martes, 28 de febrero de 2012

Para mayor seguridad


Columna La Tarde
Fundación Kíos

Para mayor seguridad

Pereira es la décima ciudad más poblada del país y es entre ellas, quizás, a la que la Seguridad Democrática llegó más tímidamente.

Homicidios, secuestros, indicadores de seguridad ciudadana e incluso, los temas relacionados con el narcotráfico, nunca presentaron mejoras ostensibles, especialmente al ser comparadas con las del resto del país. Por supuesto, desde la óptica del político algo se habrá mejorado, pero estratégicamente hablando, el panorama no es muy alentador.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,  la tasa de homicidios en Pereira superó siempre al promedio nacional entre 1999 y 2009, llegando incluso a triplicarla en 2005.  Durante los gobiernos de Álvaro Uribe, la tasa de homicidios a nivel nacional se redujo, según la misma fuente, en  un 41%, mientras en Pereira la reducción fue de solo el 28%.

Hay diversos factores que inciden en ello. El arraigo de una cultura de la facilidad que privilegia valores que promueven conductas delictivas, los déficits educativos no solo en cobertura sino, principalmente, en calidad, y las falencias ampliamente debatidas a nivel nacional e internacional de las estrategias de lucha contra el narcotráfico, en la región, así como la falta de indicadores confiables y frecuentes sobre la situación real de la seguridad local y regional, por ejemplo.

A pesar de algunos esfuerzos realizados en gobiernos locales anteriores, si se compara su evolución con otras ciudades similares, los avances no son sobresalientes. Para que Pereira tenga más posibilidades de disminuir significativamente las cifras de inseguridad, es indispensable fortalecer la toma de decisiones públicas con un Observatorio de Seguridad y Convivencia estructurado y, sobre todo, reconocido por los diferentes actores sociales como un organismo que soporte una estrategia para obtener información sobre fenómenos de violencia y delincuencia en el departamento y permita tomar decisiones de política pública en lo local y lo regional, no solo dedicándose a medir delitos de alto impacto social (muertes violentas, hurtos, lesiones personales, secuestros y extorsiones, terrorismo o violencia intrafamiliar) sino también a emprender y elaborar estudios y caracterizaciones sobre los hechos y circunstancias asociadas con el crimen  organizado, por ejemplo, las economías y rentas ilegales, asociadas con el tráfico de drogas o no, el tráfico de personas, de armas, e incluso, el enquistamiento de estructuras mafiosas en el manejo de las regalías y los recursos de salud y pensiones. 

Adicionalmente, la ciudad y el departamento deben trabajar de la mano en la consolidación de estrategias de seguridad ciudadana que pongan en marcha Planes Integrales de Seguridad y de alianzas estratégicas entre el sector privado, la ciudadanía, la fuerza pública, así como las Secretarías de Gobierno para hacer frente a situaciones que atenten contra la vida y el patrimonio de los ciudadanos. 

Más allá de eso, los ciudadanos y el sector público deben desarrollar estrategias que permitan la generación de una cultura de corresponsabilidad frente a la seguridad. La complejidad del tema amerita soluciones de fondo. El esfuerzo, por tanto, debe ser compartido.

Publicado en La Tarde el 28 de febrero de 2012, en http://www.latarde.com/opinion/columnistas/56445-para-mayor-seguridad-.html

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