacidad de acción de un solo nivel de gobierno. Las políticas de vivienda, movilidad o asistencia social son una clara muestra de ello. A la par con las capacidades, las dimensiones de los problemas van más allá de las jurisdicciones y los límites políticos y administrativos fijados para cada entidad territorial. Temas como la ola invernal, la inseguridad ciudadana o la pobreza, conforman una evidencia, más que suficiente, para establecer que las demandas ciudadanas no tienen “fronteras”. La coordinación intergubernamental surge como un elemento clave para hacer frente a los temas que van más allá de la órbita o la esfera de influencia de un nivel de gobierno en particular.

En tercera instancia, en entornos nacionales caracterizados por la existencia de autonomía territorial, se pueden presentar “colisiones” de competencias, las cuales generan “zonas grises” en donde la responsabilidad o el margen de maniobra de los entes territoriales no son claros. La discusión sobre el carácter y la naturaleza de los Cerros Orientales de Bogotá fue una clara muestra de ello. Este se configuró como un asunto en el que las posiciones de la Alcaldía Mayor, la Gobernación de Cundinamarca, la CAR como autoridad ambiental y la Nación fueron divergentes y, en muchos casos, contradictorias.

 

Tal panorama exige la construcción de un nuevo arreglo institucional entre Bogotá y la Nación, a través del cual se consolide un marco de relaciones duraderas y armónicas entre los dos entes territoriales. Ello implica formalizar diferentes espacios y avanzar en la estructuración de instrumentos como el Contrato Plan: acuerdo multisectorial e intergubernamental para la formulación y ejecución de programas y proyectos de desarrollo en el marco de una visión de desarrollo territorial para Bogotá y la Región. En este contrato tendrán cabida todas las acciones, iniciativas y esfuerzos de las entidades nacionales que hoy tienen presencia en el territorio.

Este Contrato Plan debe partir de la construcción de una Agenda conjunta entre las dos entidades territoriales. En esta agenda, deben incluirse todos los temas de interés común para la Nación y Bogotá: Sistema Integrado de Transporte Público, vivienda y hábitat, cambio climático, superación de la pobreza y la pobreza extrema, lucha contra la corrupción, etcétera. La identificación inicial de sectores o ámbitos prioritarios puede reforzarse a través de la institucionalización de mesas técnicas entre las entidades nacionales y distritales responsables de la gestión sectorial correspondiente. Estos espacios podrían ser liderados tanto por el despacho del Alcalde Mayor o su Secretario General como por la Alta Consejería Presidencial. La idea es formalizar un espacio de encuentro periódico que permita la discusión y socialización de posturas y visiones sobre el futuro de la ciudad.

A la par con el Contrato Plan, es clave explorar mecanismos como la delegación de competencias nacionales hacia instancias u organismos distritales. Bogotá cuenta con múltiples capacidades y condiciones para ejecutar políticas nacionales, de acuerdo con los estándares y criterios de calidad requeridos. La delegación se desarrollaría bajo convenios de desempeño, a través de los cuales las entidades nacionales se comprometan a fortalecer capacidades, supervisar y hacer seguimiento a la gestión de los entes que reciben las competencias y a su vez, éstos organismos se responsabilizan por cumplir los objetivos de gestión definidos y prestar los servicios bajo parámetros de eficiencia y eficacia.

En última instancia, es clave fortalecer la Alta Consejería Presidencial para Bogotá. Esta debe ser una oficina de enlace y coordinación entre las entidades nacionales y distritales, en temas de interés común para las dos administraciones. Esta instancia debe liderar la construcción de una agenda común, así como estructurar un sistema de seguimiento y monitoreo a las acciones requeridas. Así mismo, podría convertirse en un aliado estratégico del gobierno distrital para canalizar aportes o recursos de entidades nacionales con presencia en la ciudad o para formular y presentar proyectos de desarrollo ante los fondos que conforman el Sistema General de Regalías (SGR). Una tarea clave de esta Consejería podría estar referida a la movilización de recursos nacionales y de cooperación internacional para la financiación o apalancamiento de proyectos de interés prioritario para la ciudad y su entorno. 

