La mesa de Unidad Nacional

Columna La Tarde

Fundación Kíos

La mesa de Unidad Nacional

Con el ingreso formal del Partido Verde a la mesa de Unidad Nacional, el presidente Santos logra consolidar una inigualable mayoría legislativa, la cual le permitirá impulsar iniciativas prioritarias para la concreción de las políticas contenidas en su Plan de Desarrollo.

Muchos de los análisis que se han producido sobre el tema, destacan el margen de maniobra con el que contará el mandatario para impulsar reformas críticas para el desarrollo del país así como para liderar diferentes temas con el apoyo de las bancadas que hacen parte de la coalición. En nuestra historia republicana reciente, ningún presidente había contado con un apoyo de semejantes proporciones ni había garantizando la convergencia de fuerzas y movimientos tan disímiles en lo ideológico y en lo político, como es el caso de Santos con su mesa de Unidad.

Más allá de las consideraciones éticas y juicios de valor, es necesario que desde los diferentes espacios de opinión se haga una juiciosa lectura de lo que hoy significa la Unidad Nacional, de sus principales alcances y logros. Si bien es cierto que la coalición mayoritaria parte del principio básico de lograr acuerdos sobre aspectos fundamentales de la vida nacional como garantía para construir un destino común como Nación, no se puede desconocer que ésta se encuentra sustentada en las necesidades burocráticas y de representación que tienen los diferentes partidos que la conforman. Ningún movimiento quiere bajarse del tren de la victoria y todos, en mayor o menor medida, quieren aprovechar su cercanía o grado de colaboración con el gobierno Santos, como una de sus principales cartas de presentación para la contienda electoral regional que se avecina. Así mismo, la búsqueda de la rentabilidad electoral no puede convertirse en razón para que los partidos pierdan su esencia frente a la opinión pública.

Lejos de los cálculos electorales y de los impactos de opinión, los partidos políticos deben evaluar su capacidad para representar a diferentes sectores del país, convirtiéndose en intermediarios de tales aspiraciones frente al Estado. Ello implica emprender evaluaciones internas que les permitan identificar tanto los puntos comunes de sus plataformas programáticas susceptibles de ser concertados con otros movimientos como los aspectos que no son negociables y que por ende, justifican su existencia dentro del escenario político nacional.

Pero principalmente, es clave entender que las coaliciones de gobierno se sustentan en la fortaleza del sistema político para garantizar y construir la unidad en el marco de la diversidad y la pluralidad, componentes fundamentales de la democracia.

Publicado en La Tarde el 26 de Julio de 2011: http://www.latarde.com/opinion/columnistas/45472-la-mesa-de-unidad-nacional.html

En octubre, cambiemos

Columna La Tarde

Fundación Kíos

En octubre, cambiemos

Al descubrir nuevos detalles sobre los escándalos de corrupción que azotaron al país durante la década pasada, reconocemos que la cita electoral de octubre será decisiva para establecer el rumbo que tomen nuestras ciudades y departamentos, para determinar si los colombianos queremos un país y unos administradores públicos que sigan apropiándose de los recursos para satisfacer sus intereses particulares.

En octubre decidiremos si queremos seguir teniendo un país con más ‘carruseles’ que escuelas,  con  una ciudadanía irresponsable que debe reconocer su ceguera política encarcelando y destituyendo a los políticos corruptos que eligió en el pasado.

Por eso es el momento de elegir bien, para cambiar estructuralmente el rumbo de este país. Y creemos que para hacerlo, hay que modificar la forma en que lo hemos venido haciendo.

La primera estrategia para lograrlo exige un trabajo de indagación al votante, que a nuestro juicio cualifica significativamente el ejercicio democrático, pero principalmente disminuye la posibilidad de que en unos años nos arrepintamos de nuestras decisiones. En campaña todos los candidatos hacen promesas, eso es concomitante al proceso político. Lo que resulta extraño es que la gran mayoría de electores tomen sus decisiones en función de dichas promesas, en especial cuando creemos cada vez menos en ellas.

Adicionalmente, el mercadeo político y las nuevas tecnologías ayudan a homogeneizar las propuestas de campaña de los candidatos y las acercan a un núcleo difuso de espacios comunes que no deben ser el desencadenante de una decisión de voto. Todos los candidatos deben prometer cuidar el medio ambiente, mejorar la salud de los ciudadanos, ofrecer mejores infraestructuras y sistemas de transporte, más empleo, menos corrupción y paz. El que no lo haga no tiene oportunidades de ganar, porque eso es lo que necesitamos los colombianos. Pero las promesas electorales no diferencian las opciones políticas sobre las que tendremos que elegir y tampoco son controlables por los electores.

