Investigación- RSE
Santiago Gómez Mejía
RSEM en Colombia
“Colombia [desafortunadamente aún] ve
lo ambiental como un tema
estrictamente jurídico y de trámites…
El proceso pedagógico, el disfrute
de la inclusión de las variables ambientales
y sociales en la planeación de proyectos de
desarrollo se ha perdido”
(Ibáñez, 2007, p.54)
A pesar de su tamaño relativamente pequeño, Colombia es el segundo país más diverso biológicamente en el mundo y hospeda casi el 10% de las especies que habitan el planeta. El país puede evidenciar la presencia en su territorio de más de 1.800 especies de aves, más de 620 de anfibios, más de 450 de mamíferos, 518 de reptiles, casi 3.200 de peces y más de 51.000 de plantas. Sin embargo, toda esa riqueza es amenazada permanentemente por procesos de colonización indiscriminados, la caza, la tala, la minería, el tráfico ilegal de fauna, el conflicto interno y los hábitos de consumo de sus habitantes. Cada año desaparecen casi 200.000 hectáreas de bosque y existen en la actualidad 79 especies animales en grave peligro de extinción, más que en cualquier país de Sur América (“Colombia: Environmental Profile”, 2006; IUCN, 2009). Estos indicadores hacen que cualquier acción de RSEM que se desarrolle en el país tenga impactos ponderadamente importantes para el equilibrio de los ecosistemas a nivel mundial, lo que implica también que nuestra responsabilidad frente a la protección de los ecosistemas es mayor que en muchos otros países[1].
Además, en Colombia existe una cada vez más completa legislación para obligar a la protección medioambiental, contemplando leyes sanitarias (Ley 9/1979), para el manejo de residuos sólidos (Ley 99/1993, Decreto 849/2002), especiales (Resolución 2309/1986), peligrosos (Ley 430/1988), hospitalarios (Decreto 2676/2000 y Decreto 1669/2002), leyes que regulan los servicios públicos domiciliarios, con altos contenidos ambientales (Ley 142/1994), pero también otras que establecen beneficios tributarios a empresas que aporten, mediante un proceso productivo limpio, a la conservación del medio ambiente (Decretos 3172 y 2755/2003, Decreto 2532/2001, Resolución 486/2002). Y adicionalmente, las empresas colombianas están sujetas a reglamentos y normas técnicas de calidad ambiental como la ISO 14000, de aplicación mundial pero voluntaria, con el fin de dar herramientas para el control de los efectos nocivos de la producción sobre los ecosistemas, cuyas certificaciones aumentaron entre 2005 y 2006 en casi un 8% en el país (“Las bondades de la ISO 14000 en el impacto ambiental”, 2007).
Incluso, dicha normativa ambiental contempla acciones preventivas y sancionatorias para las empresas que incumplan lo establecido, apoyada en los artículos 330 al 333 del código penal, que tipifican delitos ambientales y autorizan al CTI de la Fiscalía General de la Nación para realizar investigaciones sobre el tema.
Pero también, adicionalmente a la jurisprudencia desarrollada, existen otras iniciativas que promueven y velan por el sostenimiento ambiental en Colombia. Por ejemplo, a través del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible-CECODES, que actúa como el capítulo colombiano para el WBCSD, se promueven prácticas empresariales de ecoeficiencia, entendida esta como: “el proceso continuo de maximizar la productividad de los recursos, minimizando desechos y emisiones, y generando valor para la empresa, sus clientes, sus accionistas y demás partes interesadas”(CECODES, “Ecoeficiencia”, 2009).
CECODES, fue creado en 1993 por empresarios colombianos con el fin de orientar, a partir de iniciativas privadas, el desarrollo sostenible. Actualmente está conformado por 31 empresas y 3 gremios de las áreas más importantes de la económica colombiana: minería, petróleo, agroindustria, manufactura, comercio, banca y seguros. Sus asociados representan hoy más del 5% del PIB, son responsables de más de 400.000 empleos directos e indirectos, y exportan más de US$1.600 millones de dólares al año (CECODES, “Asociados”, 2009).
En el aspecto ambiental de la RSE, la Cámara de Comercio de Bogotá documentó el avance favorable de la preocupación de las empresas capitalinas por el tema, argumentando que de las 228.000 empresas inscritas, 1.500 habían recibido asistencia en programas ambientales a 2007 (“Responsabilidad Social Ambiental, un modelo de negocio”, 2007).
En general, Colombia puede documentar avances significativos frente a la protección medioambiental: a) según el Ecological Footprint and Biocapacity Index de 2008, su huella ecológica[2] era de 1.8 hectáreas globales per cápita (National Footprint Accounts, 2008); y b) de acuerdo al Environmental Performance Index de 2008[3], Colombia ocupa el noveno puesto entre 149 países evaluados (Environmental Performance Index, 2008).
Aunque estos índices han recibido algunas críticas[4], muestran desempeños positivos para Colombia, que aunque deben ser valorados con prudencia, afirman la idea de que en este país las preocupaciones medioambientales ocupan un lugar prioritario en la agenda pública y en la opinión, un lugar más alto que en la mayoría de los países en vía de desarrollo de ingreso medio.