Imágenes tomadas de: http://www.elperiodicodechia.com/FrontPageLex/libreria/cl0060/73-14905-presidente-santos-y-alcalde-petro-acordaron-metro-ligero-para-bogota--el-periodico-de-chia-metro-ligero-para-para-bogota-y-la-region-de-la-sabana.htm

http://lapoliticadegeppetto.blogspot.com/2011/02/esperanza-aguirre-y-el-resto-de-mujeres.html 

http://m.semana.com/nacion/como-colombia-puede-reinventarse-partir-crisis/148789-3.aspx

http://www.absolut-colombia.com/los-cerros-orientales-de-bogota/

http://www.metroenbogota.com/movilidad-bogota/metro-de-bogota/gina-parody-adevierte-distrito-ha-presentado-tecnicos-para-metro-ligero-por-la-septima

Obama o Romney: ¿cuál es más conveniente para Colombia?

Investigación- Política exterior y defensa nacional

Alejandro Ramírez Restrepo


Obama o Romney: ¿cuál es más conveniente para Colombia?

Hoy eligen presidente en los Estados Unidos. Ya hemos hablado sobre cuál, entre Obama y Romney, resulta más conveniente para el mundo y para los Estados Unidos. Hoy nos referimos a Colombia.

Los empresarios colombianos han manifestado claramente que no existen, para Colombia, grandes diferencias entre los dos candidatos. Una vez firmado, ratificado y puesto en marcha el TLC entre nuestros dos países, este proceso hace parte de la realidad institucional y no será posible detener el proceso. Los recursos provistos por Washington para el Plan Colombia vienen siendo reducidos incrementalmente desde los días finales de la administración de George Bush y Obama, como en muchos otros aspectos de política exterior, no ha hecho cosa distinta a continuar con los lineamientos expuestos por su antecesor.

En el corto y mediano plazo encontramos, pues, que entre los dos candidatos líderes no existen diferencias contundentes que afecten de una u otra manera a los intereses colombianos. Pueden existir gustos que nos hagan admirar más a uno que otro, pero utilizando el prisma frío del interés nacional, definitivamente podemos encontrar que no habrá grandes cambios o diferencias entre Obama y Romney para Colombia.

Esto nos puede llevar también a resaltar que esa inexistencia de diferencia de posiciones, surge debido a la irrelevancia natural que Colombia tiene para el país del norte. Hace cuatro años, fuimos nombrados en varias ocasiones por los candidatos, especialmente por quien resultó siendo el derrotado, el republicano John McCain. La verdad sea dicha, esa notoriedad no revirtió en resultados positivos. Si, incluso, McCain hubiese resultado electo presidente, apoyando al gobierno colombiano del momento en su búsqueda por la ratificación del ya mencionado TLC, en 2008 los demócratas no solo mantuvieron el control de las dos cámaras, sino que obtuvieron una supermayoría en el senado de 60 votos. La tramitación definitiva del TLC, seguramente, hubiera sido igual o incluso, más tortuosa de lo que en definitiva resultó ser.

Pero para este comentarista, en el largo plazo, y en la perspectiva estratégica sí existe un candidato más favorable, nuevamente, para el interés nacional colombiano. Este es Barack Obama.

En los Estados Unidos se celebran de cuando en cuando guerras por diversos asuntos sociales. El voto de las mujeres, los derechos civiles, la revolución sexual, el aborto, son algunos de estos eventos que durante el siglo XX, mal que bien, fueron resueltos favoreciendo lo que podríamos describir como posiciones progresistas.

Hoy estamos asistiendo a nuevas y renovadas guerras sociales. Los derechos de las uniones y matrimonios del mismo sexo, migración, el aborto nuevamente, y las drogas. Este último atañe las fibras más profundas y sensibles de la realidad colombiana, y por lo tanto, como no, de su interés nacional.

Hoy 6 de noviembre, además de elegir presidente y congreso en cada uno de los estados que conforman la Unión americana, se someten a votación centenares, sino millares, de iniciativas que afectarán la vida de los habitantes de esas jurisdicciones, incluso en una medida mayor que la propia elección del presidente y del congreso.

Varias de estas iniciativas, en Colorado, Michigan, Oregon, Washington y Massachusetts, buscan legalizar de una u otra forma el consumo de la marihuana, no para fines médicos, como ya está establecido en estos estados, sino para uso recreativo. La Proposición 19 de hace dos años en el estado de California buscó hacer lo mismo pero resultó derrotada por un considerable margen, a tal punto que los californianos decidieron no impulsar la iniciativa en su estado este año.

