Columna de opinión
Gnothi Seauton
Durante los próximo días, en la víspera de la iniciación de las negociaciones entre el gobierno nacional y las Farc, presentaremos algunos comentarios sobre ideas, frases y conceptos que han surgido, especialmente, después de que ya hace un mes el presidente Juan Manuel Santos presentó ante la opinión pública las conversaciones que venía adelantando con las Farc con el objetivo de dar término definitivo al conflicto que ha existido en el país desde hace más de medio siglo.
Buscamos, pues, proveer una visión rigurosa y lo más desapasionada posible sobre un tema que tiene tanta resonancia en el acontecer nacional como el relacionado con las Farc. En definitiva, nuestro objetivo es brindar una perspectiva ajustada a la realidad sobre lo que se le viene al país en los próximos meses.
¿En Colombia existe un conflicto político y social o un Conflicto Armado Interno, CAI?
Definitivamente existe lo segundo. Esclarecer esta diferencia no es un asunto baladí. De hecho, es un asunto medular que dictaminará el destino de la negociación entre el gobierno nacional y las Farc. La opinión pública, calificada o no, así como los formadores de esta, tanto de derecha como de izquierda, han coincidido casi que al unísono a lo largo de las últimas cinco o seis décadas de que en Colombia existía un conflicto, que además de armado, era político y social y este explicaba la Violencia y las otras violencias, anteriores y posteriores.
Este discurso se enquistó en la clase dirigente y en la ciudadanía en general, y hasta en los actores internacionales interesados en Colombia. Las causas objetivas del conflicto debían ser solucionadas para que al país pudiera descender la añorada paz. Este discernimiento llegó a su máximo cénit durante los diálogos en El Cagüán. La agenda acordada a ser adelantada por las partes, exhibía por todos lados estos planteamientos. Todos los temas debían ser tratados allí. ¡Absolutamente todos! Esta fue una de las razones que impidió que dicho proceso avanzara.
Desde el gobierno Uribe se planteó tajantemente un cambio en la aproximación al problema de las Farc, pero este gobierno se enredó solo cuando desestimó la existencia del conflicto, precisamente porque lo asumió como lo que no es, es decir como un concepto social y político, y no como lo que significa realmente, un concepto jurídico internacional que no busca resolver los conflictos, sino regularlos. Punto.
En definitiva, en Colombia sí existe el Conflicto Armado Interno, que es una figura creada dentro del marco de la ley internacional y específicamente dentro de la ley de los conflictos. Por supuesto, en Colombia existen graves inequidades de todo tipo, pero como lo ha señalado el presidente Santos, estas no deben ir a la mesa para ser resueltas. El objetivo de las negociaciones debe ser ponerle fin al Conflicto Armado Interno. Ni las desigualdades, ni buena parte de la violencia, desaparecerán de Colombia al firmar acuerdos de paz entre el gobierno y los grupos armados ilegales.
Cuando el proceso de paz se firme ¿vamos a crecer dos puntos más en el PIB? ¿Seremos “imparables” como lo dijo enfáticamente el presidente Santos en su discurso del 5 de septiembre?
No. Este tipo de afirmaciones surgen de la creencia incrustada en el país de que nuestro atraso y nuestras dolencias son provocados por este CAI, y no que este es un síntoma de las limitaciones y fallas existentes en nuestro Estado y sociedad. Las Farc no existen simplemente porque haya pobreza o porque el Estado no pueda proveer salud y educación. Fundamentalmente, existen porque el Estado colombiano ha sido patéticamente débil en forjar el control territorial sobre su extensísima y agreste geografía, a lo que se le debe sumar la existencia de una dirigencia desconcertantemente desconectada con la importancia cardinal de esa función de los Estados, y la aparición en décadas recientes del fenómeno del narcotráfico en su mayor esplendor.
El crecimiento y desarrollo económicos están dados, hoy por hoy y más que nunca en la historia de la humanidad, por la presencia de infraestructuras que conlleven a un severo aumento de la productividad, y especialmente, por la existencia de un sistema educativo que entrene y prepare con altísimos estándares, ejércitos de trabajadores, dueños de habilidades propias de la economía del conocimiento. Naciones con serias amenazas a su seguridad nacional han comprendido esto, y han establecido y consolidado serios programas educativos, así como de creación y mejoramiento de infraestructura.
India es un caso reciente. China es otro. El caso colombiano palidece frente al caos reinante al interior de ese país durante los años cuarenta del siglo pasado.
La afirmación del presidente se debe entender más como parte de una estrategia de comunicaciones que pretende inspirar a los ciudadanos. Esa sí es una de las funciones más importantes de los líderes nacionales y por ello debe hacer uso de estos recursos, que más que datos serios y confiables, son hipérboles que ayudan a vender un “producto o servicio” y a fortalecer su imagen para ser rentabilizada en mayores márgenes de gobernabilidad.
¿La agenda es compleja y extensa o sencilla y comprimida?
La agenda es realista y práctica. Entre la agenda acordada en El Cagüán y la que discutirán desde el próximo 17 de octubre gobierno y Farc, existen abismales diferencias, tanto de forma como de fondo. Aunque especialmente los dos primeros puntos de la actual podrían ser descritos como estructurales, los problemas de la tierra y de la participación política, debieron ser incluidos para que la guerrilla pudiera salvar su cara. La Ley de víctimas y restitución de tierras, así como el surgimiento de figuras políticas como Gustavo Petro, Antonio Navarro y Carlos Gaviria, no dejan mucho espacio a las Farc para discutir seriamente estos temas.
Si las Farc se empeñan en proponer la realización de una reforma agraria que, por ejemplo, obvie por completo los derechos de propiedad, no existirá mucho espacio para avanzar dentro de la mesa. Pero si llegan a un arreglo, que incluya coincidencias sobre estos, en la historia del país quedará escrito que las Farc colaboraron en la solución de estos problemas y podrán utilizarlos como credenciales cuando se conviertan en un partido o movimiento político. Sin estos dos puntos, las Farc estarían simple y llanamente sometiéndose a la justicia, algo que ellos no están dispuestos a realizar por ningún motivo.
Los otros tres temas son en definitiva más prácticos porque se encuentran más cercanos a la realidad. Mecanismos para la desmovilización, el tema del narcotráfico y los derechos de las víctimas, resultan ser las variables que definirán concretamente cómo será el paso de esta insurgencia de la ilegalidad a la legalidad. Debe resaltarse que el asunto particular del narcotráfico no será resuelto en Colombia por este proceso, sino que dependerá de decisiones que se tomen en el exterior, pero por ello mismo el futuro de las Farc dependerá de cómo se responda a preguntas tales como si deben o no extraditarse a los guerrilleros solicitados por delitos de narcotráfico en los Estados Unidos.
Imagen tomada de: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/9-2012-ley-de-tierras-la-apuesta-al-postconflicto.html
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