La calidad educativa cuesta

Columna La Tarde

Fundación Kíos

La calidad educativa cuesta

Desde 1975, el colegio oficial José Antonio Galán, ubicado en el corregimiento de Tribunas, en el kilómetro siete de la vía que comunica a Pereira con Armenia, ha luchado por brindar una educación de calidad a los estudiantes de secundaria de la zona, mayoritariamente provenientes de estratos uno y dos. En 1993 graduó su primera promoción y desde 1996 ocupa niveles altos, superiores o muy superiores en las pruebas del ICFES.

Con un Proyecto Educativo Institucional soportado en convicciones auténticamente democráticas que los estudiantes y docentes ponen en práctica a diario, el actual rector ha seguido de cerca el proceso de formación de todos y cada uno de sus casi 1.400 alumnos. 

En la actualidad, gracias a la asignación de una suma importante de recursos públicos, la Alcaldía construye una nueva sede en la que podrán estudiar, en mejores condiciones de infraestructura, todos lo matriculados que provienen principalmente de zonas rurales.

A pesar de los esfuerzos realizados, la planta física de la nueva sede no ha sido terminada y es poco probable que sea entregada antes de diciembre, como aspira el rector, lo que implicaría unos contratiempos significativos que entorpecerían el proceso pedagógico de unos estudiantes que, en primer lugar, han demostrado con resultados merecer esta nueva sede, y que además, han aprovechado las pocas oportunidades que les ha dado la vida para ser cada vez mejores personas.

Adicionalmente, la ruta de acceso a la nueva sede, por donde transitarán frecuentemente los buses que lleven a los escolares de las veredas cercanas, parece no ser adecuada para ese tráfico pesado y por tanto requerirá adecuaciones fundamentales que deben ser incluidas en el proyecto, con partidas presupuestales que garanticen su calidad y sostenimiento.

Por último, la Alcaldía deberá gestionar y defender los recursos necesarios para el mantenimiento de una sede que sin duda potenciará los resultados académicos de los estudiantes, promoverá sus estilos de vida saludables y les proveerá de ambientes de formación más pertinentes, seguros y tecnológicamente adecuados.

El compromiso para que todo lo anterior suceda debe ser de todos. Los recursos públicos deben ser asignados y ejecutados con transparencia y eficiencia. Los plazos de ejecución deben ser cumplidos para entregar la obra a tiempo. La comunidad educativa debe apropiarse de la nueva sede y entender que su uso irresponsable puede deteriorarla. 

Todo lo anterior debe lograrse mediante ejercicios democráticos que promuevan la responsabilidad social y que permitan que todos los agentes vinculados en este maravilloso proyecto actúen bajo el convencimiento de que, como la calidad cuesta y el bien común debe prevalecer sobre los intereses particulares, todos debemos poner de nuestra parte para que el rector, los docentes y el personal administrativo de la institución sigan cumpliendo la misión de brindarle a estos muchachos herramientas para que tengan un futuro mejor.

Pero principalmente, la ciudadanía en general debe prestar atención a estos procesos, también porque solo en la medida en que a estos 1.400 jóvenes les vaya mejor, nos irá mejor a todos.

Publicado en La Tarde el 26 de junio de 2012 en: http://www.latarde.com/opinion/columnistas/62539-la-calidad-educativa-cuesta.html

Felicidad y competitividad

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Felicidad y competitividad

Hace algunos días, se conocieron los resultados de dos índices internacionales en los que Colombia participa y que tienen directa relación con el bienestar y la calidad de vida de las personas. El primero de ellos, el Índice Mundial de la Felicidad (IMF) destaca que nuestro país es la tercera nación más feliz de la Tierra. 

En esta medición no solo se valora la percepción de las personas y su satisfacción frente a la vida, sino también la esperanza de vida al nacer y la huella ecológica. Por su parte, el Instituto Internacional de Gerencia y Desarrollo (IMD, por sus siglas en inglés) publicó un Informe sobre la Competitividad Mundial, en el que Colombia ocupó los últimos lugares entre las naciones valoradas en el estudio, en dos áreas clave para el fortalecimiento de la competitividad nacional: educación y dotación y acceso a la infraestructura.

