Los orígenes filosóficos de la RSE

Investigación: RSE

Santiago Gómez Mejía

Los orígenes filosóficos de la RSE
 

El principio originario de responsabilidad está determinado por el temor y el respeto, por la necesidad imperativa de “preservar la permanente ambigüedad de la libertad del hombre…[de] la integridad de su mundo y de su esencia frente a los abusos de poder” (Jonas, 1995, p.17).

La ética de la responsabilidad que se construyó a partir de ese paradigma originario ha evolucionado a la par con los cambios de las sociedades modernas. Antes, el bien y el mal no eran asuntos de planeación lejana, los efectos de los actos, tanto individuales como colectivos, no eran objeto de análisis de largo plazo, y este no era objeto de discusión ética.

Posteriormente, con el advenimiento de la revolución industrial y la ampliación de las capacidades humanas de modificar su entorno, se hicieron necesarios preceptos éticos que dieran cuenta de una nueva realidad, de una ética más amplia de la responsabilidad que superara visiones antropocéntricas no preocupadas por los efectos de sus acciones sobre entes diferentes al hombre.

Entonces, las nuevas capacidades del accionar humano requirieron nuevas reglas éticas, porque así como “la esfera de la producción [invadió] el espacio de la acción esencial [humana], la moral [tuvo] entonces que invadir la esfera de la producción, de la que anteriormente se mantuvo alejada” (Jonas, 1995, p.37). El debate sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ubicó así en el centro del debate ético contemporáneo.

Por eso hoy se requiere “una [nueva] ética que pueda poner freno a esas capacidades extremas que hoy poseemos y que nos sentimos casi obligados a aumentar y ejercitar” (Jonas, 1995, p.58), una nueva ética que asuma la responsabilidad como “una función del poder y del saber” (Jonas, 1995, p.205) y que reconozca que “el primer deber del comportamiento humano colectivo es el futuro de los hombres” (Jonas, 1995, p.227).

Referencia bibliográfica: Jonas, H. (1995), El principio de la responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica, Herder, Barcelona.

Imágenes tomadas de: http://theologikeal.blogspot.com/ 

Nueva sección: Investigación

Estimad@s lector@s:
A partir de esta semana Kíos Debate incluye dentro de este blog una nueva sección, que acompañará nuestras acostumbradas Columnas de opinión. Reconociendo la necesidad de presentar, de manera sistemática, información académica sobre temas transversales especializados, que impacten la gestión exitosa de estrategias novedosas en lo público y lo privado, propondremos un nuevo formato que recoge aportes al debate de, para empezar, las siguientes líneas investigativas:
1. "Responsabilidad Social Empresarial"
2. "Territorios"
3. "Política Exterior y Defensa Nacional"
Igualmente, allí podrán participar con aportes de cualquier índole, o si lo consideran necesario, proponer y generar conocimiento en nuevas líneas transversales.
Estamos abiertos a sus comentarios y aportes. Esperamos que nos sigan leyendo.
Fundación Kíos.
Twitter: @Fundacioskios
kiosdecolombia@hotmail.com

La parábola del retorno

Columna de opinión

Manuel Calderón Ramírez

La parábola del retorno

Una de las principales apuestas del recientemente posesionado Presidente Santos, está referida a la implementación de una ambiciosa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, a través de la cual se garantizará, entre otras consideraciones, la devolución de casi dos millones de hectáreas a una gran cantidad de campesinos desplazados de sus parcelas. La iniciativa se enmarca dentro del deseo del mandatario por visibilizar a las víctimas del conflicto, garantizando con ello la reparación del daño causado por las acciones de grupos armados ilegales e incluso del propio Estado. En honor a la verdad, es necesario destacar la enorme voluntad política que tiene la iniciativa, así como la firme decisión del Presidente por iniciar cuanto antes la restitución, incluso sin esperar a que el Congreso apruebe la norma correspondiente, lo cual según los expertos en las argucias parlamentarias, podría ocurrir en junio próximo. Así mismo, resulta enormemente satisfactorio, reconocer la intención del Ejecutivo por garantizar un gran consenso nacional sobre el tema, lo cual ha permitido el intercambio permanente de ideas y reflexiones en torno al proceso restitutivo, por parte de distintas voces y orillas ideológicas y políticas.

En efecto, son muchas las asignaturas pendientes que tenemos como sociedad desde nuestro nacimiento como Nación hace ya, doscientos años. Sin embargo, ninguna tan compleja y prioritaria como la solución del problema de la tierra, el cual ha generado luchas y revueltas campesinas y ha sido germen para el nacimiento de movimientos insurgentes y guerrilleros, para no mencionar otras problemáticas igualmente significativas como la pobreza y la pobreza extrema, que en el campo se tornan mucho más preocupantes y dramáticas. No obstante, si bien es cierto que resulta importante reconocer las luces del proceso y la audacia del Presidente por acoger e impulsar el tema, fruto de los acuerdos programáticos que sustentan la llamada “Unidad Nacional”, es clave señalar y mencionar que para que éste sea exitoso deberá ser reforzado con otros temas igualmente importantes, entre los cuales, la presente columna de opinión mencionará tres: garantías para la restitución, promoción de la innovación y la productividad agrícola y sostenibilidad e institucionalidad.  

