La parábola del retorno

Columna de opinión

Manuel Calderón Ramírez

La parábola del retorno

Una de las principales apuestas del recientemente posesionado Presidente Santos, está referida a la implementación de una ambiciosa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, a través de la cual se garantizará, entre otras consideraciones, la devolución de casi dos millones de hectáreas a una gran cantidad de campesinos desplazados de sus parcelas. La iniciativa se enmarca dentro del deseo del mandatario por visibilizar a las víctimas del conflicto, garantizando con ello la reparación del daño causado por las acciones de grupos armados ilegales e incluso del propio Estado. En honor a la verdad, es necesario destacar la enorme voluntad política que tiene la iniciativa, así como la firme decisión del Presidente por iniciar cuanto antes la restitución, incluso sin esperar a que el Congreso apruebe la norma correspondiente, lo cual según los expertos en las argucias parlamentarias, podría ocurrir en junio próximo. Así mismo, resulta enormemente satisfactorio, reconocer la intención del Ejecutivo por garantizar un gran consenso nacional sobre el tema, lo cual ha permitido el intercambio permanente de ideas y reflexiones en torno al proceso restitutivo, por parte de distintas voces y orillas ideológicas y políticas.

En efecto, son muchas las asignaturas pendientes que tenemos como sociedad desde nuestro nacimiento como Nación hace ya, doscientos años. Sin embargo, ninguna tan compleja y prioritaria como la solución del problema de la tierra, el cual ha generado luchas y revueltas campesinas y ha sido germen para el nacimiento de movimientos insurgentes y guerrilleros, para no mencionar otras problemáticas igualmente significativas como la pobreza y la pobreza extrema, que en el campo se tornan mucho más preocupantes y dramáticas. No obstante, si bien es cierto que resulta importante reconocer las luces del proceso y la audacia del Presidente por acoger e impulsar el tema, fruto de los acuerdos programáticos que sustentan la llamada “Unidad Nacional”, es clave señalar y mencionar que para que éste sea exitoso deberá ser reforzado con otros temas igualmente importantes, entre los cuales, la presente columna de opinión mencionará tres: garantías para la restitución, promoción de la innovación y la productividad agrícola y sostenibilidad e institucionalidad.  

En primer lugar, es clave que el proceso de devolución de tierras se enmarque en una fuerte estrategia gubernamental para garantizar la seguridad en el retorno. Son muchos los casos que se han desentrañado recientemente, sobre situaciones de violación de derechos humanos hacia líderes y colectivos campesinos, en zonas caracterizadas por la alta concentración de la propiedad rural o por la presencia de grupos armados ilegales y narcotraficantes. Sin lugar a dudas, la posesión de la tierra por parte de los grupos al margen de la ley a partir del despojo y el desplazamiento ha sido una estrategia recurrente en el conflicto armado del país, bien sea por la necesidad de garantizar el control territorial o como medio para “lavar” recursos derivados del tráfico ilegal de estupefacientes. Por tal motivo, la restitución debería incluir diferentes planes y estrategias, a través de las cuales se garantice la seguridad de los campesinos que retornen, asegurando con ello, el goce pleno de sus derechos y garantías ciudadanas.

En segundo lugar, el buen comienzo y recibo que ha tenido la iniciativa gubernamental se debe reforzar a partir del fomento y promoción de la innovación y la productividad rural, a través no sólo de los incentivos estatales a ciertos sectores y productos con potencial estratégico, sino también teniendo en cuenta la participación de la academia y el sector privado. La restitución se debe analizar como un punto de partida para emprender una verdadera revolución agraria, que no sólo se encargue de garantizar la posesión sino también de impulsar al campo como un motor de desarrollo económico. Esta es una oportunidad de oro para rediseñar y repensar programas de subsidios agrícolas, que respondan a la necesidad de compensar deficiencias o promocionar potencialidades y oportunidades rurales e incentivar la innovación, la creatividad y el aprovechamiento de los “saberes tradicionales” de las comunidades campesinas, con el fin de avanzar en nuestra inserción inteligente a los competidos mercados mundiales. Es también, un buen preámbulo para pensar en nuevos esquemas de gestión rural, en los que la academia y el sector privado jueguen un papel preponderante, tal como ocurre en experiencias exitosas presentes en otros países.

En última instancia, la sostenibilidad del proceso restitutivo depende de su institucionalidad. Tal como lo afirmó Juan Manuel Ospina, Director del INCODER, en una reciente entrevista en El Espectador, la perdurabilidad de la restitución como política de Estado, parte de reforzar las entidades encargadas del tema rural en Colombia. El acertado nombramiento de Juan Camilo Restrepo en la cartera correspondiente y su voluntad para fortalecer instancias como el INCODER, garantizando con ello su eficiencia y transparencia, son factores básicos para avanzar hacia la “gobernabilidad” de todo intento estatal por asegurar el retorno al campo, como preludio para el logro del desarrollo humano incluyente y equitativo.

Imagen tomada de: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=442:se-agrava-situacion-de-victimas-de-despojo-de-tierras-en-uraba&catid=37:general&Itemid=150