Ni el presidente Obama, ni el candidato republicano Romney, se han referido a este tema. Si lo hubieran hecho, habrían expresado que dichas iniciativas son inaceptables y que no pueden ir en contravía de la normatividad federal. Sin embargo, Obama ha mostrado que puede abrazar, no solo privadamente, posiciones progresistas en estas guerras sociales. Lo hizo a propósito del matrimonio entre personas del mismo sexo, acabó con el Don’t ask don’t tell, ha promovido jueces a la Corte Suprema que no tienen entre sus planes revertirRoe vs. Wade (la sentencia que permite el aborto en la Unión), ha impulsado iniciativas como el DREAM Act, y aunque ante la Proposición 19 se mostró esquivo, su zar contra las drogas es Gil Kerlikowske, quien como jefe de policía de la ciudad de Seattle se caracterizó por impulsar un enfoque menos represivo contra las drogas, dándole baja prioridad a la persecución de delitos por posesión, especialmente marihuana.

Kerlikowske ha liderado en su nueva oficina, durante la administración Obama, un enfoque que, por ejemplo, ha eliminado el uso oficial del término “guerra contra las drogas” del discurso público. Obviamente, este es un cambio meramente cosmético pero entrega claras luces de hacia dónde desearían dirigir sus esfuerzos si llegasen a contar con el espacio político necesario para realizarlos. Y esto es, mudar el tema de las drogas de la órbita de la seguridad nacional, donde ha estado desde 1971 cuando Richard Nixon declaró dicha guerra, a la de la salubridad pública.

Romney, por ser el candidato republicano, parece ir en contra de todas estas posiciones. Pero sus antecedentes como gobernador de Massachusetts y como candidato al senado por ese mismo Estado, lo muestran liberal en algunas de estas posiciones, como la del aborto. Pero no cabría duda, que de ganar la presidencia, Romney buscaría centrar la posición de su partido en otras temáticas más apremiantes para los propios Estados Unidos. No quiere decir esto que Obama automáticamente  aceleraría ambiciosamente estos procesos, como el de las drogas, pero si vamos al campo de las probabilidades, podríamos ver que estas son mayores con él que con Romney.

Como puede inferirse, esta favorabilidad de Obama es a largo aliento. Está en el campo estratégico. Y por supuesto, muy importante, el liderazgo colombiano, no exclusivamente del gobierno, sino de los empresarios, los formadores de opinión y la academia, deben apuntar hacia esa misma dirección. La guerra contra las drogas ha sido carísima en sangre, tesoro y prestigio para Colombia. Debemos impulsar el debate internacional para buscar la transformación del estado de cosas actuales para que se acomoden en mayor medida a los intereses propios. Obama, se encuentra más alineado en esa dirección. No por gustos, sino por realidades políticas y antecedentes evidenciados. 

Después de las elecciones en Venezuela, ¿qué hay para Colombia?

Investigación- Política exterior y defensa nacional

Alejandro Ramírez Restrepo

Después de las elecciones en Venezuela, ¿qué hay para Colombia?

Hace ya varias semanas habíamos dicho acá que el resultado más conveniente para Colombia en las elecciones presidenciales de Venezuela era que se diera un triunfo de Hugo Chávez sobre Henrique Capriles. Acá, las consideraciones que dábamos se desprendían especialmente del momento en el que se encontraban, y se encuentran todavía, las negociaciones entre el gobierno colombiano y las Farc para dar fin al Conflicto Armado Interno, CAI, que no la obtención de la difusa paz.

De ninguna manera se manifestaba apoyo por parte de este comentarista al ideario político e ideológico que defiende y azuza en toda la región, y quiere creer él, en todo el mundo, el teniente coronel Chávez, ocupante desde 1999 del Palacio de Miraflores. En concordancia con esto, debemos afirmar que nos inquieta saber qué está haciendo el gobierno colombiano frente al futuro de Venezuela, más allá de las elecciones presidenciales, ya consumadas.