En primer lugar, es clave que el proceso de devolución de tierras se enmarque en una fuerte estrategia gubernamental para garantizar la seguridad en el retorno. Son muchos los casos que se han desentrañado recientemente, sobre situaciones de violación de derechos humanos hacia líderes y colectivos campesinos, en zonas caracterizadas por la alta concentración de la propiedad rural o por la presencia de grupos armados ilegales y narcotraficantes. Sin lugar a dudas, la posesión de la tierra por parte de los grupos al margen de la ley a partir del despojo y el desplazamiento ha sido una estrategia recurrente en el conflicto armado del país, bien sea por la necesidad de garantizar el control territorial o como medio para “lavar” recursos derivados del tráfico ilegal de estupefacientes. Por tal motivo, la restitución debería incluir diferentes planes y estrategias, a través de las cuales se garantice la seguridad de los campesinos que retornen, asegurando con ello, el goce pleno de sus derechos y garantías ciudadanas.

En segundo lugar, el buen comienzo y recibo que ha tenido la iniciativa gubernamental se debe reforzar a partir del fomento y promoción de la innovación y la productividad rural, a través no sólo de los incentivos estatales a ciertos sectores y productos con potencial estratégico, sino también teniendo en cuenta la participación de la academia y el sector privado. La restitución se debe analizar como un punto de partida para emprender una verdadera revolución agraria, que no sólo se encargue de garantizar la posesión sino también de impulsar al campo como un motor de desarrollo económico. Esta es una oportunidad de oro para rediseñar y repensar programas de subsidios agrícolas, que respondan a la necesidad de compensar deficiencias o promocionar potencialidades y oportunidades rurales e incentivar la innovación, la creatividad y el aprovechamiento de los “saberes tradicionales” de las comunidades campesinas, con el fin de avanzar en nuestra inserción inteligente a los competidos mercados mundiales. Es también, un buen preámbulo para pensar en nuevos esquemas de gestión rural, en los que la academia y el sector privado jueguen un papel preponderante, tal como ocurre en experiencias exitosas presentes en otros países.

En última instancia, la sostenibilidad del proceso restitutivo depende de su institucionalidad. Tal como lo afirmó Juan Manuel Ospina, Director del INCODER, en una reciente entrevista en El Espectador, la perdurabilidad de la restitución como política de Estado, parte de reforzar las entidades encargadas del tema rural en Colombia. El acertado nombramiento de Juan Camilo Restrepo en la cartera correspondiente y su voluntad para fortalecer instancias como el INCODER, garantizando con ello su eficiencia y transparencia, son factores básicos para avanzar hacia la “gobernabilidad” de todo intento estatal por asegurar el retorno al campo, como preludio para el logro del desarrollo humano incluyente y equitativo.

Imagen tomada de: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=442:se-agrava-situacion-de-victimas-de-despojo-de-tierras-en-uraba&catid=37:general&Itemid=150

¿Doble moral estadounidense o algo más?

Columna de opinión

Gnothi Seauton

Proposición 19
¿Doble moral estadounidense o algo más?

En una entrada anterior sobre la polémica Proposición 19 que va a las urnas en California este próximo martes y que busca la legalización de la producción, comercialización y consumo para cualquier uso de la marihuana, se afirmaba que ésta era una oportunidad para Colombia, que manejada de manera inteligente, podría usarse a favor de la satisfacción del interés nacional colombiano en la guerra global contra las drogas. O bien, conseguimos un apoyo cada vez más irrestricto que vaya más allá del apoyo moral, o se hace una transformación dramática de la política pública cambiando su énfasis de problema de seguridad nacional a uno de salubridad pública.
 
Para obtener ese manejo inteligente es menester comprender, dentro de lo que permite este breve espacio, por qué se da este debate precisamente en el estado de California, si esto es un reflejo de la muy condenada doble moral norteamericana o si hay algo más complejo detrás de esta querella electoral que hoy está sobre la mesa.
 
Lo anterior no es cuestión de poca monta. Es esencial para poder articular una sensata estrategia de debate que debe darse a la luz de esta proposición y en otros escenarios nacionales e internacionales.
 
¿Por qué en California? La cultura de las drogas psicotrópicas es usualmente aceptada en ambientes liberales o progresistas. Este estado califica dentro de dicha descripción, no sólo por este aspecto, claramente reflejado en la actual Proposición 19, sino en otros aspectos: allí se encuentra la meca de la industria del entretenimiento y la diversión - Hollywood; la lucha de la comunidad homosexual ha tenido gran sonoridad; desde hace más de dos décadas se vota indiscutiblemente por el partido demócrata para las elecciones presidenciales; el senado estatal ha sido dominado por ese mismo partido; y el actual gobernador, Arnold Schwarzenegger, perteneciente al partido republicano, es de avanzada en temas sociales.
 
Estos son sólo unos poquísimos elementos, pero no cabe duda que sean poderosísimos a la hora de llevarnos a concluir que la sociedad californiana es una que se siente cómoda, por supuesto con vibrantes excepciones, con la agenda liberal y progresista. Esta característica es importante para resolver el segundo cuestionamiento: ¿es esta proposición una muestra más de la odiosa doble moral estadounidense?
 
