Justicia: una política pública prioritaria

Columna La Tarde

Fundación Kíos

Justicia: una política pública prioritaria

Las recientes actuaciones de la justicia colombiana deben ser motivo de preocupación.

Sin importar en qué orilla del espectro ideológico nacional pueda alguien encontrarse, cuando se hace una revisión sobre las motivaciones y justificaciones para condenar o acusar a ciertas personas, se encuentran profundos vacíos, destacándose la pobreza y la debilidad jurídica que respaldan los argumentos legales de estas decisiones, además de ciertos intereses políticos que terminan por enrarecer la decisión y sembrar mantos de duda sobre las motivaciones de las sentencias.

El sociológico norteamericano Charles Tilly, en su descomunal obra, centrada especialmente en su libro de 1992, “Coerción, capital y los Estados europeos”, buscó descifrar las razones por las que el Estado – Nación terminó imponiéndose alrededor del mundo sobre cualquier otra forma de organización que pudiesen utilizar las diferentes entidades territoriales. Tilly encontró que después de un trágico proceso histórico marcado por la guerra y su capacidad de organizarla, los monarcas de aquellos Estados – Nación de Europa, terminaron imponiéndose sobre la Iglesia, el Emperador, los nobles y las ciudades y sus burgueses, logrando consolidar tres estratégicos monopolios: el de la violencia, por medio del cual mantenían el orden y la seguridad al interior de sus fronteras y podían desplegar hacia afuera su poder nacional a través del uso o la amenaza de la fuerza; el de los impuestos, con el cual financiarían no solo sus aparatos militares y sus burocracias sino también podrían, con el paso del tiempo, proveer servicios a sus sociedades cada vez más sofisticados y generalizados; y el de la justicia, que resultaría fundamental para domar aquel mundo hobbesiano en donde la ley del más fuerte predominaba, para dar paso a uno en el que la fuerza de un papel, un contrato, un edicto, resultara suficiente para hacer valer los derechos de cualquier ciudadano.

Como puede observarse, a los ojos del trabajo de Tilly, Colombia, como Latinoamérica, se encuentra lejos de consolidar cualquiera de estos tres grandes monopolios y aunque la forma Estado – Nación existe, sus facultades producen logros limitados que permiten describir nuestra institucionalidad como débil y en ciertas zonas y épocas, prácticamente inexistente.

Una década atrás, el país se embarcó en un proceso novedoso y revolucionario que giró en torno al fortalecimiento de las fuerzas de seguridad para obtener el control territorial y permitir el imperio de la ley. Para ello se recolectaron ingentes recursos, se profundizó la cooperación internacional y se estableció una compleja y congruente política pública. Durante esta década que comienza se tendría que dirigir ese mismo tipo de esfuerzos y recursos, que dan prioridad a cualquier iniciativa, para hacer más eficiente e impoluto al sistema de justicia nacional. La oralidad con sus defectos y limitaciones es a todas luces un avance, pero se deben ostensiblemente mejorar los recursos técnicos, científicos y legales para que los investigadores produzcan pruebas que eliminen cualquier tipo de duda razonable sobre fallos y decisiones, así como el diseño de las reglas del sistema de justicia que establezcan el número conveniente y necesario de cortes de último nivel y los métodos de elección de sus miembros.

En el Congreso avanza la reforma, pero la opinión pública nacional y sus líderes no han establecido contundentemente la importancia estratégica del servicio de justicia. Es hora de hacerlo y por las razones acertadas.   

Publicado en La Tarde del 14 de febrero de 2012, en http://www.latarde.com/opinion/columnistas/55711-justicia-una-politica-publica-prioritaria.html