Por eso para elegir bien no debemos considerar realmente lo que nos prometen los candidatos, sino lo que han hecho antes. En eso no nos podrán mentir. El pasado no se puede esconder y aquellos que han sido corruptos, mentirosos o ineficientes no dejarán de serlo. En resumen: todos los candidatos prometen un país de ángeles, pero son pocos los que efectivamente han ayudado a construirlo así en el pasado. Y es nuestra responsabilidad saber reconocer los unos de los otros para votar bien. Es la historia del candidato la que nos debe hacer tomar una decisión electoral adecuada, no el futuro incierto que intenta vendernos.

La segunda estrategia exige un acto de responsabilidad del que aspira a ser elegido, pero es un comportamiento que los electores debemos exigirles con vehemencia. Si bien, se escoge unipersonalmente a cada uno de nuestros representantes, aquellos quienes los acompañan, como sus secretarios de despacho o sus asesores, son quienes terminan recomendando, diseñando y ejecutando las políticas públicas. Un buen candidato mal acompañado es un mal candidato.

Por eso, los votantes deberíamos también conocer y evaluar las hojas de vida de aquellos que rodean a quienes aparecen en el tarjetón.

El ejercicio democrático requiere de nuestro compromiso como ciudadanos y nos pide a gritos asumir las responsabilidades que parecemos haber evadido durante tanto tiempo.

En octubre, cambiemos.

Publicado en La Tarde el 19 de julio de 2011: http://www.latarde.com/opinion/columnistas/45104-en-octubre-cambiemos.html

Responsabilidad Social Empresarial Medioambiental en Colombia

Investigación- RSE

Santiago Gómez Mejía

RSEM en Colombia

       “Colombia [desafortunadamente aún] ve

 lo ambiental como un tema

estrictamente jurídico y de trámites…

El proceso pedagógico, el disfrute

de la inclusión de las variables ambientales

y sociales en la planeación de proyectos de

desarrollo se ha perdido”

(Ibáñez, 2007, p.54)

A pesar de su tamaño relativamente pequeño, Colombia es el segundo país más diverso biológicamente en el mundo y hospeda casi el 10% de las especies que habitan el planeta. El país puede evidenciar la presencia en su territorio de más de 1.800 especies de aves, más de 620 de anfibios, más de 450 de mamíferos, 518 de reptiles, casi 3.200 de peces y más de 51.000 de plantas. Sin embargo, toda esa riqueza es amenazada permanentemente por procesos de colonización indiscriminados, la caza, la tala, la minería, el tráfico ilegal de fauna, el conflicto interno y los hábitos de consumo de sus habitantes. Cada año desaparecen casi 200.000 hectáreas de bosque y existen en la actualidad 79 especies animales en grave peligro de extinción, más que en cualquier país de Sur América (“Colombia: Environmental Profile”, 2006; IUCN, 2009). Estos indicadores hacen que cualquier acción de RSEM que se desarrolle en el país tenga impactos ponderadamente importantes para el equilibrio de los ecosistemas a nivel mundial, lo que implica también que nuestra responsabilidad frente a la protección de los ecosistemas es mayor que en muchos otros países[1].

Además, en Colombia existe una cada vez más completa legislación para obligar a la protección medioambiental, contemplando leyes sanitarias (Ley 9/1979), para el manejo de residuos sólidos (Ley 99/1993, Decreto 849/2002), especiales (Resolución 2309/1986), peligrosos (Ley 430/1988), hospitalarios (Decreto 2676/2000 y Decreto 1669/2002),  leyes que regulan los servicios públicos domiciliarios, con altos contenidos ambientales (Ley 142/1994), pero también otras que establecen beneficios tributarios a empresas que aporten, mediante un proceso productivo limpio, a la conservación del medio ambiente (Decretos 3172 y 2755/2003, Decreto 2532/2001, Resolución 486/2002). Y adicionalmente, las empresas colombianas están sujetas a reglamentos y normas técnicas de calidad ambiental como la ISO 14000, de aplicación mundial pero voluntaria, con el fin de dar herramientas para el control de los efectos nocivos de la producción sobre los ecosistemas, cuyas certificaciones aumentaron entre 2005 y 2006 en casi un 8% en el país (“Las bondades de la ISO 14000 en el impacto ambiental”, 2007).