Gnothi Seauton siempre ha tendido a descartar en las discusiones de temas complejos, conclusiones que describen las motivaciones y los desenlaces de los hechos bajo observación, como unas de carácter conspirativo y atadas a las pasiones. Por lo tanto, considerar que el comportamiento de la sociedad y/o del gobierno norteamericano como una derivación de la existencia de una propensión a poseer una reprochable dualidad moral, resulta ser una respuesta insatisfactoria.
 
Los Estados Unidos están conformados por 50 estados. Cada uno cuenta con características geográficas, antecedentes históricos y perfiles demográficos distintos, que han moldeado de una forma impar la identidad, las necesidades y los intereses de cada uno de ellos. Sumado a esta diversidad, el diseño político concebido en la Constitución de 1787 premia la estabilidad institucional al entregar en la cámara alta del Congreso de la Unión, dos espacios a todos y cada uno de los estados, sin importar su extensión territorial o su dimensión poblacional.
 
Así, dentro de la identidad, las necesidades y los intereses de un estado promedio del medio oeste norteamericano o del profundo sur, típicamente conservadores (fuertemente religiosos y desconfiados de otras culturas y maneras), no es plausible la legalización de sustancias como la marihuana. Conseguir las mayorías necesarias para pasar este tipo de iniciativas resulta una tarea quimérica.
 
Se concluye, entonces, que las posiciones divergentes entre una parte de la sociedad californiana y el gobierno federal, en donde se encuentra enmarcado el Congreso con su Senado, no surge de una conspiración artera e hipócrita, sino que está enmarcada en la existencia de múltiples actores con múltiples intereses por satisfacer y proteger.
 
Provocar cambios en estos temas en los Estados Unidos es una tarea costosa y tortuosa. Si estamos al tanto de esto, podemos plantear la búsqueda del interés colombiano inteligentemente. Entenderemos que buscar como enemigo a la “doble moral” estadounidense, es un ejercicio fútil y necio. Se debe aprovechar el escenario de la Proposición 19, no para apalear a la sociedad y al gobierno norteamericano, sino para provocar una discusión de alto nivel intelectual, que no sea anecdótica, sino que busque la modificación del accionar norteamericano a favor de Colombia.

Imagen tomada de: http://www.bradblog.com/?p=5182

Proposición 19

Columna de opinión

Gnothi Seauton

Proposición 19

Una oportunidad de oro para Colombia

El próximo martes 2 de noviembre, irá a las urnas en el Estado de California la Proposición 19 que busca legalizar la producción, el tráfico y consumo de la marihuana, en dicho Estado.

El presidente Juan Manuel Santos ha salido a los medios a decir que de ser aprobada esta medida por parte de los votantes californianos, la guerra contra las drogas que ha librado Colombia durante más de tres décadas, impulsada (¿empujada?) y acompañada por los Estados Unidos, deberá ser seriamente replanteada en todo el mundo. Santos afirma que él no tendría cara frente a un campesino colombiano para mandarlo a la cárcel por sembrar marihuana, mientras que en California alguien pueda ejercer esa actividad, sin el más mínimo reparo por parte de las autoridades.

Aunque las encuestas indican un empate técnico y las autoridades federales norteamericanas han presentado un bloque unificado sin espacio a interpretaciones distintas a su total oposición a la Proposición 19, diciendo que si es aprobada en las urnas, se presentará, entre otras, una norma federal que prohiba dicho comportamiento, se considera desde esta tribuna de opinión, que lo más conveniente para el Estado colombiano, para el gobierno de Juan Manuel Santos y su política exterior, es que dicha medida obtenga la victoria electoral.

La guerra contra las drogas debe ser una política que sufra una fuerte transformación. La filosofía que ha impulsado a dicha política es una que no es liberal, y es trasgresora de los fueros más básicos y elementales de la persona humana. Además, como si fuera poco, esta política ha probado ser ineficiente en términos económicos y de gestión pública. Ha provocado corrupción en las sociedades y en los gobiernos que deben tratar con este flagelo. Ha causado incontables muertes y en el caso particular, aunque no exclusivo de Colombia, ha servido como combustible esencial para el adelantamiento de una conflagración, que no puede ser ganada por la institucionalidad ni por la sociedad.

Este escenario que entrega la Proposición 19 debe ser usado de manera inteligente por el gobierno nacional, para mostrar al mundo y, en particular, a los estadounidenses, acerca de lo irracional y poco pragmática que ha sido esta guerra. Debe exponerse el caso de tal forma que se pongan en evidencia las graves contradicciones e ineficiencias que esta política lleva desde su interior. Y de esta manera, deben obtenerse serios y concretos réditos favorables al interés nacional colombiano.

O bien, los norteamericanos continuarán con un dedicado esfuerzo como ha sido la iniciativa Plan Colombia, de la cual se desprende la financiación de armamentos, el combustible, las comunicaciones, los transportes y la inteligencia, dejando a un lado el discurso que, al parecer, cada vez toma más fuerza en Washington, y es que "ese esfuerzo lo van a tener que tomar los colombianos porque esta ayuda no es para siempre", o por otro lado, se comienza a trabajar en una nueva política que enfoque el tema de las drogas bajo el prisma de la salubridad pública y no, como uno de seguridad nacional.