Ya hace unos días, el analista internacional Moisés Naím, presentó un sesudo y concreto comentario sobre qué le deparará a Venezuela y a sus vecinos y dependientes durante el corto y mediano plazo. Naím hizo un balance para Caracas desfavorable en lo concerniente a la economía. Los indicadores macroeconómicos son desalentadores; las relaciones obrero-patronales pésimas; el aparato productivo y exportador no-petrolero ha sido castrado y el petrolero ha sido golpeado por las ineficiencias y el derroche con que desde el gobierno central han manejado a PDVSA, la empresa estatal de petróleos, creando una sustancial reducción en la producción de barriles de crudo, especialmente desde el 2000, pasando de 3,15 Millones de Barriles por Día, MBD, a 2,24 MBD en 2011, y permitiendo que la industria se atrase con respecto a las tecnologías usadas y desarrolladas por el sector. La explosión de la refinería de Amuay, la más grande de Venezuela, y una de las cinco más grandes de todo el planeta, no fue una casualidad ni mala suerte.

Tengan en cuenta que Chávez, quien llegó a sugerir que los Estados Unidos eran los directos responsables del terremoto que devastó a Haití, por medio del uso de una súper-arma ubicada en el espacio, ni siquiera se le ocurrió decir que la terrible explosión en Amuay fue un atentado terrorista mundano, provocado aunque sea por sencillos y desalmados comandos especiales provenientes “del imperio”. La crisis de la industria petrolera en Venezuela es profunda y a Chávez le conviene cualquier cosa, menos que los ojos de la opinión pública, porque esto es sabido abiertamente por los expertos en los temas energéticos, se posen sobre el estado de las cosas en PDVSA.

Todo este oscuro panorama, heredado por Chávez de Chávez, arguye Naím, va a llevar a que este gobierno se vea obligado a tomar medidas dolorosas para sus ciudadanos y conlleve posiblemente a una crisis e inestabilidad similar a la que durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) permitió el surgimiento de la figura del mismo teniente coronel, entonces actor principal de una intentona golpista.

A esto debe sumársele la salud del presidente, la cual seguramente no es solo secreto para los ciudadanos del común, sino también para muchos de sus más cercanos colaboradores. En los regímenes con características autoritarias, la información acerca de la “durabilidad” del líder del sistema es fundamental para mantener la supervivencia propia y del grupo de intereses que se representa. Si las horas están contadas para Chávez, como muchos de manera poco cristiana lo desean, es mejor que revalúen dicho deseo, puesto que quien llegue al poder, sea “amigo” de Colombia (¿quizás Maduro?, por lo menos por estos últimos días) o “enemigo” de Colombia (¿quizás el ministro de defensa, general Rangel?), deberá seguramente endurecer sus posiciones para afianzarse o hacerse con el poder, especialmente en temas que muevan el opinómetro nacional, y Colombia siempre está en el tope de esta lista para los venezolanos: postchavistas, chavistas y prechavistas.

Decía que el análisis de Naím era sesudo, pero en sus conclusiones le termina ganando el corazón al cerebro, surgiendo claramente su condición de ciudadano venezolano y opositor al actual mandatario de su país:

“¿Qué hacer? En vista del control de Chávez sobre la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y los demás órganos del poder, si él decide cambiar la Constitución [para conservar su régimen más allá de su propia existencia] es difícil que la sociedad civil y las fuerzas políticas lo puedan impedir. La única esperanza es que los líderes democráticos del mundo alcen su voz en protesta y exijan a Chávez que abandone sus pretensiones dinásticas y permita que su sucesor sea elegido por el pueblo. Será la oportunidad, por ejemplo, para que Dilma Rousseff o Lula da Silva rompan con el silencio que Brasil ha mantenido con respecto a las conductas poco democráticas de Chávez. Ya es hora de dejar de felicitarlo y comenzar a exigirle que respete los principios básicos de la democracia”.       

La comunidad internacional no puede y más importante, no quiere, mover un dedo para sacar a sombrerazos a Chávez y su régimen. Declaraciones surgirán condenando los exabruptos del moderno dictador pero ni la fuerza (por ejemplo por parte de Colombia), ni el interés (por ejemplo por parte de EUA o incluso el Brasil) existen. Es un problema de los venezolanos (tal como afuera de Colombia muchos piensan y sienten que nuestro CAI es nuestro problema). Poniendo esto en términos dramáticos la cosa se resolverá como el año pasado en Libia, después de unos buenos años, o como ha terminado siendo hasta hoy en Cuba.

