La corrupción como problema público

Columna de opinión

Manuel Calderón Ramírez

La corrupción como problema público

La necesidad de un nuevo enfoque

La rueda de prensa recientemente convocada por el Alcalde Mayor para explicarle a la opinión pública su versión respecto a la existencia de un “cartel de contratación” en los grandes procesos licitatorios de la administración distrital y la presencia de altos niveles de corrupción en los ejercicios de adjudicación de contratos públicos, deja al descubierto tres grandes cuestiones sobre la corrupción como problema público, respecto de las cuales es posible construir algunas reflexiones.

En primera instancia, la preponderancia del enfoque legalista en el abordaje de la corrupción, el cual se expresa, entre otras consideraciones, en la ratificación de la importancia de los controles internos y externos al ejercicio de gobierno, representados en comisiones de investigación, auditorías, supervisiones e interventorías, entre muchas otras figuras. Esta visión “preventiva” no ha arrojado los resultados esperados ni en materia de reducción de los niveles de corrupción o “captura del Estado” en términos más académicos, ni en lo que corresponde a la transformación de las percepciones de la ciudadanía respecto a los políticos, los funcionarios públicos y el sistema en sí. Por el contrario, parecería que la consolidación de sistemas burocráticos excesivamente controladores, restrictivos e ineficientes, contribuyera a la consolidación de organizaciones ilegales o mercados paralelos, que se encargan de eliminar los costos de transacción existentes apelando a prácticas corruptas.

En esta perspectiva, cobra sentido la expresión popular de “hecha la ley, hecha la trampa”, que apela, en última instancia a la capacidad de adaptación permanente de los “carteles” frente a las nuevas talenqueras diseñadas por la administración, para garantizar mayor transparencia. Así mismo, a pesar de las leyes de “moralidad pública”, la creación de Sistemas de Integridad o a los grandes esfuerzos del gobierno por hacer más transparente la gestión, existe un imaginario social preponderante respecto a sus instituciones y representantes, que los califica como corruptas per se, independientemente de su filiación, ideología o resultados. De hecho, una encuesta reciente sobre instituciones y percepción de la corrupción, indicó que una gran proporción de los encuestados consideraba que el mejor medio de creación de riqueza y movilidad social era la política.

De manera complementaria a lo anterior, el segundo punto pone en evidencia la necesidad de repensar los mecanismos que hoy tenemos para contratar con el Estado, con el fin de lograr no sólo transparencia y probidad en la ejecución de los recursos públicos, sino también, mayor eficacia, celeridad y economía. La existencia de un bloque de contratistas expertos en ganar licitaciones pero no en ejecutarlas, es un hecho irrefutable que permite concluir que el sistema es ineficiente y que hoy le da más peso a lo procedimental que al logro de los resultados y objetivos propuestos. En efecto, es clave revisar con lupa el sistema de contratación actual (Leyes 80 y 1150 y decretos reglamentarios) con el fin de reforzar los mecanismos y herramientas realmente valiosas y desechar aquellos trámites que lejos de demostrar capacidad técnica y financiera, son fácilmente manipulables.

El tercer tema, está referido a la ausencia de un abordaje sistémico e integral sobre lo que representa la corrupción, sus causas e impactos sobre el desarrollo económico. Con la excepción de algunas publicaciones y posiciones bastante lúcidas de analistas y académicos, no hemos dado un debate amplio sobre los determinantes de la corrupción en nuestro sistema político, ni sobre las acciones que debería emprender el Estado para reducirla o cuando menos controlarla más allá de lo legal o procedimental. Este fenómeno siempre se ha analizado desde un punto de vista marginal, en el que se ve solamente como una práctica que se presenta en la esfera pública y en la que el culpable siempre será el funcionario. Así mismo, no hemos acompañado la reflexión con un proceso de construcción de consenso y acuerdo social en torno a la importancia de la ética pública, como un conjunto de actitudes frente a lo que representa el servicio público. No se trata de quedarnos solamente en lo cultural, sino de abordar la corrupción con todas sus aristas y dimensiones, tratando de ver no sólo las manifestaciones del problema sino el problema en sí.

Por supuesto, con estos elementos no se pretende hacer referencia a un determinismo legal o estructural que explique el por qué se da la corrupción, ni mucho menos defender la tesis de que existe corrupción por la existencia de una Ley de Contratación con múltiples zonas grises o vacíos, fácilmente apropiables por redes o carteles.  De lo que se trata es de aportar insumos para el debate, destacando que la corrupción es un fenómeno complejo que tiene múltiples aristas y dimensiones, las cuales es preciso reconocer e identificar para encontrar soluciones comprehensivas y construir nuevos marcos de relación entre el Estado, la sociedad civil y el mercado, revitalizando lo público. 

Imagen tomada de: http://bitacoradeunnicaraguense.blogspot.com/2010/07/54-casos-de-corrupcion-mas-emblematicos.html