La Proposición 19 es, pues, el escenario perfecto para acelerar esta discusión y para proteger los intereses colombianos. Hagamos fuerza para que pase, porque aunque Washington, seguramente, logrará derribarla con normatividad federal en un tiempo relativamente corto, entre más tenga vida esa iniciativa, más se podrá circular el tema en las sociedades del globo y en los estados que las representan. Y esto, bien manejado, será bueno para Colombia. Una carta más de negociación.

Imagen tomada de: http://www.zazzle.com/prop+19+tshirts

La corrupción como problema público

Columna de opinión

Manuel Calderón Ramírez

La corrupción como problema público

La necesidad de un nuevo enfoque

La rueda de prensa recientemente convocada por el Alcalde Mayor para explicarle a la opinión pública su versión respecto a la existencia de un “cartel de contratación” en los grandes procesos licitatorios de la administración distrital y la presencia de altos niveles de corrupción en los ejercicios de adjudicación de contratos públicos, deja al descubierto tres grandes cuestiones sobre la corrupción como problema público, respecto de las cuales es posible construir algunas reflexiones.

En primera instancia, la preponderancia del enfoque legalista en el abordaje de la corrupción, el cual se expresa, entre otras consideraciones, en la ratificación de la importancia de los controles internos y externos al ejercicio de gobierno, representados en comisiones de investigación, auditorías, supervisiones e interventorías, entre muchas otras figuras. Esta visión “preventiva” no ha arrojado los resultados esperados ni en materia de reducción de los niveles de corrupción o “captura del Estado” en términos más académicos, ni en lo que corresponde a la transformación de las percepciones de la ciudadanía respecto a los políticos, los funcionarios públicos y el sistema en sí. Por el contrario, parecería que la consolidación de sistemas burocráticos excesivamente controladores, restrictivos e ineficientes, contribuyera a la consolidación de organizaciones ilegales o mercados paralelos, que se encargan de eliminar los costos de transacción existentes apelando a prácticas corruptas.

En esta perspectiva, cobra sentido la expresión popular de “hecha la ley, hecha la trampa”, que apela, en última instancia a la capacidad de adaptación permanente de los “carteles” frente a las nuevas talenqueras diseñadas por la administración, para garantizar mayor transparencia. Así mismo, a pesar de las leyes de “moralidad pública”, la creación de Sistemas de Integridad o a los grandes esfuerzos del gobierno por hacer más transparente la gestión, existe un imaginario social preponderante respecto a sus instituciones y representantes, que los califica como corruptas per se, independientemente de su filiación, ideología o resultados. De hecho, una encuesta reciente sobre instituciones y percepción de la corrupción, indicó que una gran proporción de los encuestados consideraba que el mejor medio de creación de riqueza y movilidad social era la política.

De manera complementaria a lo anterior, el segundo punto pone en evidencia la necesidad de repensar los mecanismos que hoy tenemos para contratar con el Estado, con el fin de lograr no sólo transparencia y probidad en la ejecución de los recursos públicos, sino también, mayor eficacia, celeridad y economía. La existencia de un bloque de contratistas expertos en ganar licitaciones pero no en ejecutarlas, es un hecho irrefutable que permite concluir que el sistema es ineficiente y que hoy le da más peso a lo procedimental que al logro de los resultados y objetivos propuestos. En efecto, es clave revisar con lupa el sistema de contratación actual (Leyes 80 y 1150 y decretos reglamentarios) con el fin de reforzar los mecanismos y herramientas realmente valiosas y desechar aquellos trámites que lejos de demostrar capacidad técnica y financiera, son fácilmente manipulables.

El tercer tema, está referido a la ausencia de un abordaje sistémico e integral sobre lo que representa la corrupción, sus causas e impactos sobre el desarrollo económico. Con la excepción de algunas publicaciones y posiciones bastante lúcidas de analistas y académicos, no hemos dado un debate amplio sobre los determinantes de la corrupción en nuestro sistema político, ni sobre las acciones que debería emprender el Estado para reducirla o cuando menos controlarla más allá de lo legal o procedimental. Este fenómeno siempre se ha analizado desde un punto de vista marginal, en el que se ve solamente como una práctica que se presenta en la esfera pública y en la que el culpable siempre será el funcionario. Así mismo, no hemos acompañado la reflexión con un proceso de construcción de consenso y acuerdo social en torno a la importancia de la ética pública, como un conjunto de actitudes frente a lo que representa el servicio público. No se trata de quedarnos solamente en lo cultural, sino de abordar la corrupción con todas sus aristas y dimensiones, tratando de ver no sólo las manifestaciones del problema sino el problema en sí.