Incluso, dicha normativa ambiental contempla acciones preventivas y sancionatorias para las empresas que incumplan lo establecido, apoyada en los artículos 330 al 333 del código penal, que tipifican delitos ambientales y autorizan al CTI de la Fiscalía General de la Nación para realizar investigaciones sobre el tema.

Pero también, adicionalmente a la jurisprudencia desarrollada, existen otras iniciativas que promueven y velan por el sostenimiento ambiental en Colombia. Por ejemplo, a través del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible-CECODES, que actúa como el capítulo colombiano para el WBCSD, se promueven prácticas empresariales de ecoeficiencia, entendida esta como: “el proceso continuo de maximizar la productividad de los recursos, minimizando desechos y emisiones, y generando valor para la empresa, sus clientes, sus accionistas y demás partes interesadas”(CECODES, “Ecoeficiencia”, 2009).

CECODES, fue creado en 1993 por empresarios colombianos con el fin de orientar, a partir de iniciativas privadas, el desarrollo sostenible. Actualmente está conformado por 31 empresas y 3 gremios de las áreas más importantes de la económica colombiana: minería, petróleo, agroindustria, manufactura, comercio, banca y seguros. Sus asociados representan hoy más del 5% del PIB, son responsables de más de 400.000 empleos directos e indirectos, y exportan más de US$1.600 millones de dólares al año (CECODES, “Asociados”, 2009).

En el aspecto ambiental de la RSE, la Cámara de Comercio de Bogotá documentó el avance favorable de la preocupación de las empresas capitalinas por el tema, argumentando que de las 228.000 empresas inscritas, 1.500 habían recibido asistencia en programas ambientales a 2007 (“Responsabilidad Social Ambiental, un modelo de negocio”, 2007).

En general, Colombia puede documentar avances significativos frente a la protección medioambiental: a) según el Ecological Footprint and Biocapacity Index de 2008, su huella ecológica[2] era de 1.8 hectáreas globales per cápita (National Footprint Accounts, 2008); y b) de acuerdo al Environmental Performance Index de 2008[3], Colombia ocupa el noveno puesto entre 149 países evaluados (Environmental Performance Index, 2008).

Aunque estos índices han recibido algunas críticas[4], muestran desempeños positivos para Colombia, que aunque deben ser valorados con prudencia, afirman la idea de que en este país las preocupaciones medioambientales ocupan un lugar prioritario en la agenda pública y en la opinión, un lugar más alto que en la mayoría de los países en vía de desarrollo de ingreso medio.

Sin embargo,  a pesar del desempeño positivo que evidencian dichos índices, persisten aún problemas muy serios que Colombia aún debe resolver, como por ejemplo: a) la deficiente calidad del agua que se consume en el país; b) la existencia de numerosos subsidios públicos para la producción agrícola y el uso de insumos agroquímicos, lo que exacerba las presiones ambientales, mientras promueve su uso, la expansión de la frontera agrícola y la sobreexplotación de recursos naturales; c) el alto porcentaje de habitantes que usan combustibles fósiles en espacios cerrados como fuente de energía, lo que genera la suspensión en el aire de partículas  dañinas para la salud y d) preocupantes índices de conservación y protección de especies de fauna y flora, tanto marina como terrestre (Environmental Performance Index, 2008).

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

1.    “Colombia: Environmental Profile”, (2006), [En línea], disponible en: http://rainforests.mongabay.com/20colombia.htm, recuperado: 10 de junio de 2011.

2.    “Environmental Performance Index- EPI”, (2008), [En línea], disponible en:

3.    Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, (2009), “Asociados”, [En línea], disponible en: http://www.cecodes.org.co/asociados/index.htm, recuperado: 26 de Mayo de 2011.

4.    Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, (2009), “Ecoeficiencia”, [En línea], disponible en: http://www.cecodes.org.co/ecoeficiencia/index.htm, recuperado: 26 de Mayo de 2011.

5.    “Las bondades de la ISO 14000 en  el impacto ambiental”, (2007), en Periódico La República, [En línea], disponible en: http://www.larepublica.com.co/RSE/op231.htm, recuperado 25 de mayo de 2011.