Por su parte, a Brasil le encanta (satisface su interés nacional y eso es lo que importa para las naciones y los Estados serios) que Chávez adopte su posición de héroe antiimperialista. Sin mucho esfuerzo, tiene un parlante que incomoda a uno de sus rivales geoestratégicos a nivel global como lo es Washington, y sepan ustedes también, a uno potencial a nivel regional, como lo es (debería ser) Bogotá.

Entonces, ¿qué hay para Colombia después de las elecciones del pasado 7 de octubre? Es deber de la nueva Agencia Nacional de Inteligencia, en vez de andar, supuestamente, chuzando a comentaristas y a otra gente por ahí, crear una seria estrategia para saber quién viene después de Chávez, y más importante, cómo influir de manera soterrada, pero efectivamente, ese proceso. Asimismo, cómo mantener, durante el mayor tiempo posible, la estabilidad en la relación entre los dos países. Lo que tenemos hoy, desde el 10 de agosto de 2010, fecha del encuentro entre Santos y Chávez en Santa Marta no es perfecto pero si es un escenario aceptable y, sin duda, favorece los fríos intereses colombianos. Quizás no los exigentes parámetros que los principios democráticos y humanitarios enaltecen, pero si consolidan en un mundo imperfecto la posición de Colombia, en su frágil interior (Farc) y en la región. ¿O por qué creen, por ejemplo, que el señor Rafael Correa, cliente de Chávez, no posee un tono altisonante como en otros días contra Colombia?

aramirez@fundaciónkios.org

Imágenes tomadas de:

http://visiondesdecuba.com/2012/04/13/venezuela-festeja-su-abril-de-victorias/

http://www.elestenoticias.com/fotos-explosion-de-la-refineria-amuay

http://undiadijo.wordpress.com/2010/05/17/moises-naim/ y

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/el-nuevo-mando-de-las-farc-entre-ivan-marquez-y-timochenco-51920

Verificaciones varias sobre la paz (II)

Columna de opinión

Gnothi Seauton

Verificaciones varias sobre la paz (II)

Hacia las tres de la tarde, hora de Oslo, Noruega, ocho de la mañana, hora de Colombia, inició una rueda de prensa entre los representantes del gobierno colombiano y de las Farc, para dar inicio oficial a las negociaciones que tienen por meta dar fin al Conflicto Armado Interno, CAI, que viene aquejando a Colombia desde hace aproximadamente medio siglo.

Esta es la segunda entrega de esta serie (acá el link a la primera) y seguramente no la última, puesto que es nuestro objetivo que con el paso del tiempo entremos a esclarecer con estos análisis los acontecimientos que se vayan ocurriendo en el proceso de paz que hoy inicia el gobierno de Santos.

¿Por qué estas negociaciones tienen su inicio en Oslo, Noruega?

Por razones prácticas, estratégicas y mundanas. Con cinco millones de habitantes y poseedor de inmensas riquezas fósiles y pesqueras que le permiten contar con el asombroso ingreso per cápita de US$96.940 (el de su vecina Suecia es de US$60.130 y el de Colombia es de US$7.650), según The World in 2012 del semanario inglés The Economist; sede del Comité Nobel del Parlamento Noruego, responsable de entregar el Premio Nobel de Paz y con una larga y respetable tradición de colaboración en la resolución pacífica de conflictos en lugares como Sri Lanka, Burma, los Balcanes, Guatemala, Eritrea y el Medio Oriente, así como en cooperación internacional, Noruega reúne suficientes elementos para convertirse en un tercero facilitador práctico de las negociaciones entre gobierno y las Farc.

Los alcances estratégicos que tenga Noruega en la negociación para cada una de las partes se desprenderán de la habilidad de estas. El Estado colombiano buscará por medio de Oslo, apoyo político en instituciones tan críticas a Colombia como el Euro-Parlamento y las mismas sociedades europeas que normalmente observan con recelo a la institucionalidad colombiana, mientras que por diversas razones, encuentran atractivos a los movimientos de “liberación nacional”, como pueden ser equivocadamente consideradas las Farc. Adicionalmente, el gobierno colombiano buscaría que Oslo se convirtiera en uno de los lobistas de cabecera de Colombia para obtener ingentes recursos de cooperación internacional para atender programas dentro en un escenario de posconflicto.