Por supuesto, con estos elementos no se pretende hacer referencia a un determinismo legal o estructural que explique el por qué se da la corrupción, ni mucho menos defender la tesis de que existe corrupción por la existencia de una Ley de Contratación con múltiples zonas grises o vacíos, fácilmente apropiables por redes o carteles.  De lo que se trata es de aportar insumos para el debate, destacando que la corrupción es un fenómeno complejo que tiene múltiples aristas y dimensiones, las cuales es preciso reconocer e identificar para encontrar soluciones comprehensivas y construir nuevos marcos de relación entre el Estado, la sociedad civil y el mercado, revitalizando lo público. 

Imagen tomada de: http://bitacoradeunnicaraguense.blogspot.com/2010/07/54-casos-de-corrupcion-mas-emblematicos.html

La corrupción hizo metástasis

Columna de opinión
Meden Agan

La corrupción hizo metástasis

Para responder al inteligente y agudo ejercicio mayéutico planteado por “La corrupción: ¿verdadero cáncer?”, entrada anterior en este blog, que sugiero leer más abajo y antes de adentrarse en este texto, me permito hacer unos aportes a la reflexión políticamente incorrecta enunciada allí.

En primer lugar, estoy convencido que ciertas actitudes fuertemente arraigadas entre los colombianos, heredadas de un proceso de construcción nacional deficiente, y valoradas de manera equivocada como positivas, como por ejemplo la llamada malicia indígena y la viveza, rasgos distintivos de la colombianidad, reproducen comportamientos que agravan y potencian, en primera instancia y como mínimo, el conflicto armado que vive nuestro país desde hace más de medio siglo.

El principal problema de los colombianos y uno de nuestros rasgos culturales predominantes, aunque no exclusivos o distintivos, es que justificamos la transgresión de normas mayoritariamente aceptadas para garantizar la convivencia. Justificamos a quien se salta la cola del cine. Justificamos – y así premiamos- al que se salta la entrada en Transmilenio, al que no paga impuestos o al que se pasa un semáforo en rojo. Somos un país en el que el vivo vive del bobo, un país de gente echada pa´lante y recursiva, aunque esas actitudes deriven en el incumplimiento de normas.

Y eso no es todo: absolutamente todos los transgresores de normas (la del "pague lo que compre", la de "cancele oportunamente sus impuestos", la de "no se robe el dinero de los contribuyentes" o la de "no mate"), autojustifican sus actos para mantener de alguna manera, eso sí generalmente creativa, su tranquilidad mental. Castaño justificó siempre las matanzas de los paramilitares diciendo que si el Estado no podía defender a los colombianos, los colombianos teníamos que defendernos de la guerrilla. "Tirofijo" y compañía, justificaron siempre su accionar como consecuencia de la incapacidad estatal de incluir económica y políticamente a millones de compatriotas. Y creo que quien transgrede cualquier norma mayoritariamente compartida y justifica dicha transgresión, es más propenso a transgredir más adelante otra.

Las normas de convivencia mayoritariamente aceptadas deben cumplirse a rajatabla. Y son de este tipo aquellas reglas incluidas en la Constitución y en sus desarrollos jurídicos, aquellas tipificadas en los códigos, y todas aquellas normas de convivencia no escritas, cuya validez la dan la costumbre y el sentido común. Y el tema de que sean mayoritariamente aceptadas es importante, pues no debemos respetar sólo las normas que personalmente creemos válidas. Debemos respetar todas las que la mayoría de la gente cree sensatas, todas aquellas que son resultado del debate legislativo entre quienes hemos elegido, para mal o para bien, con el objetivo de representar nuestros intereses. El lío es que hay que elegir bien, pero eso ya es otro tema que merece un debate profundo que seguramente la Fundación Kíos promoverá en su momento.

Creo que en la medida en que recuperemos el sentido de respeto por la norma –y no sólo por la ley-, dejemos de justificar cada vez que incumplamos alguna, o si es posible en la medida en que no lo hagamos, sin importar lo inofensivas que puedan parecer los efectos de dicha transgresión, este país sería mejor y le enseñaríamos a las generaciones futuras que el respeto incondicional por esas normas es lo que verdaderamente construye paz, que no son únicamente marchas o palomitas blancas. La paz necesita de actitudes cotidianas de respeto por las normas mayoritariamente aceptadas.

En segundo lugar, en este país de creativos, echados pa´lante, recursivos y buenos negociantes, mediatizamos –o vickidavilizamos como dije en entradas anteriores- también la corrupción. El morbo vende, y en un par de políticos del mismo partido político acusándose mutuamente de corruptos, hay mucho de eso. Pero no debemos dejarnos arrastrar estoicamente por el debate planteado de esa manera superficial por los medios de comunicación. Si lo hacemos, evitamos deliberadamente la discusión sobre las causas estructurales de las conductas corruptas y la búsqueda de posibles soluciones realmente efectivas.

Por otra parte, China, Francia, Alemania y Nueva York serían aún más prósperas y menos desiguales sin corrupción. Colombia también lo sería, permítanme la comparación, que en este caso no creo odiosa. Esta conducta, cuando está enquistada en el imaginario colectivo o peor aún, cuando se constituye en un referente identitario soterrado de un colectivo social, tiene otro efecto altamente perverso: no permite la distribución equitativa de los beneficios obtenidos por el desarrollo económico, sean estos pocos o muchos.