6.    Ibáñez, M. (2007), “Responsabilidad social y medio ambiente: buscando los lazos”, en Responsabilidad Sostenibilidad, número 1, p.54-55.

7.    National Footprint Accounts, (2008), “Ecological Footprint and Biocapacity Index”, [En línea], disponible en: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_nations/ , recuperado: 10 de junio de 2011.

8.    “Responsabilidad social ambiental, un modelo de negocio”, (2007), [En línea], disponible en: http://www.larepublica.com.co/RSE/op121.htm, recuperado: 26 de mayo de 2011.

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[1] En Colombia se ubica uno de los 25 puntos biodiversos (biodiversity hotspots en inglés) del mundo.  Un punto biodiverso es una región  geográfica que cuenta con una importante diversidad biológica amenazada y debe cumplir dos condiciones: a) tener por lo menos el 0.5% o 1.500 especies de plantas endémicas y b) haber perdido por lo menos el 70% de su vegetación primaria. El paradigma de los biodiversity hotspots, por su parte, defiende que hay ambientes y especies únicas en dichas zonas cuya pérdida representaría una pérdida global, como en el caso colombiano. Pero la responsabilidad de su conservación debe ser compartida de alguna forma por entidades supranacionales, gobiernos, empresas y sociedad civil. La posición del Sur históricamente ha sido que si el Norte se enriqueció a costa de la explotación salvaje de sus propios recursos, no pueden exigir hoy que los países en vía de desarrollo no exploten los propios de igual forma. Aunque el debate permanece aún vigente, es importante reconocer las contradicciones que evidencia el discurso medioambiental de los países desarrollados, quienes son aún los mayores contaminadores del planeta.

[2] La huella ecológica mundial es una medida de la demanda humana por los recursos en los ecosistemas del planeta, calculada en número de hectáreas globales requeridas por la población total para suplir sus necesidades dado un estilo de vida y de consumo determinados. Compara la demanda humana de recursos naturales con la capacidad de la biosfera para regenerar los recursos demandados. Existen cálculos por país e incluso se puede calcular la huella ecológica individual en portales especializados como http://www.ecologicalfootprint.com/ o http://www.myfootprint.org/ . En 1961 la huella ecológica mundial indicaba que dados los hábitos de consumo de aquel entonces, la totalidad de habitantes del planeta requerían 7.000 millones de hectáreas para satisfacer sus necesidades. En 2005 se estimó que el índice había subido a 17.400 millones, el equivalente a 1.3 planetas. Es decir, en 2005, la humanidad usaba los servicios ecológicos que el paneta le proporcionaba 1.3 veces más rápido que la velocidad a la que éste podía renovarlos. (National Footprint Accounts, 2008)

[3] El Índice de Desempeño Ambiental (EPI, por su sigla en inglés) califica  los esfuerzos de protección ambiental hechos por 149 países para 2008, midiendo dos aspectos centrales: a) la reducción de estrés ambiental infringido sobre la salud humana (Objetivo de Salud Medioambiental) y b) la protección de los ecosistemas y los recursos naturales (Objetivo de Vitalidad de los Ecosistemas), a través de la medición de 25 indicadores que representan elementos clave del reto que hoy enfrentan las políticas ambientales. Este ranking se basa normalmente en el cumplimiento de compromisos internacionales de los países evaluados, los cuales rara vez tienen valor
científico, pero siempre tienen una relevancia política.

[4] Los países evaluados en estos índices deben reportar datos sobre su desempeño ambiental en varios aspectos. La mayoría de los países falla y muchos de los éxitos reportados tienen problemas de constatación en la práctica. Por ejemplo, Colombia tiene una calificación perfecta en el indicador EPI que indaga sobre la localización de sus parques naturales, pero ese indicador no puede evaluar cómo es el manejo, cuántos guardias  hay, cuánto les pagan o cuánta deforestación se permite incluso dentro de dichos parques. Por eso los indicadores que presenta el EPI, en particular, pero en general todas las iniciativas similares a nivel mundial, son sólo índices imperfectos de lo que sucede a escalas más particulares. Sin embrago, lo anterior no los descalifica como metodologías pertinentes para cuantificar los avances que en materia medioambiental se evidencian a nivel mundial. Son perfectibles pero aún así ilustrativas.

Elecciones regionales más seguras

Columna La Tarde

Fundación Kíos

Elecciones regionales más seguras

La profundización del sistema político democrático exige, como uno de sus componentes fundamentales, garantizar la integridad y la vida de los candidatos que participan en las contiendas electorales como condición ineludible para permitir el debate de las ideas.