Por su parte, las Farc buscarán recobrar en los círculos de poder y, sobre todo, de opinión en el viejo continente, la relevancia y respetabilidad que pudieron llegar a tener hasta los años del Caguán. Esto es vital para ellos, bien sea en un escenario de posconflicto, o bien en uno en el que las negociaciones no lleguen a un arreglo y el CAI continúe. Imponer ideas y mensajes como “movimiento de resistencia” y “actor beligerante”, siempre será un activo valioso para este grupo armado ilegal.

Lo mundano se puede encontrar en la búsqueda escondida, seguramente de las dos partes, del reconocimiento internacional e “histórico”, gracias a una posible obtención del Premio Nobel de Paz. Sin embargo, dicho reconocimiento puede convertirse, dadas algunas circunstancias, en un elemento, no solo práctico, sino también estratégico para la consolidación de los acuerdos entre las partes. En algunas teorías y casos de este tipo de negociaciones, a veces se encuentra que la existencia de un tercero fuerte y poderoso resulta valiosísima para la consolidación y sostenimiento de los arreglos. Normalmente, en el caso colombiano, este rol es indilgado a países como los Estados Unidos o incluso Venezuela o a organizaciones como la ONU. Pero podríamos aventurarnos a afirmar que un galardón de esta categoría podría hacer las veces de un tercero fuerte y poderoso. Una vez el laurel se encontrase en las vitrinas, resultaría excesivamente costoso, en términos de prestigio, confianza y apoyo para cualquiera de las dos partes, incumplir lo que se haya pactado.  

¿El rol de los periodistas debe ser y será neutral? ¿Favorecerá a alguno de los bandos?

Depende exclusivamente de cada uno de los medios. Colombia es una democracia. Limitada e  imperfecta, pero al tiempo que ha existido en el país el CAI, esas instituciones democráticas han ido creciendo y madurando poco a poco. Una de las características de esta democracia es la libertad de la prensa y como la gran mayoría de los periodistas y los medios lo han indicado, hablando de este tema, o por ejemplo, de aquellos relacionados con las reservas legales durante los juicios, como puede observarse claramente en este contundente editorial de El Espectador, el deber de los medios es informar y punto.

Yendo al editorial en cuestión, vemos que los medios y el ordenamiento jurídico colombiano, que es democrático en esencia, conciben de manera fervorosa que cualquier información que llegue a las manos de los periodistas, sea “por voluntad o por descuido” de quienes tengan la información, terminará siendo publicada o no, total o parcialmente, por decisión exclusiva y legal de los propios periodistas. Esa es su razón de ser y su deber.

Por lo tanto, conociendo a las partes, y no siendo ingenuos, entendemos que van a usar la información como una herramienta, como un arma para mejorar sus posiciones negociadoras. Sea por medio de la filtración soterrada, la filtración abierta, o el detenimiento completo del flujo de la información.

Los flashes informativos, los cubrimientos especiales, las entrevistas exclusivas, los accesos a documentos secretos y los chismes que vamos a encontrar en estos meses deben ser entendidos siempre como parte de la negociación. No son ejercicios inocentes. Podría decirse que se debe aplicar ese aforismo que dice “piensa mal y acertarás”, y así lo debe entender la opinión pública, como también, debe decirse, desafortunadamente, los mismos formadores de esta así como los dirigentes políticos, económicos y militares. La información es poder y, en ese sentido, un arma más.

Recalcando el carácter democrático del Estado colombiano, valdría afirmar los medios sí deberían escoger un bando, y este debería ser el de la legalidad, sin que esto signifique un arrodillamiento o un pliegue descarado y grosero a todas las posiciones e informaciones oficiales. Quizás ya sea muy tarde para adelantar esta discusión, pero vale la pena dejar esta constancia en el récord.       

Y la pregunta del millón: ¿cuál es el precio que está dispuesta a pagar la sociedad colombiana para dar término al CAI y a la existencia de la marca Farc? ¿Cómo establecer ese precio?

