Proyecto Especial Fundación Kíos
Por Carlos Mendoza Latorre
¿Qué y a quién representa la Constitución del 91?
Se ha dicho que la Constitución del 91 nos interpretó a todos, que es el último pacto nacional con el que estamos de acuerdo tras una historia de leyes y constituciones que, escrita por vencedores, logró expresar a sectores no victoriosos ni vencidos sino creyentes en un manifiesto civil sometido al control y examen de la Ley.
Los firmantes Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro Wolf representaron las vertientes de una nación en permanente revisión de sus acuerdos[1]. Ahí estaban el Partido Conservador, el Partido Liberal y la desmovilizada guerrilla del M19. La herencia, el trabajo y la disidencia. El statu quo, la emergencia y la rebelión. Eso representaron en su momento el establecimiento y la jerarquía conservadora de Álvaro Gómez; los ideales y anhelos de la lucha y el trabajo de Horacio Serpa y la disidencia de un grupo guerrillero que entregaba las armas, renunciaba a la violencia –hacía política- y aceptaba a nuevas reglas acabadas de reformular, para legitimarlas sometiéndose a ellas.
Este pacto se enfrentó a una realidad que no se cambia por decreto: la riqueza regional, los cacicazgos regionales, las condiciones de pobreza de la población y la emergencia de las fortunas del narcotráfico y con ello la gasolina de grupos subversivos, que le imprimieron una cuota de interés y de violencia a la política que han impedido una real participación de la ciudadanía. En suma, otros firmantes por fuera de la mesa y parte de la misma sociedad.
La Constitución del 91 supuso un cambio de la democracia representativa a la democracia participativa, involucrando mecanismos como los plebiscitos, los referendos, las consultas populares[2]. Pero la gente al parecer no puede pensar en política ni en proyectos de sociedad cuando todavía tiene en riesgo su propia supervivencia. El país ha estado sujeto a un modelo modernizador en sus mejores intenciones que se enfrenta a una realidad económica que jalona el individualismo y convierte al ciudadano en un consumidor de derechos sociales entendidos como favores y concesiones; los políticos se convierten entonces en esos intermediarios de una política extractiva, rentista quizá como la estructura económica sobre la que se asienta.
Los grupos de interés que cooptan las burocracias estatales mantienen un esquema de clientelas asistenciales a las necesidades nunca satisfechas de los electores. Entonces la gente de a pie prefiere las democracias de líderes, aquellos que puedan permear al Estado en su manifestación más cercana para proveerlos de un mercado, un subsidio de vivienda, un cupo educativo, un empleo[3]. Al persistir, las necesidades básicas consolidan las prácticas clientelistas y a los políticos como representantes de ese Estado redistributivo de prebendas con apropiación privada.
La democracia representativa que supone elegir y la participativa que promueve intervenir en decisiones políticas, se unen en una tradición electoral de dos siglos que premia la civilidad[4] pero evita las grandes transformaciones. La representación política es prácticamente funcional a la riqueza que lo sustenta con costos de participación cada vez más crecientes, que van moldeando una democracia corporativa y el papel pasivo de un ciudadano observador.
La formación de la opinión pública, posible en sociedades urbanizadas y con acceso a información, es una tarea no solo a cargo de los medios sino de las universidades y organizaciones de la sociedad civil, para lograr personas mejor informadas que asuman el rol de ciudadanos activos para cuestionar y anhelar una sociedad más participativa y más libre que la conocida, en honor al pacto del 91, ese manifiesto de un país en el papel que sigue sin materializar sus sueños en la realidad.
Carlos Mendoza Latorre es Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado, candidato a Magíster en Problemas Políticos y Económicos de la Academia Diplomática de San Carlos, con estudios en Política Económica Internacional de la London School of Economics, Reino Unido. Ha sido asesor programático de campañas políticas. Es investigador y consultor en estrategia y desarrollo económico.
Imagen tomada de: http://ricardomontenegro.blogspot.com/2010/11/orden-politico-colombiano-post.html
[1] A la fecha la Constitución del 91 ha tenido 27 reformas constitucionales, lo que recibe críticas que le dan el carácter de organismo vivo y/o abusado con el riesgo tanto de inestabilidad jurídica como posibilidad de ajuste a la realidad.
[2] Los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución de 1991 son: el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato. Ver Artículos 40 y 103. C.P.C. http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf. Para un recuento de la historia de referendos y plebiscitos en Colombia véase http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/marzo2003/convocatorias.htm
[3] Véase un reportaje que explica cómo operan las democracias de líderes en http://www.lasillavacia.com/historia/6107
[4] Véase la obra La Nación Soñada de Eduardo Posada Carbó que reivindica la tradición electoral en la historia de Colombia como un rasgo característico de vocación civil. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2367212
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