Pero también la corrupción estimula el conflicto social y promueve la política superflua, la que se desvanece en debates mediáticos sobre responsabilidades y compromisos que implican el desembolso de dineros públicos. La proximidad de las elecciones aviva un debate que debería ser permanente, y las “Cosas Políticas”, como mencioné antes, lo utilizan para aumentar el rating, evitando espacios de reflexión seria.

Y por último, “un pésimo diseño institucional en lo que refiere a las leyes y normas de contratación estatal” claramente promueve la corrupción. Luchar contra ella, implica también tener respuestas institucionales para combatirla, pero sin que estas se conviertan en normas reproductoras de más corrupción.

El debate sigue abierto y todos deberíamos opinar y actuar. Recuerden que pueden enviar sus comentarios directamente al blog, o sus aportes para ser publicados a kiosdecolombia@hotmail.com.

Imagen tomada de: http://www.geodelphos.com/2010/01/16/drama-en-haiti-refleja-una-triste-realidad-de-toda-latinoamerica/

La corrupción: ¿verdadero cáncer?

Columna de opinión
Gnothi Seauton


La corrupción
¿Verdadero cáncer?

Con motivo de la presentación del informe sobre la contratación pública en el Distrito Capital por parte de los prestigiosos miembros del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro y Carlos Vicente de Roux, se ha agitado nuevamente el tema de la corrupción como una de las razones más fuertes que explican el atraso que sufre Colombia en los campos económico, social y político.

Sin duda alguna, las encuestas de opinión, elaboradas de manera científica o no, muestran constantemente una gran preocupación por este cáncer que carcome al país. Los formadores de opinión cada vez más se convierten en defensores del interés de la sociedad por proteger los recursos del erario público que pertenecen a todos los colombianos.

Sin embargo, la cordura y la razón no hacen parte de esta discusión. Es más bien una batalla entre corruptos e impolutos. Entre avispados putrefactos y ungidos serafines. Malos y buenos. El maniqueísmo a ultranza.

Así, no hay espacio para estudiar y elevar preguntas serias sobre este fenómeno complejo, interesante y ubicuo. Nos detenemos, exclusivamente, para buscar los detalles morbosos alrededor de estos casos (las grabaciones, los apodos, los montos, las fotos, las ruedas de prensas, los intercambios de acusaciones radiales) y no llegamos a preguntarnos las razones por las cuáles se presentan estos sucesos.

¿Es una “simple” pugna política de cara a las elecciones locales de octubre de 2011? ¿Se explica por un pésimo diseño institucional en lo que refiere a las leyes y normas de contratación estatal? O, ¿es un tema exclusivo de la “colombianidad”?

Y más significativo (como casi siempre lo urgente matando lo importante), cabría preguntarse seriamente si de verdad ese denominado cáncer es el responsable que explica el atraso económico, social y político que vive el país.

China, con un Estado fuerte y con gran éxito económico y social, cuenta con considerables tasas de corrupción. India, con un Estado débil y con gran éxito económico y social, cuenta con considerables tasas de corrupción. Las multinacionales europeas, provenientes de Estados fuertes como Francia y Alemania, hasta hace poco tiempo no más, empezaron a comportarse bajo duros catequismos anticorrupción. Y una ciudad como Nueva York, durante buena parte de los siglos XIX y XX, vio regidos sus destinos por una de las maquinarias de corrupción más refinadas y perdurables de la historia, el Tammany Hall.

Cabe entonces la pregunta, y la reflexión, políticamente incorrectas: ¿qué tan desastrosa es realmente la corrupción?

Imagen tomada de: http://gestionpublicaperu.com/noticias/?p=2359

La última tregua

Columna de opinión
Meden Agan

La última tregua
Aprendizajes del proceso de paz vasco

La banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) anunció el pasado 5 de septiembre un nuevo alto al fuego al afirmar que “hace algunos meses tomó la decisión de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas”, intención que ratificó, al menos en el papel, al acoger públicamente las observaciones hechas en la Declaración de Bruselas, firmada por varios premios Nobel de paz y líderes tan reconocidos como Mary Robinson, ex presidenta irlandesa, en donde se les pedía un alto al fuego “permanente y verificable”, aunque hasta hoy la banda terrorista con reivindicaciones independentistas no haya asociado ninguno de estos dos adjetivos a sus anuncios mediáticos.

Las reacciones no se hicieron esperar. El gobierno español, en cabeza de Rodríguez Zapatero y su ministro del interior, Pérez Rubalcaba, afirmó rotundamente que “ETA para, porque no puede más, que ETA para, con el fin de reconstituirse” y dejó entrever que este es un anuncio insuficiente ya que el modelo de treguas no vale porque la banda terrorista se ha encargado sistemáticamente de deslegitimarlo, a partir de las sucesivas rupturas a los alto al fuego anteriores.