Esa es su decisión y responsabilidad, señ@r lect@r. En el programa de la noche del miércoles 17 de octubre de Caracol Televisión, 7/24, dirigido por Luis Carlos Vélez, Felipe Zuleta afirmaba con su acostumbrado desparpajo, que lo que buscaban las Farc, y con ella se refería a la dirigencia y a algunos mandos medios, “los treinta que están en Oslo y Timochenko”, era blanquear sus capitales y su situación jurídica porque, sencillamente, “están mamaos”. Mientras tanto, quién lo acompañaba como panelista invitado, Alberto Bernal, investigador y columnista, argüía que él no veía un resultado distinto a una Constituyente en donde tuvieran lugar las Farc y con ello buscaran realizar severos cambios a las instituciones existentes, a lo que Zuleta replicaba que eso no podía ser así porque las Farc, según el comentarista de Blue Radio, un personaje como Timochenko, no tenía “más de siete mil votos”.

Kíos y Gnothi Seauton han manifestado hasta la saciedad en diversos comentarios (Las santas Farc… y A poner las Farc en su sitio, por dar solo dos ejemplos), que considerar a este grupo armado ilegal como “el” problema colombiano no es más que un craso error que evidencia un serio desconocimiento de las realidades nacional y global. Si se entiende esto, si se interioriza esta realidad, se le podrá dar el trato que las Farc se merecen, o por lo menos el que sea más práctico y conveniente, no para esa organización, hoy todavía señalada como terrorista, sino para la legalidad y la institucionalidad colombianas.   

A informarse y decidir.

Verificaciones varias sobre la paz (I)

Columna de opinión 
Gnothi Seauton

Verificaciones varias sobre la paz (I)

Durante los próximo días, en la víspera de la iniciación de las negociaciones entre el gobierno nacional y las Farc, presentaremos algunos comentarios sobre ideas, frases y conceptos que han surgido, especialmente, después de que ya hace un mes el presidente Juan Manuel Santos presentó ante la opinión pública las conversaciones que venía adelantando con las Farc con el objetivo de dar término definitivo al conflicto que ha existido en el país desde hace más de medio siglo.

Buscamos, pues, proveer una visión rigurosa y lo más desapasionada posible sobre un tema que tiene tanta resonancia en el acontecer nacional como el relacionado con las Farc. En definitiva, nuestro objetivo es brindar una perspectiva ajustada a la realidad sobre lo que se le viene al país en los próximos meses.

¿En Colombia existe un conflicto político y social o un Conflicto Armado Interno, CAI?

Definitivamente existe lo segundo. Esclarecer esta diferencia no es un asunto baladí. De hecho, es un asunto medular que dictaminará el destino de la negociación entre el gobierno nacional y las Farc. La opinión pública, calificada o no, así como los formadores de esta, tanto de derecha como de izquierda, han coincidido casi que al unísono a lo largo de las últimas cinco o seis décadas de que en Colombia existía un conflicto, que además de armado, era político y social y este explicaba la Violencia y las otras violencias, anteriores y posteriores.

Este discurso se enquistó en la clase dirigente y en la ciudadanía en general, y hasta en los actores internacionales interesados en Colombia. Las causas objetivas del conflicto debían ser solucionadas para que al país pudiera descender la añorada paz. Este discernimiento llegó a su máximo cénit durante los diálogos en El Cagüán. La agenda acordada a ser adelantada por las partes, exhibía por todos lados estos planteamientos. Todos los temas debían ser tratados allí. ¡Absolutamente todos! Esta fue una de las razones que impidió que dicho proceso avanzara.

Desde el gobierno Uribe se planteó tajantemente un cambio en la aproximación al problema de las Farc, pero este gobierno se enredó solo cuando desestimó la existencia del conflicto, precisamente porque lo asumió como lo que no es, es decir como un concepto social y político, y no como lo que significa realmente, un concepto jurídico internacional que no busca resolver los conflictos, sino regularlos. Punto.

En definitiva, en Colombia sí existe el Conflicto Armado Interno, que es una figura creada dentro del marco de la ley internacional y específicamente dentro de la ley de los conflictos. Por supuesto, en Colombia existen graves inequidades de todo tipo, pero como lo ha señalado el presidente Santos, estas no deben ir a la mesa para ser resueltas. El objetivo de las negociaciones debe ser ponerle fin al Conflicto Armado Interno. Ni las desigualdades, ni buena parte de la violencia, desaparecerán de Colombia al firmar acuerdos de paz entre el gobierno y los grupos armados ilegales. 