Los resultados no pueden ser más paradójicos. Por un lado, siempre se nos ha reconocido como un país feliz, en el que existe una sensación generalizada de optimismo y alegría. Ello, a pesar de ser uno de los más desiguales del mundo o contar con un Estado aún en consolidación, fácilmente permeado y cooptado por mafias y estructuras criminales y corruptas en todos los niveles de gobierno, solo por citar dos limitaciones estructurales de nuestra sociedad. De otra parte, si bien es cierto que la Inversión Extranjera Directa (IED) ha aumentado sostenidamente en los últimos años y que nos hemos abierto al mundo a partir de la firma de nuevos Tratados de Libre Comercio con socios estratégicos como Corea del Sur, Estados Unidos o Costa Rica, aún somos una nación que no cuenta con los factores de competitividad que requiere la nueva economía del conocimiento. 

En materia educativa, nuestro rendimiento en las pruebas internacionales es deficiente, para no hacer mención a los déficits de cobertura y calidad que nos acompañan en todos las etapas de la formación de las personas. Especialmente, el panorama educativo es bastante crítico, si se tiene en cuenta que el conocimiento es el principal motor de cambio para lograr la riqueza y el bienestar de las naciones. En el plano de la infraestructura, contamos con fuertes rezagos que se expresan en todos los modos de transporte, con especial énfasis en la movilización de carga así como en la interconexión entre el centro del país y el resto del mundo. Ello constituye una dificultad de inmensas proporciones, si queremos avanzar en un proceso exitoso de inserción internacional.

Si bien es cierto que la felicidad constituye una categoría o un estado de ánimo muy difícil de entender o estudiar, lo cierto que es los resultados obtenidos en materia de competitividad no dejan mucho espacio para que nos sintamos alegres. Por el contrario, estos guarismos son un campanazo de alerta, que debe suscitar el mayor interés por parte del Gobierno nacional y del sector privado. Si esta es la década de las economías emergentes, se hace necesario abordar aquellas temáticas que nos harán más competitivos y por lo tanto más felices. 

Publicado en La Tarde el 19 de junio de 2012 en: http://www.latarde.com/opinion/columnistas/62168-felicidad-y-competitividad.html

Pensamiento estratégico

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Pensamiento estratégico

El Conflicto Armado Interno colombiano (CAI), no tiene solución a la vista debido a la pobreza e inequidad existente en el territorio nacional, a la agreste geografía y al narcotráfico que impiden consolidar el control territorial por parte del Estado.

Por lo tanto, el tratamiento por parte de las autoridades a todos los Grupos Armados Ilegales, a propósito del actual avance en el congreso del Marco Jurídico para la Paz, sin importar sus antecedentes o tonos políticos, debería ser de organizaciones criminales. Es decir, contra ellos el Estado debería aplicar toda la fuerza de la Ley.

No obstante, un arreglo, especialmente con las Farc, podría ser útil para los intereses estratégicos del Estado colombiano debido a que en la opinión pública y en buena parte de los formadores de opinión, se ha consolidado la idea de que el CAI y la situación de inseguridad e inestabilidad están estrechamente relacionadas con la sola existencia de este grupo insurgente.

Aunque el Estado podría emprender un ejercicio de reeducación de la población en este aspecto, sería un ejercicio costoso en tiempo, recursos y prestigio. Desmovilizar y reintegrar a las Farc no producirá la estabilidad esperada pero sí permitiría enfocarse en los asuntos verdaderamente centrales, quizás con algo más de facilidad.

La pobreza e inequidad deben ser enfrentadas por medio de la creación de instituciones que estimulen y fomenten la aparición de un aparato económico altamente competitivo y productivo en la economía global actual. La difícil geografía colombiana debe ser domada por medio de la aparición de un “Leviatán” que imponga el orden y el control sobre el territorio y sus habitantes, a través del control de los monopolios de las armas y la justicia.