El pluralismo como valor estructural de la democracia se sustenta, precisamente, en la presencia de múltiples visiones sobre el orden económico, político y social, las cuales se expresan tanto en la multiplicidad de partidos políticos como en la diversidad de liderazgos, con el fin de asegurar que la ciudadanía cuente con varias alternativas en el momento de hacer efectivo su derecho al voto.

Las recientes muertes de candidatos a corporaciones públicas a manos criminales, así como las amenazas de las que han sido víctimas algunos de los aspirantes a cargos de elección popular en diferentes zonas del país, deben ser un campanazo de alerta para que el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública emprendan acciones concretas y oportunas con el fin de consolidar las condiciones óptimas que permitan el desarrollo de las jornadas electorales locales y regionales que se avecinan. Ello implica no sólo detectar las amenazas y los factores de riesgo a los que están expuestos ciertos líderes políticos bien sea por su filiación o sus posiciones y propuestas, sino también estructurar planes de seguridad, que incluyan la posibilidad de que todos los candidatos puedan desarrollar los actos propios de sus campañas, exponiendo sus puntos de vista sin temor o miedo alguno. Tal argumento cobra mayor validez, cuando se trata de hacer referencia a las zonas más golpeadas por el conflicto armado o bien, a los territorios más vulnerables frente al accionar de fuerzas o grupos que ejercen injerencia o intromisión en las decisiones electorales.  

Garantizar unas elecciones limpias y transparentes sin presiones indebidas de grupos al margen de la ley, carteles de contratistas o cacicazgos tradicionales constituye un reto de enormes proporciones en el camino de continuar por la senda del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática como condición sine qua non para el logro de la prosperidad y el bienestar colectivo. De ello depende el futuro de los municipios y los departamentos del país, el cual está sustentado en la posibilidad de que miles de ciudadanos puedan tomar decisiones responsables sobre el rumbo que desean para sus territorios, contando con un abanico de posibilidades que represente lo más variado de nuestra identidad y de nuestro sentir como Nación.

Publicado en La Tarde del 12 de julio de 2011 en: http://www.latarde.com/opinion/columnistas/44776-elecciones-regionales-mas-seguras.html

La Constituyente y la democracia participativa

Proyecto Especial Fundación Kíos

Por Jaime Arias López

La Constituyente y la democracia participativa

Cumplidos veinte años de promulgada de la Constitución Política de 1991, es reconfortante hacer una aproximación a lo que fue el primero y más importante trabajo colectivo y de concertación política de la historia democrática de Colombia, donde ni la hegemonía liberal – conservadora, ni el país contestatario o arropado en la lucha armada o en la violencia criminal o paramilitar pudieron imponer derrotero alguno.

El ordenamiento jurídico forjado argumentativamente en la Asamblea Nacional Constituyente parte de la existencia de una voluntad popular: “La soberanía reside en el pueblo”. Su arquitectura institucional se edificó a partir de la expresión de esa soberanía que es todo un mosaico étnico, que desde la diversidad y la alteridad racio-vital propende por la legitimación del poder ciudadano, lejos de cualquier intento de exclusión o marginamiento. 

La Constituyente supo combinar las ventajas de la democracia directa, donde los ciudadanos intervienen en la toma de decisiones que afectan su mundo heterónomo, con las virtudes propias de la democracia representativa, que interviene en los distintos ámbitos de la actividad pública, todo lo cual condujo a que se hicieran realidad los imaginarios ciudadanos que buscaban “expresarse” a través de las iniciativas populares, referendos, o la participación sectorial en la elaboración de Planes de Desarrollo local, regional o nacional.

Para la Constituyente se rubricó el concepto de la democracia participativa que establece de manera taxativa el imperativo de crear nexos de compromiso, responsabilidad y empoderamiento entre los electores y los elegidos y se incorporan, a su vez, mecanismos políticos que amplían las posibilidades de intervención de los ciudadanos en la toma de las decisiones  que los afectan, como un eslabón articulante que dirime los conflictos, sensibiliza sobre las necesidades de los asociados, socializa sus imaginarios y expectativas, canaliza los intereses de los mismos, reglamenta y controla el ejercicio del poder y las luchas denodadas por ejercerlo, así como las garantías para hacer efectivos sus derechos. 