Cuando el proceso de paz se firme ¿vamos a crecer dos puntos más en el PIB? ¿Seremos “imparables” como lo dijo enfáticamente el presidente Santos en su discurso del 5 de septiembre?

No. Este tipo de afirmaciones surgen de la creencia incrustada en el país de que nuestro atraso y nuestras dolencias son provocados por este CAI, y no que este es un síntoma de las limitaciones y fallas existentes en nuestro Estado y sociedad. Las Farc no existen simplemente porque haya pobreza o porque el Estado no pueda proveer salud y educación. Fundamentalmente, existen porque el Estado colombiano ha sido patéticamente débil en forjar el control territorial sobre su extensísima y agreste geografía, a lo que se le debe sumar la existencia de una dirigencia desconcertantemente desconectada con la importancia cardinal de esa función de los Estados, y la aparición en décadas recientes del fenómeno del narcotráfico en su mayor esplendor.

El crecimiento y desarrollo económicos están dados, hoy por hoy y más que nunca en la historia de la humanidad, por la presencia de infraestructuras que conlleven a un severo aumento de la productividad, y especialmente, por la existencia de un sistema educativo que entrene y prepare con altísimos estándares, ejércitos de trabajadores, dueños de habilidades propias de la economía del conocimiento. Naciones con serias amenazas a su seguridad nacional han comprendido esto, y han establecido y consolidado serios programas educativos, así como de creación y mejoramiento de infraestructura. 

India es un caso reciente. China es otro. El caso colombiano palidece frente al caos reinante al interior de ese país durante los años cuarenta del siglo pasado. 
La afirmación del presidente se debe entender más como parte de una estrategia de comunicaciones que pretende inspirar a los ciudadanos. Esa sí es una de las funciones más importantes de los líderes nacionales y por ello debe hacer uso de estos recursos, que más que datos serios y confiables, son hipérboles que ayudan a vender un “producto o servicio” y a fortalecer su imagen para ser rentabilizada en mayores márgenes de gobernabilidad. 

¿La agenda es compleja y extensa o sencilla y comprimida?

La agenda es realista y práctica. Entre la agenda acordada en El Cagüán y la que discutirán desde el próximo 17 de octubre gobierno y Farc, existen abismales diferencias, tanto de forma como de fondo. Aunque especialmente los dos primeros puntos de la actual podrían ser descritos como estructurales, los problemas de la tierra y de la participación política, debieron ser incluidos para que la guerrilla pudiera salvar su cara. La Ley de víctimas y restitución de tierras, así como el surgimiento de figuras políticas como Gustavo Petro, Antonio Navarro y Carlos Gaviria, no dejan mucho espacio a las Farc para discutir seriamente estos temas.

Si las Farc se empeñan en proponer la realización de una reforma agraria que, por ejemplo, obvie por completo los derechos de propiedad, no existirá mucho espacio para avanzar dentro de la mesa. Pero si llegan a un arreglo, que incluya coincidencias sobre estos, en la historia del país quedará escrito que las Farc colaboraron en la solución de estos problemas y podrán utilizarlos como credenciales cuando se conviertan en un partido o movimiento político. Sin estos dos puntos, las Farc estarían simple y llanamente sometiéndose a la justicia, algo que ellos no están dispuestos a realizar por ningún motivo.

Los otros tres temas son en definitiva más prácticos porque se encuentran más cercanos a la realidad. Mecanismos para la desmovilización, el tema del narcotráfico y los derechos de las víctimas, resultan ser las variables que definirán concretamente cómo será el paso de esta insurgencia de la ilegalidad a la legalidad. Debe resaltarse que el asunto particular del narcotráfico no será resuelto en Colombia por este proceso, sino que dependerá de decisiones que se tomen en el exterior, pero por ello mismo el futuro de las Farc dependerá de cómo se responda a preguntas tales como si deben o no extraditarse a los guerrilleros solicitados por delitos de narcotráfico en los Estados Unidos. 

Imagen tomada de: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/9-2012-ley-de-tierras-la-apuesta-al-postconflicto.html