Sobre el narcotráfico, inicialmente debe continuarse el esquema existente de criminalización, que aunque ineficiente y costoso, debe ser adelantado mientras no se lleve a cabo el impulso consistente de un nuevo paradigma de lucha contra las drogas, que debe hacer énfasis en la despenalización y luego la legalización con regulación. Esto es vital debido a que el CAI actual se fortalece y financia con dicha actividad.

Por medio de estas vías se obtendrá una estabilidad suficiente, que no la paz que permita que el país se centre en los retos del futuro que consisten en convertirse en jugador y ganador del mundo global, en los campos científico, tecnológico y productivo.

En plata blanca, las claves de la paz no están en el marco que se tramita con mucho éxito hoy en el legislativo, sino en temas que nos conviertan en ganadores de la economía global del conocimiento. Sin embargo, en el ADN nacional, la Farc se han convertido en una obsesión formidable y por lo tanto resulta realista crear dicho marco.

Publicado en La Tarde el 12 de junio de 2012, en: http://www.latarde.com/index.php?option=com_jumi&fileid=1&idnota=61840

¡Indignados!

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¡Indignados!

La semana pasada, el país se conmocionó con la brutal violación y posterior muerte de Rosa Elvira Cely, una humilde vendedora informal de Bogotá.

El crimen, cometido en pleno corazón de la ciudad, conmovió a todos los sectores de la capital, por su naturaleza y características atroces, propias de la Edad Media. Más allá de tal condición, este hecho violento pone en evidencia, el estado de fragilidad en el que se encuentran las mujeres frente a las conductas delictivas que atentan contra su propia vida y dignidad. A lo largo del año, se han presentado numerosos eventos que así lo indican, entre los que se encuentran los episodios cotidianos de violencia intrafamiliar, los ataques con ácido y los frecuentes sucesos violentos en los que se pone en riesgo la integridad de miles de mujeres y niñas. Todo ello, sin hablar de la violencia psicológica o de la discriminación que se puede presentar en entornos laborales o en espacios públicos, la cual pasa completamente desapercibida.

Es el momento de construir un gran consenso nacional frente a la violencia contra las mujeres, en el que no solo se reconozcan y visibilicen todas las conductas que atentan contra su vida y dignidad, sino que también se generen hechos concretos para combatirla. Si bien es cierto que después de cada acontecimiento violento se produce una ola de rechazo e indignación, que lastimosamente va decreciendo con el paso del tiempo, aún quedan muchos desafíos que superar, sobre todo en el plano de las políticas públicas. Un primer elemento, está relacionado con la medición y el seguimiento a los hechos delictivos y las conductas criminales, con especial énfasis en los delitos sexuales y la violencia al interior de los hogares y familias. A pesar de que la estadística no es una práctica fácil, sobre todo porque aún persiste un miedo a la denuncia, es importante reconocer que éste tipo de delitos es de alto impacto social y por tanto, debe ser estudiado y valorado en su debida proporción. En segunda instancia, es importante diseñar y emprender estrategias de acompañamiento psicológico y social a las víctimas, con el fin de que éstas no se sientan solas en el largo camino hacia la recuperación. En tal sentido, el Estado debe implementar una estrategia de atención a las víctimas, a partir de la resiliencia, el activo más valioso de los seres humanos, el cual se sustenta en la capacidad para sobreponerse a hechos que generan dolor y trauma.

En tercer lugar, se destaca la inclusión de la perspectiva de género en las políticas de convivencia y seguridad ciudadana, al destacar que las mujeres y las niñas tienen diferentes grados de vulnerabilidad o intimidación según los espacios y territorios urbanos.

Finalmente, toda política de lucha contra la violencia, representa el fortalecimiento del aparato judicial del Estado y de su capacidad de respuesta y adaptación frente a la delincuencia. Desde este espacio, condenamos estos actos, esperando que no se repitan historias como la de Rosa Elvira, quien vio truncados sus sueños de progresar y ser una mejor persona.