Pero el gobierno no fue el único actor que recibió con escepticismo los anuncios sucesivos del 5 y el 18 del mes pasado. El Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de manera directa y, como pocas veces, unánime, se apresuraron a rechazar públicamente y a dudar abiertamente de la decisión anunciada por los etarras. Incluso, partidos como Eusko Alkartasuna (EA), Aralar, Alternatiba y Abertzaleen Batasuna (AB) (la izquierda independentista del país vasco francés) adhirieron a la euforia provocada por el anuncio, exigiendo públicamente el cese al fuego, mientras el Ejecutivo vasco se refería a la estrategia etarra como “insuficiente, ambigua y fraudulenta”.

Desde 1959, la banda terrorista ha acudido al anuncio de tregua, parcial o permanente, ocho veces. Y ocho veces la ha incumplido de manera unilateral. Luego de 829 muertos y 84 secuestros, ETA parece generar un rechazo social cada vez mayor, tener una capacidad militar, quizás por primera vez en la historia, bastante reducida, y unos apoyos políticos que desesperadamente intentan tener alguna representación autonómica en las próximas elecciones municipales navarras y vascas de 2011.

Por eso los españoles parecen no dar crédito a los anuncios de los encapuchados, a través del comunicado emitido por la BBC. Son víctimas de un pasado lleno de mentiras e incumplimientos, el más reciente de ellos materializado con el rompimiento de la última tregua luego de 437 días, el 30 de diciembre de 2006, en los que mantuvieron la extorsión y la compra de importantes cantidades de armas.

Para Colombia, un país signado por la violencia durante la gran parte de su vida republicana, muchos son los aprendizajes que el proceso político derivado del conflicto nacionalista vasco y de las reacciones estatales para combatir la violencia generada por él, puede proveer. Y eso, sin tomar en consideración los sospechados vínculos entre ETA y las FARC, aparentemente mediados por algunos sectores del establecimiento venezolano.

En primer lugar, el rechazo de la sociedad a las prácticas terroristas debe manifestarse abiertamente. Los españoles dieron ejemplo y los colombianos lo entendimos, aunque un poco tarde. Rechazar públicamente, así sea a través de marchas multitudinarias y no, como sería de esperarse, a través de la modificación significativa “permanente y verificable”, tal como se le exige hoy a ETA, pero de los comportamientos cotidianos reproductores de conductas violentas en la mayoría de los ciudadanos, es fundamental por dos razones. Inicialmente, porque legitima la acción decidida del Estado para perseguir a los autores de los atentados terroristas y le da a las autoridades  mayor margen de maniobra para hacerlo exitosamente. En segundo lugar, porque se desactiva y deslegitima socialmente, al menos de labios para afuera, la justificación sociológica de la violencia política. El día que reafirmemos con acciones cotidianas nuestro rechazo a dichos fenómenos, este país será ahí sí, uno de los más felices del mundo. Pero vamos paso a paso.

En segundo lugar, es impensable desarticular la amenaza representada por las FARC sin la ayuda internacional y la cooperación multilateral, sin la garantía de acciones militares conjuntas en la zona de frontera con Venezuela y Ecuador. Francia atendió el llamado español cuando entendió que la amenaza terrorista potencialmente desestabilizadora de los etarras era un problema de ambos lados del nudo pirenaico. Ahí se empezó a quebrar el poderío militar de la banda. Menos escondites, menos aliados. Chávez y Correa, o quienes sean que ocupen sus cargos en el futuro, deben entender que en un mundo cada vez más interconectado, con fronteras cada vez menos controlables militarmente, y con amenazas cada vez más globales, la responsabilidad es, cada vez más, compartida, independientemente de en qué territorio se origine la amenaza. No más bolivarización del conflicto armado en Colombia.

En tercer lugar, es más probable desmontar la amenaza que representan los grupos guerrilleros en Colombia, si los partidos políticos reconocidos actúan de manera unificada y unánime, no sólo en el comunicado de prensa, sino en el Congreso, la Cámara de Representantes, y los espacios de institucionalidad regional y local. Si hay algo en lo que necesitamos unidad nacional, así en minúscula por ahora, es en que todos los partidos, y todos los políticos, asuman en la práctica y no en el discurso proselitista, un rechazo al accionar terrorista. Tampoco teodoricemos el conflicto.

Y por último, los medios de comunicación deben actuar con cautela pero sin ingenuidad. Deben promover la unión de las respuestas demócratas al conflicto y no magnificar otras posiciones. Deben ser el megáfono que nos permita conocer qué sucede en este país, pero no deben generar espacios para la transliteración del conflicto. Responsabilidad en las palabras, cautela en las imágenes. Mucha inteligencia. Reconocimiento de que no hay verdades únicas y absolutas. Y prudencia, mucha prudencia. Menos vickydavilización, por favor.

La tarea no parece fácil y con seguridad costará mucho. Pero dejarnos de mirar el ombligo puede dar pistas que faciliten el complicado trasegar hacia un país menos violento.

Imagen tomada de: http://www.elpais.com/articulo/reportajes/fue/dialogo/ETA/elpepusocdmg/20070610elpdmgrep_1/Tes

El fin de la era Lula

Columna de opinión

Gnothi Seauton

El fin de la era Lula

¿Comienzo de una nueva era latinoamericana?

