Columna La Tarde
Fundación Kíos
Contra la discriminación
La inminente aprobación de un Proyecto de Ley que penaliza la segregación y la discriminación racial, ideológica, política, religiosa, étnica y sexual, ha suscitado un interesante debate nacional respecto a las estrategias y acciones más convenientes para garantizar el pluralismo y la diversidad, como piezas clave de nuestro Estado.
Por un lado, hay quienes ven en la norma, una inigualable oportunidad para fortalecer el rol del Estado en la promoción del principio constitucional de la igualdad, el cual garantiza el respeto por la heterogeneidad en todas sus formas y matices. La tipificación penal de las conductas que atenten contra tal postulado, es una carta de garantía no solo para disuadir a potenciales infractores pero también es un instrumento idóneo para robustecer el andamiaje legal de protección de los derechos fundamentales.
De otra parte, hay quienes consideran que la sola sanción de la Ley no corrige los comportamientos culturales discriminatorios. En esta orilla, se sitúan aquellos que piensan que demostrar y probar el delito será muy difícil y extremadamente complejo e incluso, se podrían generar fenómenos de congestión judicial. Para este grupo de analistas y expertos, lo más importante es la educación y la formación democrática y pluralista, como actividades que, si bien son intangibles y se desarrollan en un horizonte temporal de mediano y largo plazo, tienen un efecto mucho más duradero. Más allá de las posiciones encontradas, este debate debe visualizarse como una oportunidad para concretar acciones y estrategias específicas que garanticen la plena materialización de una de las garantías individuales más importantes de la carta política del 91.
De otra parte, hay quienes consideran que la sola sanción de la Ley no corrige los comportamientos culturales discriminatorios. En esta orilla, se sitúan aquellos que piensan que demostrar y probar el delito será muy difícil y extremadamente complejo e incluso, se podrían generar fenómenos de congestión judicial. Para este grupo de analistas y expertos, lo más importante es la educación y la formación democrática y pluralista, como actividades que, si bien son intangibles y se desarrollan en un horizonte temporal de mediano y largo plazo, tienen un efecto mucho más duradero. Más allá de las posiciones encontradas, este debate debe visualizarse como una oportunidad para concretar acciones y estrategias específicas que garanticen la plena materialización de una de las garantías individuales más importantes de la carta política del 91.
En efecto, si bien es cierto que la Ley podría tener un efecto positivo en la disminución de las prácticas discriminatorias, ésta no es suficiente. Su aplicación debe estar acompañada de una profunda transformación cultural, que se enfoque hacia la defensa del pluralismo, como valor supremo de la democracia. Ello necesariamente hace referencia a la educación en la convivencia y la diversidad, como elementos necesarios no sólo para respetar y valorar la diferencia, sino también para reconocer que más allá de los credos, las tendencias sexuales o el origen étnico, los seres humanos tienen una condición y dignidad similar y única. Por ello, la etapa de aprobación y conciliación del texto definitivo de la norma, debe concebirse como un escenario idóneo para enriquecer el debate entre todos los colectivos y comunidades del país. Sólo así, se garantizará una lucha efectiva contra todo asomo de discriminación.
Publicado en La Tarde de Pereira el 6 de septiembre de 2011 en: http://www.latarde.com/opinion/columnistas/47582-contra-la-discriminacion.html
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