 

Publicado en La Tarde el 5 de junio de 2012 en: http://www.latarde.com/opinion/columnistas/61433-iindignacion.html

El recurso más importante

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El recurso natural más importante

Se ha convertido en algo cotidiano comentar sobre el éxito minero, especialmente en hidrocarburos, del que ha venido gozando el país desde hace varios años.

El millón de barriles diarios de petróleo producidos (bdpp), es una realidad que está a unos meses de lograrse y tanto el gobierno nacional como los observadores internacionales del mercado energético apuntan a que hacia mediados de la presente década, el país llegará al millón y medio de bdpp e incluso puede superar los dos millones para 2020. Junto a estos pronósticos, están los buenos augurios en la producción de carbón, oro, platino, níquel y otros metales indispensables para la producción de bienes de la más avanzada tecnología.

La notoria mejoría en la seguridad del país fue fundamental para establecer el actual panorama. Pero quizás más importante fue (y es) la construcción de un marco institucional que atrajera la inversión privada y pública y con ella su capital, tecnología y experiencia. Estos tres elementos son el quid del asunto minero energético. Los recursos yacen ahí en el suelo o subsuelo, sin embargo solo pueden ser extraídos, ni hablar de su máxima utilización, por aquellos que cuentan con el capital, la tecnología y la experiencia suficiente para hacerlo. Para que aquellos que cumplen con estas características se atrevan a invertir en el país, no es solo necesaria la seguridad, sino también la estabilidad y los estímulos de todo tipo que un marco institucional pueda entregar.

En 2003 se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos y hoy se está estableciendo la Agencia Nacional Minera. Estas dos agencias son fundamentales para crear el marco institucional atractivo necesario para consolidar el boom minero colombiano. Aunque existe espacio para hacer considerables mejoras en dicho marco, el desafío actual que se le presenta al país está en la otra orilla de la cadena de la producción minera, es decir en resolver cómo vamos a gastarnos los ingentes recursos que este sector produce para el país.

La reforma a las regalías y a las finanzas públicas realizadas por el gobierno Santos el año pasado apuntan hacia un manejo responsable, estabilizador y equitativo de estos recursos. Se destaca la preeminencia que recibe Colciencias, que con criterios regionales se verá beneficiada con cuantiosos recursos para financiar las actividades investigativas y científicas de las que es responsable. En principio esta decisión es positiva, sin embargo los criterios alrededor de la distribución de los recursos dejan algunas dudas debido a la posibilidad de que en las entidades territoriales más endebles no sean aprovechados eficiente y efectivamente o peor aún, sean dilapidados o asaltados.

Estos son desafíos que el país debe enfrentar teniendo en mente que los hidrocarburos y los demás recursos minerales no son la fuente de riqueza principal de éste o cualquier otro país. Si ha de identificarse uno como el más estratégico, éste son las personas que conforman su población. Por lo tanto, el manejo de esta riqueza minera deberá tener por meta atacar la profunda desigualdad existente en el país, pero quizás más importante, sería escoger sectores líderes en la economía para dirigir hacia ellos los recursos. La biodiversidad y el potencial agrícola existentes junto a algunos sectores de la industria nacional pueden ser impulsados gracias a la bonanza minera, no exclusivamente por medio de subsidios y créditos, sino también a través de la inversión en capital humano experto en esos sectores.

Mientras la población no está capacitada para innovar, investigar y agregar valor a sus productos y servicios, no habrá riqueza energética, minera o en biodiversidad suficiente para en el largo plazo acabar con la extrema pobreza y la desigualdad. Por medio de la actual bonanza se puede satisfacer este interés nacional. Por eso, bienvenido el nuevo debate a la reforma a la Ley 30 de Educación Superior que se realizará en el segundo semestre del año.

Publicado en La Tarde, el 29 de mayo de 2012, en: http://www.latarde.com/index.php?option=com_jumi&fileid=1&idnota=61073