Las elecciones presidenciales brasileras llevadas a cabo el pasado domingo 3 de octubre y que tendrán su epílogo con la segunda vuelta el próximo 31, cuando se enfrenten los dos candidatos punteros, Dilma Rousseff y José Serra, marca el fin oficial de una importantísima era en la historia del Brasil. Pero tal vez, y más importante, podrán significar el comienzo de una nueva, para toda Latinoamérica.

José Inacio Lula da Silva tiene serias probabilidades de pasar a la historia como uno de los líderes transformadores más importantes en el contexto latinoamericano, por no decir mundial. Y acá no hago referencia a su casi estrambótica popularidad, que se mueve en niveles superiores al 70 o 75%, ni a su amplio programa de subsidios condicionados, denominado Bolsa Familia.

La talla de estadista de Lula está dada por la novedosa, para nuestra región, aproximación al manejo de las relaciones internacionales de su país. Aunque el trabajador metalúrgico del noreste brasilero fue un líder obrero con un pensamiento radical hacia la lucha por los derechos civiles y el restablecimiento de la democracia en su país, como mandatario nos hemos encontrado con un Lula pragmático a morir.

Ese pragmatismo ha sido fuente de durísimas críticas, no sólo de parte de algunos de sus antiguos camaradas y compañeros de luchas civiles, sino del mismísimo establecimiento académico, económico y político internacional. Tenemos el caso puntual del ex canciller mexicano, Jorge Castañeda, quien ha sido punzante al criticar los tratos impulsados por la administración Lula con países como Irán, Cuba, Venezuela y Turquía, en distintas materias (que incluyen incluso el enriquecimiento de materiales sensibles para la producción de energía atómica), que ve dichas relaciones como una solidaridad inmoral de Tercer Mundo y un claro alejamiento de los principios democráticos y libertarios e, incluso, hasta violatorios de las leyes y acuerdos internacionales existentes.

Lo que personalidades como el señor Castañeda ignoran, o evitan mencionar, es que la política de Lula busca, antes que cumplir máximas universales liberales y democráticas, satisfacer los intereses nacionales del Brasil, que resulta ser la república para la cual él fue elegido presidente.

Quizás alguien podría afirmar que la anterior afirmación es una perogrullada de dimensiones hercúleas. Tal vez eso sea cierto, pero la verdad sea dicha, una de las razones que explican el retraso económico y social de nuestra región y su irrelevancia geopolítica, consiste en que sus dirigentes han adoptado, casi sin chistar, los roles y reglas de juego asignados por las grandes potencias.

Lo anterior no debe llevar al lector a pensar que éste articulista es partidario de teorías como la de la dependencia que reza, de manera vehemente e histriónica, que los imperios extranjeros y sus multinacionales se han robado nuestros preciosos recursos naturales y dejado nada más que miseria y desolación en estas tierras.

Lo que debe comprenderse es que Lula, sin haber dejado a un lado el discurso de defensa y lucha por los Derechos Humanos y la democracia, e ideas como la unidad latinoamericana, ha fortalecido el aparato militar brasilero por medio de la adquisición y repotenciación de equipos, la firma de convenios con Francia para adquirir y desarrollar tecnología nuclear militar en submarinos y portaviones, y el envío de misiones militares alrededor del globo bajo el tutelaje de las Naciones Unidas.

Adicional a lo anterior, Lula nunca adoptó durante su mandato políticas económicas heterodoxas. Siempre estuvo atento por no atemorizar a la inversión extranjera y al empresariado brasilero, e impulsó una profunda revolución productiva agraria centrada en el cerrado, así como en el impulso y la protección a las actividades mineras, industriales, e incluso, a aquellas fundamentadas en la investigación y el desarrollo.

Todos estos aspectos, militares y económicos, fueron construidos buscando satisfacer en la mayor medida posible los intereses brasileros, que no son otros distintos, en definitiva, a convertir a esta gran nación en una potencia, no sólo regional, sino global. Y para ello es necesario, no en las más de las veces, sino en todas, reducir los niveles de irreprochabilidad frente a temas universales y algo intangibles, como lo son los derechos universales del hombre y la democracia alrededor del planeta.

Juan Domingo Perón en las décadas de 1940 y 1950, cuando ocupó por primera vez la primera magistratura argentina, se encargó de desperdiciar la gran oportunidad con que contaba su país para convertirse en una nación industrializada y del Primer Mundo, con las políticas de su movimiento político, el Justicialismo. Este fue el primero de muchos “ismos” que vendrían a plagar el espectro político latinoamericano con una pléyade de promesas populistas e irreales que dejaron resultados desastrosos para las economías y sociedades latinoamericanas.

Hoy América Latina está de moda. Presenta un crecimiento económico dinámico, una clase media creciente y unas instituciones políticas aceptablemente preparadas para atender las demandas de sus sociedades. Lula da Silva ha dado la pauta. El discurso puede ser universalista, pero las políticas de Estado deben tener como meta la defensa y consecución del interés nacional. Ojalá que la dirigencia latinoamericana de principios del siglo XXI imite a Lula, de manera esmerada y continua, tal como numerosos líderes de la región hicieron tristemente lo propio con el nefasto Perón de mediados del siglo XX.

Imagen tomada de: http://www.todanoticia.com/6496/lula-da-silva-no-planea/