Alejandro Ramírez Restrepo
Política exterior y defensa nacional
Por estos días se rememoran y ocurren varios sucesos que llaman a una profunda y seria reflexión. Hace 107 años, el 3 de noviembre de 1903, Panamá declaró su independencia de la República de Colombia. Hace 25, el 5 de noviembre de 1985, se realizó la toma del Palacio de Justicia en Bogotá por parte del grupo insurgente M – 19, con un desenlace trágico. Ayer miércoles, la presidente de Costa Rica, la señora Laura Chinchilla denunció ante la comunidad internacional la toma ilegal por parte de las Fuerzas Armadas nicaragüenses de parte de su territorio, la isla Calero.
Estos eventos nos recuerdan que las relaciones internacionales y domésticas son dinámicas, inestables y están marcadas por una animosa competencia entre los distintos actores que participan en estos escenarios.
La existencia de un Estado capaz de proveer bienes y servicios y satisfacer la amplia gama de demandas de los habitantes que ocupan su territorio, está signada por la existencia de verdaderas y serias políticas públicas de exteriores y defensa nacional. Sin éstas, la seguridad al interior de las fronteras es más difícil de suplir. Sin ellas la proyección de la influencia del poder nacional a nivel regional y mucho menos global, no es posible.
Hace 107 años, la descoordinación y el desconocimiento presentes en las elites nacionales provocó un desmembramiento más del territorio nacional colombiano. Hace 25 años la inexistencia de unas condiciones básicas requeridas para contar con el monopolio de la violencia por parte de la institucionalidad, provocó un holocausto más en un país henchido de holocaustos. Hoy vemos al Estado nicaragüense, que cuestiona la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia en el Mar Caribe, usando la fuerza para resolver una disputa similar con un país vecino, Costa Rica.
A todos estos acontecimientos podemos dar un enfoque legalista. Afirmar que el derecho internacional condena intervenciones como la norteamericana en Panamá y Nicaragua en la isla Calero, y también, especialmente por el desconocimiento a los mínimos aceptables en el desarrollo de los conflictos armados, se podría condenar jurídicamente el accionar del M–19 y, valga decir, también de la fuerza pública colombiana por la forma en que se realizó la retoma del Palacio.
Desafortunadamente el enfoque legalista no tiene dientes. El enfoque legalista se estrella contra la fuerza, no sólo de las armas y de la violencia, sino de la tozuda realidad.
En pleno siglo XXI, el de los avances tecnológicos y científicos, el de las libertades y garantías, muchos suponen que el derecho es la herramienta que nos protege de amenazas y nos sirve de muletilla con nuestras debilidades. La realidad es otra. Es la fuerza o la amenaza creíble del uso de ésta, la que nos defiende de amenazas y corrige nuestras debilidades.
Apoyados sí, en el derecho internacional y en las herramientas e instrumentos legales que pululan en nuestra época, los colombianos como sociedad, nación y Estado debemos encaminarnos seriamente hacia la construcción de unas políticas públicas de exteriores y defensa nacional que nos lleven a defender la soberanía nacional, proteger a los habitantes e instituciones públicas y privadas y proyectar regional y globalmente nuestro poder nacional de potencia media que somos.
Un debate que colabore en este sentido, es la meta de la línea de investigación que hoy abre en este espacio la Fundación Kíos: Política exterior y defensa nacional.
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