La Constituyente nos dejó bien en claro que la construcción de la democracia participativa no solo es un problema de instituciones y mecanismos, sino, además, de relaciones sociales que se entretejen a través de la cultura organizacional y ciudadana y la eticidad en el ejercicio de la participación de los asociados que construyen, desde los diferentes ámbitos de la vida ciudadana (familia, escuela, trabajo, barrio, ciudad), espacios propios del ejercicio de la soberanía popular. Por ello, se habló más de democracia social que de democracia política.

Hoy día es claro que las decisiones que se tomen en la esfera de la política condicionan y afectan la esfera de lo social  y, a su vez, ésta determina las decisiones en la política. He allí la importancia de que las decisiones sean tomadas en el mayor número de escenarios de la vida democrática. Hoy, nuestra vida ciudadana, orientada por la Asamblea Constituyente 20 años atrás, ha pasado de una democracia contemplativa, pasiva y formal a una democracia activa, asuntiva y sustancial.

Jaime Arias López fue constituyente en el 91, miembo de la comisión primera.

Imagen tomada de: http://www.bligoo.com/media/users/1/82106/images/public/7410/participacion-ciudadana.jpg?v=1304291014419

Sin historia no hay paraíso

Columna La Tarde

Fundación Kíos

Sin historia no hay paraíso

Resulta frustrante enfrentarse a las nuevas generaciones que intentan ser políticamente activas, lo que es muy positivo pero extraordinario, y sucumben a la tentación de hacer un análisis político descontextualizado, ahistórico, maniqueo y oportunista.

Los pocos jóvenes políticamente reflexivos de hoy tienden a relacionar todo lo que ocurre en este país con Uribe, y eso los lleva a terminar criticando la Constitución, a propósito de su vigésimo aniversario, con argumentos referidos a la recurrencia de prácticas como las chuzadas, los falsos positivos o los subsidios agrícolas mal asignados.

Hacer un análisis de los avances logrados por el país, a pesar de los grandes escándalos políticos que hemos presenciado en las dos décadas recientes, requiere conocer nuestra historia. Por más proceso 8.000, por más sillas vacías y despejes inútiles, cualquiera que haya vivido durante el Frente Nacional, cualquier militante de la extinta Unión Patriótica, que para las nuevas generaciones podría ser una campaña de una casa cervecera para motivar a los flojos delanteros nacionales durante la Copa América, o cualquiera que haya sentido miedo durante los últimos años de la década de los ochenta a causa del narcoterrorismo, debería reconocer, aún sin ser analista político, que este país ha cambiado para bien en los últimos cuatro lustros.

La Colombia de los ochenta, administrada con un contrato suscrito en 1886, era una nación temerosa, que confiaba poco en sí misma, acorralada por fuerzas oscuras que lograron poner en jaque su institucionalidad, aislada económicamente del resto del mundo, con una ciudadanía que no podía expresar libremente sus opiniones y que entendía que la única manera de hacer oposición política era mediante las balas.

Con la Constitución del 91 Colombia se modernizó, se insertó al ciclo de la economía global. La participación política (en el sentido de la formulación de políticas públicas, no del simple hecho de sufragar) dejó de ser un privilegio de las élites; se consagraron nuevas formas de deliberación ciudadana, aún mayoritariamente desconocidas por aquellos estudiantes que siguen confiando en el poder desestabilizador de las bombas de fabricación casera; la tutela permitió a los ciudadanos reclamar al Estado el cumplimiento de sus obligaciones frente al respeto de los derechos fundamentales; el Ejecutivo dejó de ser tan desproporcionadamente poderoso frente a los jueces y los legisladores; la Fiscalía General de la Nación surgió como el soporte de un aparato judicial paquidérmico; y se desactivó la amenaza subversiva justificada, hasta entonces, por el bloqueo deliberado de mecanismos de participación en la toma de decisiones políticas por parte del statu quo.

Si bien la Carta Política vigente no es perfecta, desconocer el salto cualitativo que dio Colombia en las últimas dos décadas como consecuencia de un ejercicio político y jurídico motivado por, precisamente, un grupo de estudiantes inconformes, es un acto de atrevida ceguera y de desconocimiento vulgar de la historia nacional.

Publicado en La Tarde del 5 de julio de 2011: http://www.latarde.com/opinion/columnistas/44401-sin-historia-no-hay-paraiso-.html