Sin embargo, a pesar del desempeño positivo que evidencian dichos índices, persisten aún problemas muy serios que Colombia aún debe resolver, como por ejemplo: a) la deficiente calidad del agua que se consume en el país; b) la existencia de numerosos subsidios públicos para la producción agrícola y el uso de insumos agroquímicos, lo que exacerba las presiones ambientales, mientras promueve su uso, la expansión de la frontera agrícola y la sobreexplotación de recursos naturales; c) el alto porcentaje de habitantes que usan combustibles fósiles en espacios cerrados como fuente de energía, lo que genera la suspensión en el aire de partículas dañinas para la salud y d) preocupantes índices de conservación y protección de especies de fauna y flora, tanto marina como terrestre (Environmental Performance Index, 2008).
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
1. “Colombia: Environmental Profile”, (2006), [En línea], disponible en: http://rainforests.mongabay.com/20colombia.htm, recuperado: 10 de junio de 2011.
2. “Environmental Performance Index- EPI”, (2008), [En línea], disponible en:
3. Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, (2009), “Asociados”, [En línea], disponible en: http://www.cecodes.org.co/asociados/index.htm, recuperado: 26 de Mayo de 2011.
4. Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, (2009), “Ecoeficiencia”, [En línea], disponible en: http://www.cecodes.org.co/ecoeficiencia/index.htm, recuperado: 26 de Mayo de 2011.
5. “Las bondades de la ISO 14000 en el impacto ambiental”, (2007), en Periódico La República, [En línea], disponible en: http://www.larepublica.com.co/RSE/op231.htm, recuperado 25 de mayo de 2011.
6. Ibáñez, M. (2007), “Responsabilidad social y medio ambiente: buscando los lazos”, en Responsabilidad Sostenibilidad, número 1, p.54-55.
7. National Footprint Accounts, (2008), “Ecological Footprint and Biocapacity Index”, [En línea], disponible en: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_nations/ , recuperado: 10 de junio de 2011.
8. “Responsabilidad social ambiental, un modelo de negocio”, (2007), [En línea], disponible en: http://www.larepublica.com.co/RSE/op121.htm, recuperado: 26 de mayo de 2011.
[1] En Colombia se ubica uno de los 25 puntos biodiversos (biodiversity hotspots en inglés) del mundo. Un punto biodiverso es una región geográfica que cuenta con una importante diversidad biológica amenazada y debe cumplir dos condiciones: a) tener por lo menos el 0.5% o 1.500 especies de plantas endémicas y b) haber perdido por lo menos el 70% de su vegetación primaria. El paradigma de los biodiversity hotspots, por su parte, defiende que hay ambientes y especies únicas en dichas zonas cuya pérdida representaría una pérdida global, como en el caso colombiano. Pero la responsabilidad de su conservación debe ser compartida de alguna forma por entidades supranacionales, gobiernos, empresas y sociedad civil. La posición del Sur históricamente ha sido que si el Norte se enriqueció a costa de la explotación salvaje de sus propios recursos, no pueden exigir hoy que los países en vía de desarrollo no exploten los propios de igual forma. Aunque el debate permanece aún vigente, es importante reconocer las contradicciones que evidencia el discurso medioambiental de los países desarrollados, quienes son aún los mayores contaminadores del planeta.
[2] La huella ecológica mundial es una medida de la demanda humana por los recursos en los ecosistemas del planeta, calculada en número de hectáreas globales requeridas por la población total para suplir sus necesidades dado un estilo de vida y de consumo determinados. Compara la demanda humana de recursos naturales con la capacidad de la biosfera para regenerar los recursos demandados. Existen cálculos por país e incluso se puede calcular la huella ecológica individual en portales especializados como http://www.ecologicalfootprint.com/ o http://www.myfootprint.org/ . En 1961 la huella ecológica mundial indicaba que dados los hábitos de consumo de aquel entonces, la totalidad de habitantes del planeta requerían 7.000 millones de hectáreas para satisfacer sus necesidades. En 2005 se estimó que el índice había subido a 17.400 millones, el equivalente a 1.3 planetas. Es decir, en 2005, la humanidad usaba los servicios ecológicos que el paneta le proporcionaba 1.3 veces más rápido que la velocidad a la que éste podía renovarlos. (National Footprint Accounts, 2008)
[3] El Índice de Desempeño Ambiental (EPI, por su sigla en inglés) califica los esfuerzos de protección ambiental hechos por 149 países para 2008, midiendo dos aspectos centrales: a) la reducción de estrés ambiental infringido sobre la salud humana (Objetivo de Salud Medioambiental) y b) la protección de los ecosistemas y los recursos naturales (Objetivo de Vitalidad de los Ecosistemas), a través de la medición de 25 indicadores que representan elementos clave del reto que hoy enfrentan las políticas ambientales. Este ranking se basa normalmente en el cumplimiento de compromisos internacionales de los países evaluados, los cuales rara vez tienen valor
científico, pero siempre tienen una relevancia política.
científico, pero siempre tienen una relevancia política.
[4] Los países evaluados en estos índices deben reportar datos sobre su desempeño ambiental en varios aspectos. La mayoría de los países falla y muchos de los éxitos reportados tienen problemas de constatación en la práctica. Por ejemplo, Colombia tiene una calificación perfecta en el indicador EPI que indaga sobre la localización de sus parques naturales, pero ese indicador no puede evaluar cómo es el manejo, cuántos guardias hay, cuánto les pagan o cuánta deforestación se permite incluso dentro de dichos parques. Por eso los indicadores que presenta el EPI, en particular, pero en general todas las iniciativas similares a nivel mundial, son sólo índices imperfectos de lo que sucede a escalas más particulares. Sin embrago, lo anterior no los descalifica como metodologías pertinentes para cuantificar los avances que en materia medioambiental se evidencian a nivel mundial. Son perfectibles pero aún así ilustrativas.
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